Estas son las novedades para las oposiciones de la Administración General del Estado

La Administración General del Estado se enfrenta en la actualidad a grandes retos, entre ellos, el envejecimiento de las plantillas (en 10 años se jubilará más del 50% de los efectivos y apenas un 12% tiene menos de 40 años); la falta de efectivos (entre 2010 y 2020 se produjo una pérdida neta de empleados y empleadas públicas de un 22%); el desconocimiento del papel de la Administración como empleadora; el desajuste entre el sistema educativo y los sistemas de acceso a la Administración Pública; y la transformación digital.

Ante ello, Miquel Iceta, ministro de Política Territorial y Función Pública, ha anunciado esta semana que se va a llevar a cabo una reforma de los procesos de selección en las oposiciones, que entrarán en vigor a partir del 2025 y no afectarán a las oposiciones ya en curso ni condicionarán directamente los procesos de selección de perfiles dependientes de las comunidades autónomas, como los maestros o los sanitarios

Los procesos selectivos actuales parecen haberse quedado superados y dan síntomas de agotamiento, si tenemos en cuenta sus dificultades para atraer talento joven y senior que tienen experiencia previa en el sector privado, que pueden aportar valor a la Administración y que responden a los nuevos perfiles profesionales requeridos por los tiempos actuales.

La propuesta presentada por Iceta presenta procesos de selección más cortos en el tiempo y con menos pruebas, menos necesidad de memorización y mayor posibilidad de examinarse sin tener que ir a Madrid son algunas de las novedades que aparecen en este modelo.

Desde la administración se argumenta que el objetivo es contar con un modelo de selección al empleo público "garantista, fundamentado en los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad; flexible y adaptable a la diversidad de funciones desarrolladas; mixto, basado más en los conocimientos y en la evaluación de competencias y menos en conceptos memorísticos; y social, que garantice la diversidad social y territorial en el acceso a la función pública".

¿Cómo serán los exámenes del futuro?

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública inició hace meses un Programa para repensar la selección con el objetivo de crear conocimiento y pensamiento transformador que permitiera orientar la actualización de los procesos selectivos de la Administración General del Estado a las nuevas circunstancias de relevo generacional, la irrupción de la inteligencia artificial y la robotización y las nuevas necesidades de talento que requiere la gestión pública del siglo XXI. Estas son algunas de las claves y cambios previstos en los exámenes del futuro dentro de la Administración General del Estado.

1. Se realizarán menos ejercicios unificando las pruebas que sean compatibles o, en su defecto, acumulando la realización de más de un ejercicio en un mismo día aunque sean eliminatorios.
2. Al menos habrá una prueba que permita valorar las competencias de las personas aspirantes.
3. El primer ejercicio en toda oposición será un examen de corrección automatizada sobre conocimientos y habilidades para reducir el proceso.
4. Supresión de los exámenes orales que supongan una mera acreditación memorística de conocimientos.
5. Apuesta por los cuestionarios de respuestas alternativas y en la resolución de casos prácticos y de análisis con diálogo con el tribunal.
6. Refuerzo de las pruebas de carácter práctico, que permitan recrear situaciones para predecir el comportamiento de las personas aspirantes en su futuro desempeño profesional.
7. Sustitución del ejercicio de idiomas por el requisito de la certificación del nivel correspondiente.
8. Cambiar los procesos selectivos por el sistema de promoción interna realizando un curso selectivo.
9. Revisión permanente de los programas y temarios.

El Plan será elevado a la Comisión Superior de Personal antes del 31 de diciembre de 2021, de manera que se garantice su plena efectividad en la ejecución de la Oferta de Empleo Público de 2025. Este documento será presentado en el plazo máximo de un mes a la Comisión Superior de Personal y a la Comisión de Coordinación de Empleo Público constituido por las diferentes administraciones públicas del estado (administración del estado, autonómica y local) para iniciar los trabajos conjuntos.