La demanda apunta a que Abengoa no se habría derrumbado con Benjumea al frente

SEVILLA/Las demandas que los accionistas históricos de Abengoa han presentado ante los juzgados de Madrid para reclamar al Banco Santander y al HSBC que indemnicen solidariamente a Inversión Corporativa (IC), Firnarpisa y Ardachón con 1.005 millones de euros –900 a la primera y 105 a la segunda y tercera– esgrimen una serie de argumentos económicos y de dinámicas del mercado que apuntan a que la multinacional andaluza no se hubiese derrumbado como lo hizo entre septiembre y noviembre de 2015, cuando el día 25 de ese último mes presentó preconcurso de acreedores, que se habría convertido en la mayor quiebra en España sin la reestructuración financiera que se culminó un año más tarde, el 22 de noviembre de 2016.

Los abogados que han formalizado las demandas, Álvaro Remón, del despacho DeCarlos Remón, en nombre de IC, y Pablo Ureña, de la firma Ureña Abogados, representado a Finarpisa y Ardachón, no facilitaron en la multiconferencia que mantuvieron con varios medios de comunicación, entre ellos este diario, los textos de las acciones legales, pero sí remitieron documentación en la se sustentan las acciones ante la jusrisdicción civil.

La tesis de los accionistas históricos de la compañía es que "Abengoa a primeros del mes de agosto de 2015 tenía un modelo de negocio sólido que aportaba márgenes de beneficio elevado gracias al cobro de su tecnología propietaria, a la integración vertical en la construcción de centrales eléctricas y a la obtención de contratos de construcción y mantenimiento de plantas de energía renovable".

Según la peritación hecha para los demandantes por Accuracy, la empresa fundada en Sevilla, contaba con el respaldo de la comunidad financiera "como lo demuestran las líneas de liquidez obtenidas entre 2014 y 2015 por valor de más de 7.841 millones de euros", así como que su "endeudamiento y liquidez mejoraban a lo largo del tiempo".

Los letrados sostienen que valores comunicados al regulador de los mercados al cierre del primer semestre de 2015, como el crecimiento del Ebitda –650 millones, lo que suponía un incremento del 9%–, el aumento del beneficio neto (72 millones) en un 5% , el crecimiento de las ventas (3.390 millones) en un 3% o el récord de contratación en el área de ingeniería y construcción (8.833 millones), eran "síntomas de la buena racha que tenía Abengoa", que la situaban en la recuperación de la crisis global que se inició en 2008.

Otro hecho que enfatizan es que Abengoa había logrado culminar tres ampliaciones de capital en momentos en los que la compañía tenía un porcentaje de deuda incluso mayor que en 2015. "De hecho, el objetivo de las ampliaciones de capital fue reducir la deuda pendiente", precisan. La primera de éstas, de 90 millones, se ejecutó en junio de 2011, la segunda ampliación, de 517 millones, cristalizó en octubre de 2013 y la tercera en junio de 2014, con un montante de 600 millones de dólares con motivo del debut en el Nasdaq de Abengoa Yield. Cuando en 2015 se iba a cometer la ampliación de 650 millones de euros que forzó la salida del presidente ejecutivo el apalancamiento de Abengoa "había descendido notablemente".

Todos estos datos vienen a señalar que la causa del derrumbe fue que los bancos demandados exigiesen el cese de Felipe Benjumea para firmar la carta de aseguramiento de la ampliación de capital de 2015. La tesis que tratan de sustentar los demandantes es que después de que trascendiese que la familia Benjumea perdía el control de Abengoa, a finales de septiembre de 2015, causó el pánico en los inversores en Bolsas, y que las turbulencias que hasta entonces tenían las acciones de la compañía, se convirtieron en pánico que hizo caer su cotización en picado.

Además, sostienen, que la imposición del cese de Benjumea impidió firmar la ampliación de capital en los plazos que estaban prefijados por los gestores de la compañía, que impidieron que ese capital estuviese disponible en el mes de octubre de 2015. La combinación de desplome de la cotización se unió a una crisis de reputación, causada según los demandantes, por echar al presidente de la empresa del consejo de administración de Abengoa, derivó en una crisis de liquidez y en la presentación del preconcurso. Los demandantes deslizan que, sin el cese, el mercado y la comunidad financiera habrían mantenido su confianza en la multinacional sevillana.