¿Qué es el concierto catalán del que hablan todos los medios?

¿Cataluña podría abandonar el régimen común de financiación? Esa es la premisa básica de un preacuerdo anunciado por ERC con el PSC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Dentro del mismo, se contempla la entrega de llaves de la recaudación a Cataluña por parte del Estado.

Esto es lo que se conoce como ‘concierto económico catalán’, del que ya se ha empezado a hablar en el esbozo presentado por los republicanos y que, de aprobarse, daría a Cataluña la posibilidad de recaudar y gestionar sus propios impuestos. Además, en el acuerdo ya se contempla que la Agencia Tributaria catalana pueda estar operativa en 2026 para la gestión y recaudación del IRPF de 2025.

De esta forma, el concierto económico catalán es muy similar a los sistemas fiscales de las comunidades forales del País Vasco y Navarra, territorios que gestionan todos sus impuestos y realizan una contribución al Estado central en concepto de solidaridad y servicios no transferidos.

¿Qué consecuencias traería la aprobación del concierto catalán?

Cataluña es una de las comunidades que más aportan al sistema financiero común. Algo que, junto a sus intereses independentistas, le ha llevado a demandar un concierto económico propio.

Según los cálculos que ha realizado en un reciente informe el economista, Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), “el Estado recaudó en 2022 algo más de 30.000 millones en impuestos generados en Cataluña, que pasarían íntegramente a la Generalitat con el sistema de concierto”.

Asimismo, indica que habría dos opciones para compensar la pérdida de recaudación del Impuesto de la Renta: subir el IRPF o recortar el gasto. En cualquier caso, la repercusión sobre el resto de las CC.AA sería “modesta” y es el Estado el que más perdería con esta cesión.

Finalmente, el mismo informe indica que los efectos a medio plazo, según una conjetura informada, apuntarían a un trasvase anual de “entre 6.600 y 13.000 millones de euros desde la caja común del Estado hacia la Hacienda catalana”. Asimismo, sostiene de la Fuente que “el dinero que se destine a mejorar la financiación catalana tendrá que salir de algún sitio”.

“Si ninguna comunidad puede perder financiación, el Estado tendrá que ajustar a la baja su gasto, reduciendo las prestaciones de su competencia, como las pensiones o la defensa, o aumentar (ahora o en el futuro) la presión fiscal sobre la menguante parte de la población que siga estando sujeta a tributos”, concluye.

“Es un grave perjuicio para la lucha contra el fraude fiscal”

Toda esta situación generaría un cambio radical de la financiación autonómica y la ruptura del concepto de solidaridad estatal. Más allá de la pérdida de ingresos para el Estado, el portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), José María Peláez, sostuvo el pasado 21 de agosto en Canal Sur que “el traspaso de todos los funcionarios, edificios u ordenadores a Cataluña supondrá un grave perjuicio para la lucha contra el fraude fiscal”.

En sus palabras, “el fraude se combate con información y Cataluña va a tener su propia base de datos. Si no tenemos información, las investigaciones se van a ver perjudicadas, sobre todo las del fraude sofisticado”. Asimismo, la asociación califica el preacuerdo como “un destrozo del sistema tributario” y lo considera “inconstitucional” porque “saca a Cataluña del régimen común”.