Minera Los Frailes defiende que el vertido al Guadalquivir desde Aznalcóllar será de "agua casi potable"

En un encuentro con periodistas de más de una hora, Minera Los Frailes, la empresa que aspira a reabrir en breve la mina de Aznalcóllar, ha salido al paso de las críticas ciudadanas de organizaciones ecologistas y las reticencias de una parte de la comunidad científica sobre el vertido de los residuos acumulados en las dos cortas -Los Frailes y Aznalcóllar- procedentes de la antigua explotación, y el que se producirá por la propia operativa de la extracción.

Defienden, en primer lugar, que esta medida -la del vertido- es imprescindible, porque de no hacerse tarde o temprano las cortas donde se acumulan estos residuos mezclados con agua de lluvia no podrían aguantar más. "Es una suerte que no haya llovido en estos últimos cinco años", afirma Enrique Olivas, el especialista en hidrogeología de la empresa, quien asegura que la corta que está más llena, la de Aznalcóllar, llegará a su máximo en diez años si las lluvias son normales y en cinco si llueve más de lo normal. "Esto es un problema, y es nuestra responsabilidad evitar un derrame de agua tóxica", dice, y añade: "No se está informando de ello, y la solución al problema se plantea como un problema mismo. Eso es una irresponsabilidad social".

La posibilidad de que las cortas rebasen su límite se produce porque en 2014 la Junta de Andalucía decidió dejar de verter agua depurada al río Agrio y encargar esta misión a una empresa privada, en paralelo con una concesión minera. Entre 2001, fecha del cierre de la mina de Bolidén, y esa fecha fue la administración la que se encargó de los vertidos. Desde entonces las cortas han estado llenándose con agua de lluvia.

"Agua de altísima calidad"

Minera Los Frailes -la adjudicataria de la concesión, todavía pendiente de sus últimos pasos- ha proyectado una depuradora de última generación y un tubo de 30 kilómetros para verter el agua directamente en el estuario del río Guadalquivir -en una zona, por tanto, de transición entre río y mar- y no en el Agrio, como se hacía anteriormente, por exigencia de la Administración autonómica. Según Enrique Olivas el agua que se verterá al estuario será "de altísima calidad" y "casi potable". "En seis de los diez parámetros establecidos para el agua potable somos más exigentes", afirma. En el caso del cadmio, uno de los metales que llegarán al río, calcula que lo que se verterá estará "muy lejos" de las 0,2 partes por millón que fija la normativa. "Eso es 25 veces más potente que la calidad establecida para el agua potable en la legislación aprobada en 2023"

Cantidad no significativa

La cantidad que se verterá, defiende frente a las acusaciones de organizaciones ecologistas, no será "significativamente grande". "85.000 millones de litros (en 20 años) nos parece gigante, pero es el 0,15% del volumen total que se vierte al río", dice Olivas. "También parece mucho 26.294 kilos de zinc pero en el periodo previsto (20 años) consumimos 72.000 kilos de zinc en bebidas", añade, para rematar: "Si no se hiciera nada se derramarían 12.278.700 kilos de zinc".

En cualquier caso, y "para dar confianza", Minera Los Frailes invertirá 12 millones de euros en un plan de control con tres puntos a lo largo del río en el que se harán 248 analíticas anuales, 750 en total. Las analíticas serán gestionadas por una empresa acreditada, que reportará directamente a la administración autonómica. Si, como resultado de las analíticas, el vertido alcanza el 75% del límite que marca de la normativa, este se reducirá automáticamente, según Minera Los Frailes.

No hay normativa sobre los sedimentos

La empresa también sale al paso además de los recelos de una parte de la comunidad científica, que critica que el vertido afectaría a la composición de los sedimentos del fondo del río, lo que podría dañar los ecosistemas a medio y largo plazo. "No hay ninguna normativa sobre los sedimentos porque no se han hecho estudios globales científicos, y nosotros nos atenemos al cumplimiento de la normativa", dice Olivas, que no tiene problema en que se haga un estudio por parte de las universidades. En cualquier caso, añade, una empresa especializada hará analíticas cada año, cuando la legislación europea exige que sea cada tres.

También se critica que el tapón salino evitará la disolución de los residuos, haciendo que se estanquen en el río. Pero Olivas sostiene que las partículas que vayan en el vertido se "homogeneizarán" con el entorno, al funcionar la marea como una batidora. "A lo largo de los 95 kilómetros de estuario recorrerán 1.700 kilómetros río arriba y río abajo y el agua vertida se homogeneizará con lo que ya existe". "El tapón salino -añade- no tapa agua, está porque no baja agua suficiente pero cuando el río lleva agua desaparece".

La Autorización Ambiental Unificada, último paso

Minera Los Frailes -propiedad de Grupo México (97,41%)y Magtel (2,69%)- está pendiente de la Autorización Ambiental Unificada (AAU), último paso antes de poder iniciar los trabajos para la explotación minera. En octubre de 2023, obtuvo el Dictamen Ambiental Positivo de la Consejería de Industria, el paso previo. La AAU debe aprobarse ya, en medio de un movimiento social que pide no concederla.

La empresa prevé invertir 400 millones y crear unos 2.000 empleos directos e indirectos durante los 30 años de explotación de la mina, que será subterránea y que prevé extraer 70 millones de toneladas de cobre, plomo, zinc, oro y plata.