Meta, ante la justicia: un juicio antimonopolio que podría reconfigurar el panorama digital global

El juicio antimonopolio contra Meta Platforms, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, ha comenzado en el tribunal federal del distrito de Columbia, en Washington DC, con Mark Zuckerberg, su cofundador y director ejecutivo, como testigo estrella.

Este proceso judicial, impulsado por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), recuerda el célebre proceso de Microsoft en 1998 y representa uno de los desafíos legales más importantes para la industria tecnológica en la última década, pues podría tener consecuencias de gran alcance no solo para el futuro de la compañía, sino que podría redefinir el alcance legal del concepto de monopolio en la era de las plataformas.

La ofensiva legal llega tras años de crecientes tensiones entre los reguladores y las grandes tecnológicas, y se inscribe en un contexto de revisión global sobre cómo controlar su poder económico, político y social.

La compra de Instagram y WhatsApp

En el centro del litigio se encuentra la acusación de que Meta, mediante la adquisición estratégica de Instagram en 2012 y WhatsApp en 2014, eliminó deliberadamente a competidores emergentes para proteger y consolidar su posición dominante en el mercado de redes sociales.

La FTC, respaldada por más de 40 fiscales generales estatales, sostiene que estas compras no respondieron a una lógica de innovación, sino a una estrategia preventiva para neutralizar amenazas competitivas antes de que pudieran crecer lo suficiente.

Este enfoque, conocido como killer acquisitions, es uno de los temas más debatidos en el campo del derecho de competencia moderno, especialmente en sectores donde los servicios son gratuitos y los beneficios indirectos -como la extracción de datos o la influencia social- no se reflejan de forma clara en los balances financieros.

Durante la primera jornada del juicio, Zuckerberg compareció como testigo clave. El abogado principal de la FTC, Daniel Matheson, enmarcó el proceso en dos cuestiones fundamentales: ¿Era Facebook un monopolio cuando realizó estas adquisiciones? ¿Representaban Instagram y WhatsApp competidores reales o potenciales en aquel momento?

Compra para neutralizar amenazas

La fiscalía sostiene que la respuesta es afirmativa en ambos casos. Según su argumentación, Facebook compró estas plataformas no para fortalecerlas, sino para neutralizarlas.

Como prueba, presentó correos electrónicos internos en los que el propio Zuckerberg expresaba su preocupación por el éxito de Instagram en el ámbito de la fotografía móvil, reconociendo que Facebook iba "muy por detrás". Otro mensaje sugería que la adquisición permitiría mantener activa la aplicación sin impulsar desarrollos que pudieran reforzar su competitividad, lo que la acusación interpreta como una admisión de intenciones anticompetitivas.

Zuckerberg, sin embargo, defendió ante el tribunal que Meta no bloqueó la evolución de Instagram, sino que la impulsó significativamente. Según su argumentación, ambas aplicaciones han experimentado un crecimiento exponencial en usuarios y funcionalidades desde su integración en el ecosistema de Meta.

Además, insistió en que el núcleo de Facebook ha evolucionado con el tiempo, pasando de centrarse únicamente en conectar a amigos y familiares a convertirse en una plataforma de descubrimiento de contenido global.

Cómo definir un mercado en el entorno digital

Un aspecto crucial del caso es la definición del mercado relevante. ¿Cómo debe definirse un mercado en el entorno digital? La FTC propone el concepto de Servicios de Redes Sociales Personales, un segmento específico que incluye plataformas destinadas a conectar amigos y familiares, como Facebook o Snapchat, pero excluye otras como Tik Tok o LinkedIn.

En el ámbito de la economía digital, donde muchos servicios se ofrecen gratuitamente, los indicadores clásicos -precio, volumen de ventas- pierden relevancia. En su lugar, la FTC apunta a otros signos de poder de mercado: la capacidad de aumentar la carga publicitaria (ad load), las limitaciones a la privacidad, o la caída sostenida en la calidad del servicio sin riesgo de fuga masiva de usuarios.

Meta, por su parte, considera esta definición "artificialmente estrecha" y argumenta que todas las plataformas digitales compiten por el mismo recurso escaso: la atención del usuario, independientemente del tipo de servicio que ofrezcan.

Meta defiende su apuesta por la innovación

Mark Hansen, abogado principal de Meta, reforzó esta línea de defensa señalando que las adquisiciones generaron importantes "eficiencias" económicas -estimadas entre 38.500 y 110.000 millones de dólares anuales- y aseguró que no existe prueba directa de poder de monopolio.

Añadió que Meta no cobra a los usuarios, que la producción de contenidos ha crecido sustancialmente y que la inversión en investigación y desarrollo supera proporcionalmente a la de otros gigantes tecnológicos.

Además, Meta asegura que sigue siendo un actor innovador, como demuestra el aumento de su inversión en I+D y la evolución de sus productos hacia nuevos usos como el comercio electrónico o los contenidos en vídeo.

La FTC respondió que las pruebas de sustitución entre plataformas presentadas por Meta -como los desvíos de usuarios tras caídas puntuales de servicios- no son suficientes para redefinir el mercado relevante.

Recordó que, en términos económicos, lo que debe analizarse es si existe un conjunto mínimo de productos ante los cuales un hipotético monopolista podría aumentar precios o reducir calidad de manera rentable, un criterio que no se cumple simplemente porque los usuarios migren temporalmente entre apps durante interrupciones totales del servicio.

