Cuatro millones de pérdidas y 600 trenes cancelados por la huelga de Renfe

La huelga de 24 horas convocada por los sindicatos de Renfe, Adif y Feve contra la liberalización del sector ferroviario transcurrió ayer, en plena operación salida por las vacaciones de verano, con el cumplimiento estricto de los servicios mínimos y con normalidad, salvo incidentes aislados. Aun así, el Gobierno informó que de los 1.700 trenes que circulan en España en un día normal 600 dejaron de hacerlo por el paro. Además, cifró las pérdidas por los billetes anulados o que no se vendieron en entre tres y cuatro millones de euros.

Las versiones sobre el seguimiento de la huelga fueron muy diferentes. Mientras Fomento calculó que fue del 20%, los sindicatos, en concreto CCOO, lo cifró en el 90%. En cualquier caso, desde el Gobierno se consideró que el paro fue "inoportuno", dada la situación de gravedad que vive el país. Desde Fomento y desde la propia compañía pública se calificó la huelga como "preventiva". No se entiende por qué las centrales sindicales han impulsado un paro por un real decreto de liberalización que sólo sienta las bases del proceso y que, afirma Fomento, no excluye la negociación. Se trata, además, de una medida que es irreversible, porque así lo exige la UE.

El Gobierno plantea liberalizar el transporte ferroviario de pasajeros en julio de 2013, año y medio antes del límite temporal fijado por Bruselas. También pretende suprimir el Feve (ferrocarril de vía estrecha), segregar Renfe en cuatro sociedades, y dar entrada a capital privado en ellas. Para los sindicatos esta liberalización traslada un patrimonio público al libre mercado. "Un dinero de todos va a pasar a ser gestionado por sociedades mercantiles, lo que significa desmantelar un servicio público". Para Fomento, la competitividad que se introduce en el sistema es el modo de ganar en eficiencia, mejorar los precios y facilitar la libertad de elección de los usuarios. Es, además, la única forma de garantizar la supervivencia de una compañía que en 2011 registró unas pérdidas de 335,7 millones de euros y que acumula una deuda de 20.500 millones. El objetivo es no hacer cargar al erario público con el saldo negativo de la compañía. Y es que la ministra de Fomento, Ana Pastor, se ha marcado como objetivo llegar al déficit cero al final de la legislatura.

Los sindicatos afirman que con las reformas emprendidas se perderán 10.000 puestos de trabajo, porque al ver los trabajadores reducidos sus días de licencia se necesitará menos personal para sustituirlos. También creen que se anularán los derechos básicos "acumulados con los años" y ven en la liberalización un empeoramiento del servicio, con subidas de tarifas, descenso de la calidad y aumento del riesgo de accidentes. Muy al contrario, Renfe cree que la competencia generará eficiencia en la gestión y reducción de precios, y asegura que "lo que no garantiza el empleo son las pérdidas año tras año". El Gobierno afirma que no está en sus planes una reducción de personal, sino más bien al contrario: avanzar hacia la liberalización, dice, es la mejor forma de garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo y de los derechos.

Desde la Junta de Andalucía, la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, expresó ayer su apoyo a los trabajadores. En una nota, consideró que el servicio de transporte ferroviario debe mantener un carácter "público y universal" para dar respuesta a "su verdadero objetivo: hacer accesibles los bienes, servicios y contactos a toda la población española independientemente del lugar donde viva, de su capacidad adquisitiva, edad o género".