El impuesto a las transacciones servirá para financiar la Seguridad Social

Madrid/La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció ayer que el futuro impuesto a las transacciones financieras se dedicará “en exclusiva” a financiar la Seguridad Social, según apuntó en declaraciones a La Sexta.

Aunque no ha precisado los ingresos que pretenden obtenerse con este impuesto, que todavía está pendiente de cerrarse en el marco de la negociación presupuestaria con Unidos Podemos, la idea es que “la recaudación se lleve íntegramente a la Seguridad Social”, sin que sea necesario “hacer nada extraordinario”, dijo la ministra.

Montero agregó que esta medida no será “lo último ni lo definitivo”, y que si en 2020 fueran necesarias medidas adicionales para sostener el sistema de pensiones se abordarían “tanto por la vía de los ingresos como de quitar a la Seguridad Social algunas cosas que paga (...) y que podría asumir la Administración General del Estado”.

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ya apuntó el pasado lunes la posibilidad de “estudiar la creación de impuestos especiales” para que los presupuestos contribuyan a financiar el sistema de pensiones.

Montero envió así un mensaje de “tranquilidad” a las personas mayores sobre la garantía de las futuras pensiones y su revalorización conforme a la inflación porque los sistemas de pensiones necesitan revisarse “cada cierto tiempo”.

A lo que no está dispuesta la titular de Hacienda es a subir el IVA, aunque ese alza lo pida el Fondo Monetario Internacional (FMI). María Jesús Montero argumentó su rechazo en que este impuesto no está vinculado al nivel de renta e insistió en que subirán los impuestos a las grandes empresas, grandes patrimonios y por la compraventa de acciones.

Durante su comparecencia en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado, Montero recordó que los Presupuestos de 2019 conllevarán una reforma fiscal progresiva para que las grandes rentas, patrimonios y corporaciones empresariales contribuyan algo más en la protección de los ciudadanos de clase media y trabajadora.

“Con más Educación y Sanidad pública, con pensiones actualizadas al IPC y con más recursos para dependencia”, ha insistido, al tiempo que ha acusado al PP de “mentir” en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 porque faltaban cerca de 3.000 millones de ingresos que harán desviar el déficit de este año más allá del 2,2% del PIB que preveía el Gobierno de Mariano Rajoy.

La ministra criticó que el PP no apoye la modificación de la Ley de Estabilidad que permitiría sortear el veto del Senado a una senda de déficit más flexible y dijo que el anterior Ejecutivo ha utilizado las políticas de austeridad como coartada para desmantelar el Estado de bienestar. “No hay justificación para ir más lejos de la propia senda que marca Bruselas y queda al descubierto la mentira del PP durante su Gobierno”, replicó al senador popular Juan Antonio de las Heras, que le reprochó que el FMI haya pedido ajustar el gasto precisamente en 6.000 millones de euros, el margen que daría el nuevo objetivo de déficit socialista.

El Gobierno aboga por hacer el cálculo de la pensión con toda la vida laboral

El secretario de Estado para la Seguridad Social, Octavio Granado, abogó ayer por que las pensiones se terminen calculando con toda la vida laboral, en línea con lo que ocurre en el resto de Europa, así como por buscar “la fórmula” que permita mantener el poder adquisitivo de las pensiones.

Durante su comparecencia en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, Granado ha recordado que, en 2022, habrá concluido el aumento gradual de 15 a 25 años cotizados del período de cómputo para calcular la pensión inicial que se estableció en la reforma de pensiones de 2011. “Probablemente yo propondría al Diálogo Social, aunque yo ya no voy a estar en mi actual responsabilidad, que se continuara subiendo el período de cómputo un año y otro año y otro año, hasta llegar al final de la vida laboral”, afirmó Granado.

“Pero ése es un río que deberemos cruzar en el 2023 y dejen ustedes al Diálogo Social que lo cruce en 2022, que seguro que lo hará y lo hará de forma razonable”, dijo en la comisión.

El secretario de Estado compareció para dar cuenta del estado del Fondo de Reserva, que tiene en la actualidad 8.061,56 millones de euros, por debajo de los 8.085 millones del cierre de 2017, debido a que las rentabilidades de los valores en los que está colocado son negativas.

“La actual Administración no comparte en modo alguno los criterios que utilizó la Administración anterior ni sus previsiones”, dijo Granado, que incidió en que si en 2016 y 2017 se hubieran realizado inversiones a dos años vista del dinero que no se iba a utilizar del fondo de reserva, no se habría perdido dinero.