El Gobierno aprueba su plan de respuesta al impacto de la guerra de Ucrania

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Respuesta al impacto económico de la guerra en Ucrania, que incluye el 'veto' a los despidos, la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible para todos los ciudadanos, no sólo para los transportistas, y el establecimiento de un límite del 2% a las revisiones de los alquileres durante los próximos tres meses.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desgranó este plan de choque, que tendrá un coste de 16.000 millones de euros, durante el encuentro Generación de Oportunidades

En concreto, el plan, que se extenderá hasta el 30 de junio, tendrá un impacto de unos 6.000 millones en ayudas directas y rebajas de impuestos y de otros 10.000 millones en créditos ICO para amortiguar el impacto de la crisis. Está basado en cinco ejes principales: Ayudas a familias, trabajadores y desplazados; ayudas al tejido empresarial; medidas en materia de transportes; medidas en materia de ciberseguridad y medidas en materia de energía.

Entre las medidas para ayudar a las familias, trabajadores y personas desplazadas destaca la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible para todos los ciudadanos, no sólo para los transportistas.

El Gobierno aplicará una rebaja de 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos, aunque algunas compañías ya han anunciado rebajas superiores, gesto que el presidente agradeció ayer públicamente. "La subida en el precio de los combustibles afecta a todas las familias, no sólo a determinados sectores", señaló el presidente para justificar la medida.

Este eje dirigido a ciudadanos también incorporará la limitación de las revisiones de las subidas de los precios de los contratos de alquiler de vivienda al 2% en los próximos tres meses, así como el aumento del 15% en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para llegar a más familias vulnerables.

Además, se extenderá a 600.000 familias más el bono social eléctrico, hasta llegar a 1,9 millones de hogares; se prórroga hasta el 30 de junio la rebaja impositiva en la luz, y se permitirá que las empresas acudan a medidas de flexibilidad, como los ERTE, al tiempo que se prohíben los despidos objetivos en los sectores que reciban ayudas, como ya sucedió durante la pandemia.

Precio de referencia del gas

En lo que respecta a la parte energética del plan de respuesta a la guerra, Sánchez anunció que esta misma semana España y Portugal presentarán a Bruselas una medida "excepcional y temporal" para fijar un precio de referencia del gas, cuyo importe no precisó, tras lograr en el Consejo Europeo del viernes una 'excepción ibérica' que permita abaratar los precios de la electricidad en ambos países.

Sánchez ha subrayado que esta medida "no supone subvencionar el gas, no rompe los incentivos para las renovables ni los flujos eléctricos entre países" y permitirá a España y Portugal "rebajar significativamente los precios de la electricidad de forma inmediata" y sin "distorsionar" el mercado de la electricidad de Europa.

"Tengo el convencimiento de que la aprobación por parte de la Comisión Europea se va a producir en un muy breve plazo de tiempo y al día siguiente será aprobada en el Boletín Oficial del Estado con efectos inmediatos en las facturas de la luz de los ciudadanos", dijo ayer el presidente.

Al mismo tiempo, el Plan Nacional de Respuesta a la guerra actualizará el régimen retributivo específico de la producción de energía eléctrica a partir de las fuentes de energías renovables, cogeneración y residuos, lo que supondrá una rebaja de los cargos del sistema eléctrico próxima a los 1.800 millones de euros este año y que permitirá que dichos cargos se reduzcan hasta el 55% en 2022.

"Con ello vamos a reducir aún más el precio final de la electricidad lo que, sin duda alguna, aliviará el esfuerzo que están realizando la ciudadanía, las empresas y las industrias de nuestro país", enfatizó Sánchez.

En tercer lugar, el Gobierno incluirá en este plan la extensión hasta el 30 de junio del mecanismo para reducir el exceso de los beneficios de las eléctricas causado por el elevado precio del gas en los mercados internacionales (los llamados 'beneficios caídos del cielo'), aunque "con ciertas modificaciones para reforzar su eficacia y adaptarlo a las directrices europeas".

Estas tres medidas se verán complementadas con otras de carácter regulatorio para fomentar y acelerar el despliegue de energías renovables, el ahorro energético y garantizar el suministro.

10.000 millones en créditos ICO

En cuanto a las medidas para apoyar al tejido económico y empresarial, el presidente anunció una nueva línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones de euros para cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles. Además, se extenderá el plazo de vencimiento de los préstamos avalados por el ICO y el plazo de carencia para los sectores más afectados.

Asimismo, el Plan contempla un paquete de ayudas de 362 millones de euros para el sector de la agricultura y la ganadería, y otro de unos 68 millones para el pesquero.

Además, para la industria gran consumidora de energía habrá una dotación de 500 millones de euros para compensar los peajes en un 80%, alcanzar el máximo en la compensación del CO2 y reforzar las ayudas directas al sector.

Medidas en materia de transportes

El Gobierno impulsará además el plan acordado con los principales representantes del sector del transporte, que supone la inyección de más de 1.000 millones de euros. Este sector se beneficiará de la rebaja mínima de 20 céntimos de euro por litro o kilo de combustible.

También el Ejecutivo aprobará un nuevo fondo de 450 millones de euros para ayudas directas a las empresas de transporte de mercancías y de pasajeros, en función del tipo de vehículo: 1.250 euros por camión, 900 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por taxi, VTC o ambulancia.

Además, se acorta de tres meses a un mes el plazo de devolución del impuesto sobre Hidrocarburos y se mantiene el compromiso de aprobar una ley que permita a los transportistas trabajar con un precio justo, como el Gobierno ha hecho con agricultores y ganaderos con la Ley de Cadena Alimentaria.

Otro de los ejes que aborda el plan supone la aprobación de medidas en materia de ciberseguridad. En este sentido, el presidente ha anunciado un nuevo Plan Nacional de Ciberseguridad con más de 150 actuaciones esenciales, dotado con más de 1.000 millones de euros.