La falacia del celofán

Los fiscales advirtieron sobre el riesgo de incurrir en la falacia del celofán, que ocurre cuando se analiza el mercado a partir de condiciones ya distorsionadas por el poder de un monopolista, lo que puede llevar a identificar erróneamente a competidores lejanos como alternativas reales.

La FTC argumenta que Meta ha mantenido ese poder desde hace más de una década, y que la degradación progresiva en la calidad de sus servicios -como el incremento del número de anuncios, el deterioro de la privacidad y la reducción de contenido personal- constituye evidencia de efectos anticompetitivos.

Desde esta óptica, que los usuarios migren a Tik Tok durante una caída de los servicios de Meta no prueba que ambos operen en el mismo mercado, sino que quizá el poder de Meta ha erosionado tanto la calidad del servicio que incluso alternativas con propósitos distintos se vuelven viables.

En este sentido, los fiscales subrayaron que el propio comportamiento del algoritmo de Facebook, que privilegia contenidos de cuentas no conectadas o comerciales, no puede usarse como argumento para negar la existencia de un mercado centrado en las interacciones entre amigos y familiares. “Que se empuje a los usuarios a consumir contenido no deseado no significa que el mercado haya desaparecido”, argumentó la FTC.

Cambio de paradigma

La declaración de Zuckerberg, que continuará en los próximos días y aparte de Instagram también abordará WhatsApp, se centrará en esclarecer los motivos y efectos de las adquisiciones de ambas compañías. Se espera que el interrogatorio por parte de Meta busque consolidar la idea de que estas compras beneficiaron tanto a los consumidores como a la competencia, mientras que la FTC insistirá en demostrar que fueron decisiones estratégicas para preservar un monopolio en el mercado de las redes sociales personales.

El juicio también refleja un cambio de paradigma en la forma de entender el papel de los gigantes tecnológicos. Ya no se trata solo de determinar si han infringido la ley, sino de evaluar su impacto sistémico en la innovación, la diversidad de servicios y la experiencia del usuario.

En este sentido, la evolución de Facebook hacia un modelo más algorítmico y menos centrado en las relaciones personales -como reconoció el propio Zuckerberg- ha sido leída por la FTC no como una señal de adaptación, sino como un síntoma de enshittificación, un término que alude al deterioro deliberado de la experiencia de usuario cuando una plataforma domina el mercado sin contrapesos efectivos.

Repercusiones globales, también para Europa

Aunque este juicio se desarrolla en Estados Unidos, sus repercusiones podrían extenderse globalmente, especialmente hacia Europa, donde la regulación de las grandes plataformas digitales ha adquirido un perfil prioritario.

La Unión Europea ha sido más proactiva en la fiscalización de los gigantes tecnológicos a través de la Ley de Mercados Digitales (DMA) y la Ley de Servicios Digitales (DSA), que buscan precisamente limitar comportamientos anticompetitivos como los que se imputan a Meta.

En el marco de la DMA, que entró en vigor en 2024, Meta ha sido designada como gatekeeper, una plataforma que actúa como intermediaria obligada para otros servicios digitales. Esto implica que prácticas como la interoperabilidad, el uso cruzado de datos entre servicios o la preferencia de sus propios productos están ahora bajo estricta vigilancia en el ámbito europeo. Un eventual fallo adverso en EEUU podría reforzar políticamente la postura de Bruselas, validando la necesidad de una regulación preventiva.

Además, Europa ha abierto sus propios expedientes antimonopolio contra Meta. En 2023, la Comisión Europea inició una investigación por posible abuso de posición dominante en su plataforma de anuncios clasificados (Facebook Marketplace), una causa paralela pero complementaria al debate que ahora se libra en Estados Unidos.

Otros precedentes judiciales

El caso Meta guarda similitudes estructurales con otros litigios recientes, como el juicio contra Google por monopolio en el mercado de los motores de búsqueda, donde el foco está puesto en los acuerdos contractuales con fabricantes para establecer su buscador por defecto en dispositivos móviles.

Aunque ambos operan en segmentos diferentes (el caso de Google se enfoca en prácticas exclusorias dentro de mercados concretos -como la publicidad online-; el de Meta tiene un componente más estructural, vinculado al crecimiento por adquisición), los dos procesos revelan una tendencia común: los reguladores, preocupados por cómo el poder de mercado puede traducirse en poder político y cultural, ya no se limitan a observar el comportamiento actual de las plataformas, sino que examinan su historial de adquisiciones y su capacidad para absorber amenazas competitivas emergentes.

La regulación de las plataformas digitales

El juicio se celebra en el mismo tribunal donde se juzgaron casos históricos como el de Microsoft en 1998 o el de Google en 2023 y su veredicto, que se espera para los próximos meses, podría no solo determinar el futuro corporativo de Meta, incluyendo una posible desinversión forzada de Instagram y WhatsApp, sino también establecer un precedente fundamental para la regulación de las plataformas digitales.

Lo que está en juego va más allá de una disputa legal: es una redefinición del equilibrio entre innovación tecnológica y competencia justa en un entorno donde los datos, la atención y la influencia social se han convertido en los activos estratégicos del siglo XXI.

Este juicio representa, en última instancia, un punto de inflexión para determinar si el actual sistema legal puede hacer frente a los desafíos únicos que plantea la economía digital o si será necesario desarrollar nuevos marcos regulatorios adaptados a la realidad de las grandes plataformas tecnológicas.