El Gobierno impedirá en 2040 la venta de coches diésel y gasolina

Repostaje de un vehículo diésel en una gasolinera. / Álvaro Carmona

El Gobierno quiere establecer por ley que a partir del año 2040 no se permitirá la matriculación y venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones "directas" de dióxido de carbono (entre ellos todos los de diésel y de gasolina).

Así se recoge en el borrador de la Ley de cambio climático y transición energética que prepara el Gobierno, han informado hoy fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) a un grupo de periodistas.

Según las previsiones con las que trabaja el Gobierno, en el año 2050 estaría prohibida la circulación de todos los turismos que emiten de forma directa dióxido de carbono.

La norma que prepara el Ejecutivo incide en la importancia de promocionar la movilidad "sin emisiones" y en que éste es uno de los cambios más relevantes que se deben acometer durante las próximas décadas para conseguir la completa "descarbonización" de la economía española en la segunda mitad del siglo XXI.

Para ello, el borrador de la ley que prepara el Gobierno fija como objetivo alcanzar, en el año 2050, un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de dióxido de carbono, y plantea que a partir de 2040 ya no se permitirá la matriculación y venta de ese tipo de turismos.

La ley establecerá además la obligación de que todos los municipios con más de 50.000 habitantes tendrán que contar con "zonas de bajas emisiones" antes del año 2023.

Respecto al transporte por carretera, el Gobierno tiene previsto elaborar un estudio sobre el establecimiento de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por el uso de determinadas infraestructuras.

La norma sobre cambio climático y transición energética que prepara el Gobierno prevé además fijar como obligatorio la instalación de puntos de recarga eléctrica en las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes en distintos plazos y en función de su volumen de ventas.

La propuesta del Gobierno, según han explicado fuentes del Miteco, es similar a la del Reino Unido, que ha anunciado que prohibirá la venta de coches diésel y gasolina en 2040 y que en el año 2050 ya no podrán circular.

Francia también ha anunciado que prohibirá la venta de coches de combustión en 2040, según la misma fuente, que ha precisado que los países Dinamarca, Irlanda, Alemania y Holanda pretenden lograrlo en 2030 y Noruega en 2025.

Un sistema eléctrico 100% renovable en 2050

La futura Ley de cambio climático y transición energética que prepara el Gobierno establece que el sistema eléctrico español se deberá basar exclusivamente en fuentes renovables en el año 2050, y en una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos el 90 por ciento con respecto a los niveles de 1990.

La ley que prepara el Ejecutivo pretende asegurar el cumplimiento del Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático y garantizar la total descarbonización de la economía española en la segunda mitad del siglo XXI, según han informado hoy fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) en un encuentro con periodistas.

La normativa pretende dar un impulso "decidido" a las energías renovables, y para ello planea impulsar, entre los años 2020 y 2030, la instalación de un mínimo de 3.000 megavatios de potencia al año en instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable.

El Gobierno quiere poner fin definitivamente al uso de combustibles fósiles que generan emisiones de gases de efecto invernadero (como el carbón) y ha planeado que cuando entre en vigor la ley no se otorgarán nuevas autorizaciones para realizar actividades de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos.

Asimismo, no se podrá tampoco desarrollar actividades de "fractura hidráulica" ("fracking") para la explotación de hidrocarburos.

La Ley, según las mismas fuentes del Miteco, incluirá un amplio apartado para asegurar una "transición justa" y para ello el Gobierno ha previsto la firma de "contratos" en los que participen las administraciones públicas, las entidades locales de las áreas geográficas "vulnerables", empresas, sindicatos, universidades, asociaciones o las ong