Los estados se niegan a tener más poder en la política de transgénicos, como pide Bruselas

Los ministros europeos de Medio Ambiente se opusieron ayer a la propuesta de la Comisión Europea de dejar a los gobiernos nacionales la decisión de permitir o vetar el cultivo de transgénicos y pidieron a Bruselas seguir trabajando para mejorar la medida.

España, Francia, Alemania e Italia fueron los países que más claramente se pronunciaron en contra de la idea del Ejecutivo comunitario de reforzar el poder de decisión de los estados miembros. "El procedimiento actual de autorización de OGM (organismos genéticamente modificados) es lento y poco efectivo", comentó la ministra española de Medio Ambiente, Elena Espinosa, en el debate público que celebraron sobre la cuestión los titulares europeos en Luxemburgo. "La propuesta de la CE sigue sin ser una garantía de que los procesos se vayan a agilizar", continuó Espinosa, quien también señaló que sólo ofrece soluciones a posteriori, una vez que la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria (AESA) ya haya autorizado el producto.

Según la sugerencia de la Comisión, la AESA determinará primero si el cultivo entraña riesgos para la salud o el medio ambiente y a continuación los países podrán decidir libremente vetar la plantación del transgénico por motivos distintos que aún no han sido precisados.

Espinosa entiende que este planteamiento implica una contradicción, porque en la práctica se traduciría en la oposición de un país a un OGM que ya ha sido autorizado a escala comunitaria. Eso plantearía un conflicto directo con AESA y con las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Francia está de acuerdo con esta postura y considera que la propuesta debilita el sistema.