Nueva PAC: Andalucía otra vez amenazada

En Andalucía, unos 250.000 agricultores que perciben las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) viven en vilo un año sí y otro también, porque con cada reforma se cambian las reglas de juego y con carácter previo a cada reforma continuamente reciben noticias de que van a perder fondos y se les va a exigir más en aspectos como el Medio Ambiente.

No es extraño, pues, que de nuevo suenen campanas de que Andalucía va a salir muy perjudicada. Y esta vez no solo vienen de Europa, sino también del Gobierno central, cuyo ministerio de Agricultura está dirigido por el ex consejero del ramo de la Junta Luis Planas.

Por un lado, la Comisión Europea ha reducido un 10% los fondos, lo que supone que Andalucía recibirá 1.280 millones menos en el periodo de la nueva PAC 2021-2026 (aunque empezará en 2023, en realidad), 183 millones menos por año, según los cálculos de Asaja-Sevilla, que admite que esto quedaría algo atenuado con los fondos Covid para la agricultura (unos 750 millones de euros para España).

Ahora, cada año, la región percibe 1.500 millones en ayudas directas a los productores y 300 en desarrollo rural en números redondos.

Pero, por otro, el Gobierno, Planas, está lanzando mensajes de ruptura del actual modelo que pueden suponer una fuerte estocada para Andalucía y sus agricultores. Ahora mismo, España se reparte en 50 regiones productivas (que no tienen por qué coincidir con un territorio) en las que se produce una suave convergencia interna entre los que tiene más derechos históricos adquiridos (por una determinada producción en un periodo dado) y los que tienen menos.

En julio, en medio de una conferencia sectorial con las organizaciones agrarias, Planas planteó la eliminación de derechos históricos en el pago básico y una drástica reducción de regiones en la nueva PAC (se habla de cinco o de ocho). Eso supone que, en buena parte, regiones con más ayudas se fusionarían con las que tienen menos. Y los agricultores que reciben una renta más alta (por los costes más altos que implica una mayor capacidad productiva) tendrían que converger más rápidamente con los de menos ayudas, al ser el escalón entre ambos mucho mayor. En Andalucía, la ayuda por hectárea está muy por encima de la media, y esa propuesta del ministro significaría, irremisiblemente, trasvase de fondos a agricultores de otras autonomías.

"El ministro dice que se va a hacer una revolución porque Bruselas lo pide -dice Antonio Caro, coordinador de los servicios técnicos de Asaja-Sevilla y uno de los negociadores de la asociación a nivel nacional-, pero en su articulado la propuesta de la Comisión permite que dentro de la discusión nacional se pueda mantener el modelo actual. Precisamente Europa dice lo contrario que Planas". Caro no comparte, además, el argumento de que el modelo actual es demasiado complejo: "De complejo no tiene nada, lo complicado es implantarlo pero una vez que está va como la seda".

Y justifica el alto número de regiones en la diversidad productiva del país, mucho mayor que prácticamente todos los países de la UE. "Se está tratando igual a los iguales y da igual que sean de Navarra, Galicia o cualquier otro sitio porque una región engloba a distintas comarcas que tienen una capacidad productiva similar".

El decreto de transición, el primer gran riesgo

Pero esta intención del Ministerio, si se lleva a efecto, será a medio plazo. A corto plazo, hay otra amenaza mucho más real, porque hay un borrador de real decreto que ha estado hasta hace nada en periodo de alegaciones. Se trata de la normativa de transición de la nueva PAC, nueva PAC que no entrará en vigor hasta 2023 por el retraso de la negociación presupuestaria. Con un nuevo presupuesto, estará en vigor la actual PAC, aunque Planas pretende hacer cambios que alteran su naturaleza, según Asaja.

En esencia, la idea es acelerar la convergencia entre las rentas dentro de una misma región productiva. Eso puede suponer un bajón brusco de ingresos de miles de agricultores, presumiblemente una mayoría de ellos andaluces. En la actual PAC, todos los agricultores deben cobrar, como mínimo, el 60% de la media de cobro en una región productiva. Si esa media es 100 euros por hectárea, al final del periodo 2014-2020 todos deben cobrar como mínimo 60 y eso es sufragado por los que están por encima de la media. Ahora, el Ministerio pretende que, siguiendo con la media de 100, el suelo pase a ser 70 en 2021 (70%) y 80 en 2022 (80%). Además, se elimina el límite de pérdidas del 30%. Siguiendo el ejemplo anterior, si el agricultor se lleva 200 euros por hectárea, en la actual PAC no puede perder más de 60. Con la propuesta del Ministerio no habría límite alguno.

Para Antonio Caro, el decreto "no sigue la senda de convergencia que se estaba aplicando (una convergencia suave) sino que la rompe con unos números que no están justificados". "La limitación de pérdidas no se puede quitar, porque el periodo transitorio es transitorio, no es una reforma. Estamos de acuerdo en que haya convergencia, pero en las mismas condiciones que antes; el decreto provoca una distorsión individual y territorial enorme. Nos estaríamos inventando un nuevo esquema sin justificación técnica", continúa Caro.

Asaja ha propuesto en sus alegaciones continuar la convergencia siguiendo estrictamente el modelo actual. Es decir, limitar las pérdidas al 6% anual en 2021 y 2022 y elevar el importe de las rentas más bajas un 2,5% anual hasta 2026, hasta llegar al 75% que propone Bruselas para ese año.