La expropiación de YPF supera el último trámite parlamentario en Argentina

Tras un apresurado trámite parlamentario, el Congreso argentino aprobó por una contundente mayoría la expropiación de YPF al grupo español Repsol en una sesión extraordinaria que se convirtió en una fiesta para el oficialismo. La Cámara de Diputados convirtió en ley la expropiación por 207 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones. Para asegurarse el clima de triunfalismo, el gubernamental Frente para la Victoria abarrotó el recinto y congregó a cientos de personas en los alrededores con pancartas con las siglas de YPF, banderas argentinas e imágenes de Cristina Fernández y su esposo, el fallecido expresidente Néstor Kirchner, para seguir el final de la sesión a través de pantallas gigantes.

En el interior, miembros de organizaciones de derechos humanos, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, piqueteros, sindicatos y agrupaciones oficialistas, como La Cámpora, que aglutina a las juventudes kirchneristas, arroparon a los legisladores oficialistas, que sembraron sus escaños con banderitas con las siglas de YPF y portaron distintivos con el antiguo logo de la petrolera.

El Estado argentino controlará ahora el 51% de las acciones de YPF, Repsol se queda con poco más del 6%, mientras que el Grupo Petersen, de la familia argentina Ezkenazi, posee el 25,47% y otro 17,11% está en poder de otros inversores.

Los expertos estiman que se necesitarán importantes inversiones en el corto y medio plazo, de entre 10.000 y 20.000 millones de dólares, para recuperar los niveles de producción y exploración. También para obtener la tecnología moderna necesaria para extraer las enormes reservas hallados en el yacimiento de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.

La decisión de Repsol de suspender el envío de unos diez barcos metaneros que había acordado para abastecer de gas natural licuado a la Argentina este invierno obliga al Gobierno a reemplazarlos con mayores importaciones de Bolivia y un aumento de la producción local. Mientras tanto, queda aún por resolver la demanda de la petrolera española de ser indemnizada con 8.000 millones de euros por la expropiación, petición a la que se niega el Ejecutivo argentino.