Los editores de prensa exigen una compensación justa por la copia privada de sus contenidos

Sevilla/El Gobierno se dispone a aprobar en las próximas semanas un decreto que satisface una vieja reivindicación del sector de la prensa escrita: el reconocimiento del derecho a percibir una compensación por la copia privada de sus contenidos. Ello supone la percepción de una cantidad económica por la reproducción que sus lectores hagan de sus contenidos de forma legal, bien imprimiéndolos, haciendo una captura de pantalla o almacenándolo en cualquier tipo de dispositivo. La norma se encuentra actualmente en fase de informe por parte del Consejo de Estado y podría ir a Consejo de Ministros a lo largo del mes de febrero. En España se regula la compensación por copia privada desde hace más de treinta años en la Ley de Propiedad Intelectual, pero sólo para los sectores fonográfico, videográfico y del libro.

Los editores de periódicos y revistas han hecho llegar al Gobierno, a través de la Asociación de Medios de Información (AMI), su alarma ante la falta de un acuerdo entre las entidades gestoras de esos derechos para hacer una correcta distribución de los porcentajes a repartir y darle a la prensa el peso que le corresponde. La tasa de copia privada está gestionada por la asociación Ventanilla Única Digital integrada por las entidades gestoras derechos de autor de esos sectores. El Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) es la encargada de representar al sector editorial y de la prensa y estima que la incorporación de un nuevo sector implica una redistribución de los porcentajes, sobre todo si se tiene en cuenta que la entrada de la prensa va a suponer una mayor recaudación por copia privada. En 2021, último año con datos publicados, se recaudaron por este concepto algo más de 52 millones de euros, cantidad que se puede incrementar hasta los 80 millones con los ingresos de los periódicos y revistas. El reparto por porcentajes ese año fue del 37,31% para la producción fonográfica, del 41,13% para la audiovisual y del 21,56% para la editorial. Una sentencia del Tribunal Supremo de 2021 fijaba que el sector editorial tenía que recibir al menos el 25% de la recaudación.

Desde AMI se estima que el decreto que ultima el Ministerio de Cultura supone poner fin a una discriminación histórica de la prensa, que no existe en otros países de nuestro entorno, pero considera imprescindible que ese reconocimiento legal lleve aparejado un trato igualitario de todos los titulares de derechos afectados por la copia privada y una compensación equivalente por el perjuicio causado a la prensa por este concepto. Para conseguir ese objetivo sería necesario un estudio para determinar los hábitos de copia privada y establecer de forma objetiva la retribución que corresponde a cada área. La Ventanilla Única Digital –cuyo secretario general, Antonio Fernández, está vinculado a la producción audiovisual– encargó un estudio de estas características a la consultora Qbo el pasado mes de marzo. CEDRO se ha visto obligado a reclamar este estudio por burofax dado que la Ventanilla Única Digital no ha facilitado sus resultados.

El decreto tal y como ha llegado para informe al Consejo de Estado ha mantenido los porcentajes de distribución de los diferentes sectores anteriores a la incorporación de la prensa, lo que los editores de periódicos y revistas consideran una grave lesión de sus intereses. En caso de persistir el desacuerdo entre las partes, el Ministerio de Cultura tiene la responsabilidad de llegar a un sistema de derechos de autor equitativo. Este sistema deberá compensar a los titulares de derechos de propiedad intelectual del sector de la prensa el perjuicio real que les ocasiona la copia privada, ya que, según datos aportados por AMI, más del 8% de la población española realiza copias privadas de publicaciones periódicas. En este sentido, la Asociación insiste en la necesidad de garantizar a los editores de prensa una compensación justa para asegurar la sostenibilidad económica de un periodismo libre y de calidad.