Fernando Faces
Perspectivas económicas: España 2025
El Consejo de Ministros aprobó en la jornada de ayer un amplio paquete de medidas inmediatas para frenar la subida del coste de la luz. Este "plan de choque", como han llegado a calificar desde el Gobierno, busca evitar que el alza de los precios en el mercado mayorista impacte en el recibo que final que abonan las familias.
Teresa Ribera, vicepresidenta tercera, afirmó en la rueda de prensa dada tras el Consejo de Ministros que, pese a que las limitaciones que tiene el Gobierno para frenar al mercado mayorista son muchas, las nuevas medidas acordadas supondrá una rebaja del 22% en la factura. Si se suma a este nuevo precepto las medidas ya adoptadas con anterioridad, a saber la reducción del IVA y otros impuestos, la bajada del recibo de la luz podría llegar a alcanzará el 30%.
De carácter social, la mayoría de estas medidas buscan una amortiguación desesperada para que las familias españolas no se vean ahogadas ante semejantes precios, entre ellas destacan mecanismos para poner límites al precio del gas, rebajas fiscales para aminorar la factura y medidas que protejan los derechos básicos de las familias con menos recursos.
El Gobierno ha alargado en el tiempo el Suministro Mínimo Vital con el que proteger a las familias más vulnerables económicamente. De esta forma, la medida por decreto establece que los consumidores con menos recursos económicos podrán disfrutar de una potencia de 3,5kW durante seis meses más tras haber agotado los cuatro meses actuales durante los que están protegidos en caso de impago.
Esta orden establece que, de cara a los próximos seis meses, no se actualizará la tarifa regulada del gas que consumen los hogares. Esta medida ha sido adoptada a raíz de una previsión de subida del gas de casi el 30%, de modo que, tras el nuevo mandato, esta solo se verá implementada por debajo del 5%.
La bajada de impuestos que ha establecido el Gobierno hace referencia al tipo impositivo que se cernía sobre la energía eléctrica, que ha pasado del 5,1% al 0,5%.
Por otro lado, el ejecutivo ya suspendió el impuesto sobre la producción eléctrica, que suponía un 7%, y ayer anunció que se mantendrá sin efecto hasta finales de año.
El Gobierno también ha aumentado la recaudación por derechos de emisiones que se destinan a pagar los cargos del sector eléctrico. La subida ha supuesto de 1.100 a 2.000 millones de euros, por lo que se destinarán 900 millones más abonados por las empresas a eliminar importes que hasta ahora sufrían los consumidores a través del recibo de la luz.
Esta medida, que afecta directamente a la puja a ciega que hasta ahora fijaba el precio de la luz con 24 horas de antelación, obliga a las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy y Edp) a participar en subastas y a vender parte de la energía que generan en función de su cuota de mercado.
Tal y como se ha acordado, hasta el 31 de marzo de 2022 el Gobierno gravará los beneficios de más que tienen las empresas eléctricas por los altos precios del gas. Se ha establecido como tope 20 euros por megavatio hora para el gas, de modo que cuando sobrepasen ese precio, los beneficios extra que obtengan las empresas se destinarán de forma inmediata a reducir la factura eléctrica.
El vaciado de los embalses por parte de las eléctricas ha coincidido con la subida exponencial de precios máximos en el mercado mayorista. Para evitar el alza, el Gobierno ha decidido fijar caudales máximos que se pueden desembalsar cada mes, así como niveles mínimos que hay que mantener en los embalses. Sin embargo, serán las confederaciones hidrográficas las que fijarán esas cantidades.
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