Análisis
Santiago Carbó
Algunas reflexiones sobre las graves consecuencias de la DANA
Fernando Miranda, secretario general de Agricultura y Alimentación del Gobierno de España
Fernando Miranda, secretario general de Agricultura y Alimentación, ha visitado esta semana Andalucía para reunirse con unas organizaciones agrarias (Asaja, COAG, UPA yCooperativas Agro-Alimentarias) que están en pie de guerra por un decreto de transición de la Política Agricola Común (PAC) para 2021 y 2022. Según ellos, la norma perjudica a la agricultura y la ganadería andaluza, porque creen que la aceleración de la convergencia de las ayudas hacia la media de cada región productiva (hay 50 en toda España) daña a lo agricultores y ganaderos más productivos, los más orientados al mercado. Por eso piden la retirada del decreto.
Además, piensan que esta norma es la antesala de una reforma de la PAC a partir de 2023 que, según sus cálculos, puede recortar en un 50% el montante de 1.300 millones que reciben los beneficiarios por el pago básico andaluces. En esta entrevista, Miranda fija la posición del Gobierno y responde a las críticas.
En primer lugar, una cuestión obvia. ¿Por qué el Gobierno se reúne con los agricultores andaluces? ¿Está dispuesto a rectificar o modificar el decreto de convergencia de la PAC?
Hemos venido aquí porque desde el Ministerio se tenía la sensación de que se daba por hecha la reforma de la PAC. Por lo que uno lee, o hay en el ambiente, todas las decisiones están tomadas, cuando no es así. El Ministerio ya ha dicho que convocará una conferencia sectorial en mayo con las comunidades para cerrar los principales parámetros. Y ese encuentro irá precedido de una ronda de reuniones bilaterales en abril, para tener una idea precisa de las prioridades de cada comunidad. No estamos cerrados a nada, incluido que se ponga delante de la mesa, dentro de ese concepto, la convergencia en año 2022 encima de la mesa. Que en vez de hablar de la convergencia en el periodo 23-27 hablemos de 22-27
¿La de 2021 ya no hay manera de cambiarla?
El decreto lo sometimos a consulta permanente, ya hemos comunicado los derechos a los titulares y está publicado en el BOE. Pensamos que ya tiene que aplicarse.
¿Cuáles son los argumentos del Gobierno para profundizar convergencia hacia la media de cada región?
El pago básico actual no es igual entre dos beneficiarios incluso cuando están en la misma región. El hecho de que tú tengas un pago básico más alto que el mío no es porque tú y yo seamos diferentes, sino porque tú eras diferente hace quince años. Una vez transcurrido tanto tiempo es difícil justificar que tu sigas cobrando un importe de ayuda muy diferente del mío. Salimos al mercado y en el mercado competimos con el mismo precio. Si uno de los dos tiene el doble, el triple o el cuádruple de ayudas ese parte con ventaja. Lo que hacemos es llamar la atención sobre la necesidad de finalizar un proceso. Tenemos que llevar a cada beneficiario al valor medio de la región en la que estén. No se trata de una tasa plana, como algunos dicen. Nos movemos en un sistema de regiones. Cada agricultor, cada ganadero, dentro de su región, y en función del superficie que tenga, cobrará el mismo importe de la ayuda una vez transcurrido ese periodo de convergencia.
--El sector andaluz denuncia que el decreto de transición no se ha negociado, que no se han mostrado informes de impacto y que se ha hecho al margen de la principal región productora.
El procedimiento es público. Todas las organizaciones agrarias y autonomías podían presentar observaciones al decreto. Las reuniones con las organizaciones agrarias son continuas en el Ministerio, son el plan nuestro de cada día. Y había dos situaciones muy opuestas: una generalidad de comunidades autónomas que había trasladado la opinión de su sector productivo; y solo dos contrarias, Andalucía y Galicia. Pero su alternativa era el continuar con el procedimiento de convergencia actual. Eso nos lleva a terminar la convergencia en 2036. Teniendo en cuenta que empezó en año 2014 y que los periodos de referencia tuvieron lugar sobre todo entre el año 2000 y básicamente 2005, hay que empezar a ponerse en punto de llegada. Ese punto de llegada tiene que ser claro y lo tenemos que establecer en la negociación de la PAC.
Buena parte de la ganadería, con derechos altos y poca superficie, se va a haber muy afectada...
