Los grandes arrendadores tendrán 18 meses de plazo para limitar el alquiler

madrid/El acuerdo de gobierno sobre la ley de vivienda permite a los grandes tenedores realizar nuevos contratos sin atenerse a los límites del alquiler en los 18 meses posteriores a la aprobación de la ley, ha desvelado el Sindicato de Inquilinos de Madrid.

El acuerdo pretende establecer ese período de carencia para la aplicación obligatoria del índice de precios, lo que, según esta organización, retrasaría el efecto pretendido de la ley sin una justificación, pues ya existe el índice estatal del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana desde 2020.

El Sindicato de Inquilinos lo ve "insuficiente"

El Sindicato de Inquilinos considera "insuficiente" el acuerdo de gobierno alcanzado ayer sobre la ley de vivienda y defiende que la bajada de precios "artificialmente inflados" debe ser obligatoria para el conjunto del mercado del alquiler, no solo para las empresas con más de 10 viviendas.

Según sus datos, con esa distinción que hace el acuerdo en Barcelona casi el 70% de los inquilinos tendría difícil beneficiarse de una bajada y para el resto de municipios será aún mayor la cifra de no beneficiarios.

Critican también que las bonificaciones fiscales del 90% para que los particulares con menos de 10 viviendas bajen los precios implican una transferencia directa del conjunto de la sociedad a los hogares con ingresos más altos.

Sus cálculos apuntan a que los beneficios fiscales como condición para bajar un 10% el alquiler resultarían rentables para los arrendadores que perciben ingresos por rentas de contratos de alquiler superiores a 3.000 euros.

"Más cerca" de regulación ya vigente de Cataluña

En un comunicado, el sindicato considera, no obstante, que el acuerdo les sitúa "más cerca de blindar la regulación ya vigente en Cataluña y lograr que se extienda a todo el Estado".

Tras apuntar que hasta que no se apruebe el texto legislativo no podrán "cantar victoria", confían en que Unidas Podemos, ERC, Junts per Catalunya, Bildu, CUP, Más País, Nueva Canarias, Compromís y BNG defiendan con enmiendas en la tramitación parlamentaria las líneas planteadas en la proposición de ley que registraron hace unos días.