La deuda pública española: riesgos futuros

Nuestro altísimo volumen de deuda pública somete al Estado a dos importantes retos cada año: conseguir dinero suficiente en los mercados para poder amortizar los títulos que van venciendo y soportar la pesada carga de intereses que genera. Para salir airoso de ambos resulta fundamental que España sea un país que ofrezca confianza, que los inversores acudan a las subastas y que lo hagan además sin exigir una retribución alta. Ahora estamos pasando un momento dulce. La amplia demanda para nuestras Letras, Bonos y Obligaciones del Estado y los bajísimos costes a los que se están colocando estos títulos están haciendo llevadero el elevado nivel de endeudamiento. Pero existen riesgos en el horizonte.

Llegar a esta situación ha sido posible por la positiva evolución de nuestras variables macroeconómicas de estos últimos años -crecimiento del PIB, la contención del déficit público y la disminución de la tasa de paro-. Consecuentemente, las cuatro principales agencias de rating han ido mejorando la calificación crediticia de España hasta el nivel A- (Fitch). Nada que ver con la situación de 2012, cuando los inversores compraban deuda pública exigiendo un 7%. Ayer el bono a diez años cotizaba a 1,22%.

Y para que esto se produjera ha resultado, y sigue resultando, decisiva la intervención del Banco Central Europeo (BCE). Hemos contado con un agente dispuesto a comprar y comprar nuestra deuda sin mirar precios, y que además ha mantenido los tipos de interés oficiales por los suelos. El Estado ha notado sus efectos por la menor carga de intereses en los presupuestos, pero también por el impulso que ha supuesto para la economía que las familias y empresas se aliviaran de intereses, pudiendo dedicar esa parte liberada a consumo y a inversión: un poderoso estímulo fiscal disfrazado de monetario.

La sostenibilidad de esta enorme deuda exige crecimiento. Y ahí está la clave de lo que pueda pasar éste y los próximos años. Las previsiones se están revisando a la baja. Este mismo jueves, la Comisión Europea –otra vez– ha rebajado seis décimas a su previsión de crecimiento de la Eurozona para 2019, hasta el 1,3%; para España, la ha dejado en el 2,1%. De la misma forma, también han retocado a la baja las estimaciones para 2020. Y el temor es que se sigan rebajando, porque son numerosos los riesgos geopolíticos -Italia, un Brexit sin acuerdo o la guerra entre EE.UU y China- que existen actualmente. En caso de materializarse alguno de ellos, tendría un efecto claro negativo sobre el crecimiento económico.

En estas circunstancias, al BCE le va a ser difícil retirarse. Y en la medida que la desaceleración sea más o menos acusada no solo tendrá que seguir manteniendo sino volver a intensificar los estímulos monetarios. La deuda pública española, por tanto, seguirá contando con su importante respaldo; además, España espera unos crecimientos por encima de la Eurozona, y esto también será positivo porque nuestra deuda puede beneficiarse de la mejor situación relativa respecto a otros países como Italia o Francia. No obstante, no cabe la complacencia. Recordemos que cada punto de subida del interés medio de la deuda rebaña 11.000 millones de euros al presupuesto, y cuando se pierde el equilibrio, los bucles negativos empiezan a dispararse. España tiene –sí o sí– que seguir ofreciendo confianza. Y para ello, cada décima de crecimiento cuenta.