BARES
Así funciona la nueva herramienta de denuncia de veladores ilegales

Del cesarismo a la intervención

La personalísima gestión de Miguel Castillejo marca el futuro de la entidad · El mandato de Gómez Sierra ve la sucesión de cuatro directores generales en poco más de dos años

Cinco de los últimos seis patronos de Cajasur, en una imagen de archivo.
Jesús Cabrera / Córdoba

23 de mayo 2010 - 05:04

Los casi 140 años de historia de Cajasur han quedado convertidos en "polvo, ceniza y nada", como figura en la lápida sepulcral de Inés Enríquez Valdés, situada ante la capilla del cardenal Salazar, en la Mezquita-Catedral, y que han pisado -y por tanto leído- todos los canónigos que en este casi siglo y medio fueron los responsables de la entidad de ahorro cordobesa hasta la noche del pasado viernes. Iglesia y finanzas han sido en este tiempo los elementos de difícil convivencia que dieron a Córdoba un rasgo distintivo del que ya no queda nada.

La herencia de José Medina y Corella, un canónigo del siglo XVIII oriundo de un pueblo zaragozano, fue el punto de partida de esta historia. Su pretensión inicial era destinar un legado de 300.000 reales para la creación de un Monte de Piedad, pero los sobrinos y los herederos del sacerdote pleitearon con el Cabildo durante más de medio siglo hasta que finalmente se cumplió la voluntad del testador en 1864, y en 1878 se ampliaba con el nacimiento de la Caja de Ahorros. Con estos orígenes modestos cumplió un papel decisivo en la Córdoba de las últimas décadas del siglo XIX como lugar de empeño de alhajas a bajo interés para remediar el día a día de una sociedad que sufría los rigores de crisis y enfermedades sin contar con asistencia oficial de ningún tipo. Los seis canónigos que formaban su patronato eran los administradores de un pequeño caudal que con el paso del tiempo se convertiría en el 60% del ahorro de la provincia.

A lo largo del siglo XX va ganando cuerpo de forma tímida con una lenta expansión más allá de la capital cordobesa que se inicia en Lucena, seguida de las grandes localidades de la provincia y que encuentra en la vecina Jaén unos impositores que le dan consistencia. La obra social consistía en la construcción de viviendas en zonas modestas así como en el mantenimiento de un hospital infantil que fue modélico en su momento. Ésta es la caja de ahorros -en Córdoba siempre fue conocida como El Monte- que José María Padilla, deán del Cabildo y presidente de la entidad financiera deja al morir. Su sucesor en 1978 es el penitenciario Miguel Castillejo, quien en pocos años daría un giro a la entidad.

La década de los 80 del pasado siglo es la que asiste al crecimiento de la entidad hasta ocupar uno de los principales puestos en el panorama financiero andaluz. Castillejo inicia una expansión por todas las provincias andaluzas y a la vista del tamaño que había adquirido la entidad decide cambiarle el nombre por el de Cajasur casi al tiempo de absorber a la Caja Provincial, una maniobra que un sector del PSOE local no perdonó nunca al canónigo que le había quitado de las manos una herramienta financiera fundada por la Diputación y con la que este partido se sentía muy cómodo.

Miguel Castillejo ya había impuesto su personal estilo de gestión. Los demás patronos e, incluso, la Diócesis respaldaban unánimemente sus decisiones. Cajasur crece de forma exponencial y todas las fronteras se le quedan pequeñas hasta convertirse en un elemento incómodo para el poder económico que correspondía la Junta de Andalucía.

La placidez en la vida de la entidad financiera se rompe en 1999, cuando la entonces consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, presenta en el Parlamento Andaluz el proyecto de Ley de Cajas que, a la postre, pretendía recortar influencia a Cajasur.

Pero Castillejo ya se había hecho fuerte. Por una parte, el Concordato entre el Reino de España y la Santa Sede de 1979 incluyó a la caja de ahorros como una obra dependiente de la Iglesia católica, lo que la blindaba en principio ante cualquier injerencia política. Por otra, el presidente de Cajasur se encargó de que la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro (Lorca) que elaboró el Gobierno de José María Aznar reconociera en su disposición adicional segunda la singularidad de la entidad cordobesa.

