El fraude eléctrico se dispara en España y alcanza ya un impacto económico de hasta 1.760 millones de euros anuales

Madrid/El fraude eléctrico está creciendo de manera significativa en España en los últimos años, en especial, por la proliferación de plantaciones de marihuanaindoor por todo el territorio nacional y de manera más destacada en Andalucía y Cataluña. Junto al riesgo para la seguridad de las personas y la afectación a la calidad del suministro, este fenómeno, que representa entre un 2% y un 4% de la energía consumida, tiene un importante impacto económico para toda la sociedad, ya que, según estimaciones del sector, cuesta al bolsillo de los ciudadanos hasta 1.760 millones de euros al año. 

Así se ha puesto de manifiesto durante el encuentro ‘Soluciones para una mayor seguridad del sistema ante la defraudación de fluido eléctrico’, una cita organizada en Madrid por el Club Español de la Energía y que ha reunido a diversos expertos tanto del sector, como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las administraciones competentes, para radiografiar este fenómeno a nivel nacional, analizar el marco regulatorio actual y proponer medidas que ayuden a combatir estas prácticas ilegales.

Esta problemática en España se concentra en la actualidad en tres tipos de actividades delictivas. La primera, la más grande y preocupante, es la asociada al cultivo de marihuana, que está causando importantes daños tanto en las infraestructuras como en la población en general. La segunda es el fraude industrial tradicional, relevante en cuanto al volumen de energía consumida de manera ilegal. Y la tercera, la más pequeña, es la cometida por familias en situación de vulnerabilidad que se enganchan al fluido eléctrico para cubrir necesidades básicas. 

Los expertos han puesto el foco en los invernaderos indoor, cuyo consumo eléctrico -en el caso de un piso de 100 metros cuadrados- equivale al de cien viviendas normales de las mismas dimensiones. Al margen de la actividad ilegal, los ponentes han alertado de que supone un alto riesgo de seguridad para las instalaciones, que no están preparadas para un uso intensivo, además de para las personas que manipulan los enganches y para los vecinos del entorno.

Efecto llamada

Entre las causas que han propiciado la expansión de estos cultivos en viviendas, que ha venido de la mano de la creciente vinculación de los productores locales con grupo organizados y mafias extranjeras, dando lugar a situaciones cada vez más graves y violentas, han señalado el ‘efecto llamada’ que provoca la laxitud de la legislación española en cuanto a estos delitos, que ha colocado al país en un situación de excepcionalidad en Europa, concentrando más del 80% de las incautaciones de plantaciones a nivel europeo. 

Actualmente, el artículo 255 del Código Penal recoge solo una pena de multa de tres a doce meses para el fraude eléctrico. Además, estipula que, si la cuantía de lo defraudado no excede de los 400 euros, la multa es de uno a tres meses; mientras que, si no es posible conocer la cifra, la cantidad a facturar corresponderá al 100% de la potencia eléctrica contratada durante seis horas al día en el último año.

Por el contrario, las penas en los países del entorno europeo son muy superiores a las de España y tienen un carácter disuasorio para la comisión del delito. En concreto, el Código Penal alemán establece una condena de cárcel de hasta cinco años; en Italia se equipara con el delito de hurto, con entre seis meses a tres años de prisión; y en Francia se asimila al robo y se castiga con tres años de privación de libertad.

Reforma del Código Penal

En este sentido, como medidas necesarias para frenar el problema se ha puesto sobre la mesa la necesidad de que el Gobierno de España aborde el endurecimiento de las penas en el Código Penal para un fraude eléctrico vinculado, en la mayoría de los casos, a otras prácticas delictivas, tal como ocurre en los países de nuestro entorno, así como de actualizar el marco regulatorio para dotar de mejores herramientas a las distribuidoras eléctricas para poder intervenir.  

Pese a la extensión del fenómeno, los ponentes han resaltado los avances que se han registrado en la localización y desmantelamiento de los puntos conflictivos, gracias a la incorporación de los contadores inteligentes por parte de las compañía distribuidoras, que -combinados con distintos algoritmos- detectan el fraude con un porcentaje de éxito del 80% y permiten hacer balances de entradas y salidas de energía, así como a los canales de denuncia y al refuerzo de la colaboración con los cuerpo policiales. 

En cualquier caso, los expertos han querido poner de relieve que hay que actuar con contundencia contra el fraude eléctrico porque es un problema social que afecta a todos los ciudadanos y es peligroso para las instalaciones y las personas, al tiempo que han hecho un llamamiento para que no se mezclen estas prácticas delictivas con el mensaje de la pobreza energética, para la que la política social, a su juicio, debería encontrar mecanismos que garanticen el suministro de los vulnerables.

Programa de intervenciones

La inauguración del encuentro ha corrido a cargo de Arcadio Gutiérrez, director general del Club Español de la Energía, y de Carlos Redondo, subdirector general de Energía Eléctrica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, quienes han dado paso a varios debates e intervenciones.

Así, la primera mesa redonda titulada ‘Qué es la defraudación del fluido eléctricos y cuáles son sus consecuencias’, ha contado con la participación de Irene Bartol, secretaria general de la Asociación de Empresas Eléctricas (Aseme); Leonardo Hervás, director general de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (CIDE); Jesús Fernández, director de Gestión de Accesos y Clientes de EDP; José Manuel Revuelta, director general de Redes de Endesa; Álvaro Ryan, responsable de Regulación de I-DE; y Juan José Picón, director de Servicios Jurídicos y Regulación de UFD Naturgy. 

A continuación, se ha desarrollado la intervención ‘Tratamiento del tipo penal de la defraudación de fluido eléctrico en España, comparativa con el ámbito internacional’, a cargo de Juan José Torres, abogado del Estado en excedencia y socio de Roca Junyent. 

La última mesa redonda sobre ‘La problemática de la defraudación de fluido eléctrico analizada desde distintas ópticas’ ha reunido a Elena Cogollo, capitana de la Unidad Técnica de la Policía Judicial; Ramón Chacón, comisario de los Mossos d’Esquadra, Carlos González de Miguel; profesor asociado del Departamento de Energía Eléctrica de la Universidad Politécnica de Cataluña; Josep María Guinart, abogado y exconsejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).