Además, el canónigo penitenciario se encargó de movilizar a la sociedad cordobesa por todos los medios a su alcance para que no permitiera tal operación política. La influencia de Castillejo en aquel momento era total en Córdoba. Se decía que no se movía en la ciudad un papel sin que él lo supiera. Y así ocurrió: a su sombra se creó una asociación titulada Amigos de Cajasur, encabezada por el entonces secretario general de Asaja, Antonio Medina Perales, que agitó los ánimos en una campaña que duró varias semanas y que culminó con una manifestación que colapsó el bulevar del Gran Capitán en la que se vitoreó la llegada de Castillejo al grito de "¡No nos la quitarán!" La caja presentó un recurso a algunos artículos de la ley de Magdalena Álvarez y el Tribunal Constitucional los suspendió cautelarmente.

Aquellos hechos abrieron una grieta no sólo entre Cajasur y la Junta, sino también entre la entidad y el Obispado, que hasta entonces había hecho la vista gorda a todas las operaciones de Castillejo. El prelado Javier Fernández inició un pulso con Castillejo que traspasó los pasillos y los salones del Palacio Episcopal.

La tensión crecía por momentos y el canónigo y su superior se mandaban los mensajes a través de los medios de comunicación, algunos de ellos a altas horas de la noche. La situación era irresoluble en la esfera local y había que buscar la influencia de los niveles superiores del escalafón. Las fichas que movería el obispo Fernández se desconocen, pero a nadie se le ocultó que Castillejo hizo un día las maletas y acompañado de algunos de los canónigos que le acompañaban en el consejo de administración y de un director general de su confianza partió hacia Roma. Sean cuales fueran sus maniobras salió reforzado del envite, pero sería por poco tiempo.

A la vez, la aprobación por el Ejecutivo central de la Ley Financiera, hizo que Cajasur viera el cielo abierto para una operación que beneficiaría sus intereses en aquel momento. Por una parte se desvincularía de la tutela de la Junta para acogerse a la del Gobierno de la nación, entonces del PP. Por otra, esta maniobra le permitiría cambiar los estatutos, lo que se consumó en diciembre de 2002, y restar influencia en los órganos de gobierno de la entidad a la Diputación, como institución fundadora de la absorbida Caja Provincial. De este modo, durante unos meses el PSOE estuvo excluido de las decisiones que se adoptaban en la caja.

Castillejo, triunfador hasta ese momento, no contaba con dos reveses que le depararía el destino, como fue la llegada en 2003 de Juan José Asenjo como nuevo obispo de Córdoba y el cambio de signo en el Gobierno de la nación en marzo de 2004. Estas circunstancias hicieron que el nuevo prelado cumpliera el cometido de poner orden en el patio a través de una meticulosa operación que se conocería como el pacto de Santa Lucía, por ser el 13 de diciembre de 2004 cuando rubrica con el entonces consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, el regreso de la caja a la tutela de la Junta. Esto se completó con una minuciosa reforma de los estatutos del Cabildo de la Catedral para que los canónigos al cumplir los 75 años presentaran al prelado la renuncia de todos los cargos que ocuparan. De este modo se hizo una profunda remodelación del consejo de administración de Cajasur, hasta entonces ocupado por sacerdotes que sobrepasaban, y con creces, dicha edad. Además, se cumplía el fin de forzar la salida de Castillejo.

La estructura de gobierno de la caja estaba reformada, pero la gestión estaba ya seriamente tocada. Durante los últimos años de Castillejo, con la finalidad de fortalecer los números, la caja se echa en brazos del sector inmobiliario, entonces en pleno auge. Cajasur se convierte en un estrecho colaborador de constructoras cordobesas, como Arenal 2000 o Prasa, y amplía su radio de acción en la Costa del Sol. Estas operaciones, calificadas de "riesgo extremo" han dejado la herencia de 4.000 millones de dudoso cobro en el debe de la caja.

Castillejo ya estaba fuera -"por obediencia a la jerarquía eclesial", dijo- y otro canónigo, Juan Moreno, ocupaba la presidencia. Pero ésta era una solución temporal con fecha de caducidad en enero de 2007, que es cuando éste cumpliría los preceptivos 75 años para la renuncia. Había que buscar una solución de futuro y para ello sonaban un par de nombres, el de Mario Iceta, actual obispo auxiliar de Bilbao, y el de Fernando Cruz Conde, quien finalmente sería descartado por la implicación de su hermano Rafael en el caso Hidalgo.

Ante esta situación, Asenjo tiró de su mano derecha, de su hombre de confianza, de su vicario general, Santiago Gómez Sierra, un sacerdote toledano incardinado en Córdoba a quien no se le conocía experiencia en el mundo financiero y que tras nombramiento reconoció que su madre había sufrido "un disgusto".

Juan Moreno terminó su mandato de año y medio rebajando las tensiones con su carácter extrovertido y encaminando la entidad hacia una nueva imagen, más a pie de calle, alejada del oropel y la magnificencia de tiempos pasados.

La llegada de Gómez Sierra a la cúpula de la caja se vio acompañada de una profunda remodelación de los directivos de la misma, muchos de ellos pertenecientes aún a la "era Castillejo". El nombramiento más significativo fue el de José Antonio Arcenegui como nuevo director general. Este ejecutivo, recomendado por el Banco de España, duraría poco en el seno de la entidad debido a las fricciones con sus rectores y sólo estaría nueve meses en el sillón. Tras él llegaría en enero de 2008 Alfonso Tolcheff, un profesional que disecciona la realidad de Cajasur y propone una plan de actuación que se basaba en dos líneas fundamentales, como eran la reducción del personal en 500 trabajadores y la optimización de los rendimientos del negocio base. Estas pautas no eran del agrado de los patronos eclesiásticos y Tolcheff se batió el acero con firmeza en el consejo de administración, pero una enfermedad, que finalmente acabaría con su vida, le hizo renunciar al cargo a los nueve meses de su toma de posesión.

Su sucesor, Carlos Senent, llegó a la caja con el beneplácito de la Iglesia, pero este directivo curtido durante la práctica totalidad de su carrera profesional en las filas del BBVA se encontró con la oposición de los canónigos a la hora de implantar en la caja los criterios de gestión de la banca privada. Sólo duró seis meses.

La marcha de Senent abrió una crisis en el seno del consejo de administración, ya que los canónigos pusieron sobre la mesa el nombre de Santiago Cabezas, un directivo de la casa de la total confianza de Gómez Sierra, pero los consejeros en representación de los partidos políticos lo rechazaron de plano. La solución de consenso se encontró en febrero de 2009 en Antonio Barral, quien llegó en 2000 procedente de Arthur Andersen y desarrolló en la caja diversos cargos de responsabilidad de modo "brillante". Un reflejo de la situación interna en el periodo de Gómez Sierra es el paso de cuatro directores generales en poco más de dos años.

Los números no cuadran en Cajasur y hay que buscar una solución. Los miembros del Cabildo deciden encontrar una salida airosa a la crisis y emprenden por su cuenta contactos con Caja Murcia, para una posible fusión. Esta operación no tendría coste alguno de personal, ya que no existe solapamiento de oficinas, pero cuando la noticia salta a la luz se recrudece la tensión en el seno del consejo de administración y la Junta de Andalucía se niega en redondo a la fusión con una entidad de fuera de la comunidad autónoma.

Las circunstancias hicieron que Cajasur tuviera que negociar con Unicaja si quería salvar los muebles o, en caso contrario, entregar las llaves al Banco de España. Nadie quería esta última opción y por ello la negociación entre ambas cajas andaluzas ha sido extrema y tensa a lo largo de los últimos meses.

Las cifras económicas dejaban en una manifiesta inferioridad las posiciones de la caja cordobesa en la negociación. La pérdida de 596 millones en 2009 y la previsión de otros 500 millones para este año y 400 millones más para el que viene complicaba la situación.

Lo ocurrido en las últimas tres semanas es de todos conocido y es el cierre a más de 140 años de historia de una entidad que desapareció el viernes, minutos antes de que los cohetes anunciaran a la ciudad el inicio de la Feria de Nuestra Señora de la Salud.

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