El 84% de las ayudas a la producción van a la ganadería y se les dieron a los ganaderos porque a los ganaderos la convergencia hacia el valor medio de una región les iba a perjudicar más. Para eso se dieron los pagos asociados. Si no se termina alcanzando la convergencia, ese pago asociado está mal calculado.
Otro argumento es que los más perjudicados son los más productivos, los que han generado las ayudas y las han aprovechado para invertir, por lo que tienen los costos de explotación más altos. Y ahora se encuentran con un recorte al que no es fácil adaptarse.
Los derechos asignados en 2015 ya venían con la etiqueta de la convergencia. Ellos ya sabían que el valor al que tienen que atener, el valor seguro de un agricultor es el valor medio de su región. Cada derecho individual sabe que debe converger hacia el valor medio de su región.
¿Garantiza que el efecto global del decreto de convergencia, al menos en 2021, es neutro para Andalucía?
Es neutro. Y si quieres también lo es a nivel provincial, porque la convergencia se está haciendo dentro de la misma región. El dinero que se mueve por la convergencia es muy poco. De todo lo que llega por los pagos directos el dinero que se mueve es un 3,5% del total. Si miramos las gráficas, hay mucha gente en los valores inmediatamente inferiores a la media y eso hace que haya muy pocos en valores muy extremos. Para que los muchos que están por debajo de la media suban un poco los que están en los extremos tienen que bajar una cantidad más significativa. En el caso de Andalucía, en el año 2021 pierden más del 20% solamente es el 1% de los agricultores andaluces.
Sobre la reforma a partir de 2023. ¿Es imaginable un acuerdo sobre la PAC sin la principal región productora?
El ministro no tiene ninguna vocación para llegar a un acuerdo al margen de Andalucía. Va a hacer todo lo posible para que Andalucía esté. Pero también hay que ser consciente de que las negociaciones implican negociar. Ni Andalucía ni ninguna otra comunidad va a poder alcanzar el 100% de los objetivos que tenía previsto. Eso es lo que el ministro intentará llevar al ánimo de las autonomías. Que aunque no todas vean todas sus metas reflejadas sí vean que es un buen acuerdo.
Luis Planas dice que no se va a ir ni un euro de Andalucía, pero es difícil pensar eso si se reducen las regiones y la convergencia se acelera, ya que la media de cobro por hectárea es más alta en el sur.
Todo hay que verlo en su conjunto. El dinero de las ayudas directas, los programas de frutas y hortalizas, el plan de apoyo al sector del vino, el desarrollo rural... Todo acaba de alguna manera en agricultores y ganaderos. El ministro quiere una solución aceptable para todos. La aritmética la veremos luego.
Parece que la reducción de las regiones es inexorable. Se habla de 5, 7, 15...
Creo que hay un consenso general, incluida Andalucía, de que las actuales son demasiadas. A lo mejor no todos lo dicen públicamente, pero admiten que con menos se puede conseguir un resultado equivalente. Vamos a ir a un modelo de regionalización con la tipología de superficies que tenemos ahora y con un número de regiones que pueda ser aceptable para alcanzar un acuerdo lo más unánime posible. ¿Lo de las cifras? Alzamos una ceja y la gente nos pone una cifra. El ministro va a proponer diferentes escenarios, y no solamente con esto. Pero lo del número dejémoslo de momento. Desde luego, cinco no.
¿Se van a eliminar los derechos para dar entrada a más superficie?
No tenemos intención de que entre superficie al sistema que no tiene que entrar, ni que entre de manera desproporcionada. Tenemos que distinguir derechos y referencias históricas. Si yo tengo un valor medio regional de 100, pero mis derechos valen 250, 150 son referencias históricas. Nosotros queremos que al final del periodo de convergencia estas últimas desaparezcan, pero una vez que hayan desaparecido estamos sopesando que los derechos pueden ser un buen instrumento para evitar que entre superficie al sistema de manera indiscriminada.
Serían derechos con el mismo valor en cada región
Cuando acabe la convergencia, el derecho puede un instrumento para dosificar la superficie que tendría que entrar en el sistema, que desde nuestro punto de vista tendría que ser la que está haciendo agricultura ahora y que en la anterior reforma no entró, fundamentalmente frutas y hortalizas. Básicamente, aquellas producciones que no tenían ayudas acopladas en 2008, 2009 y 2010.
Teniendo en cuenta que se va a exigir un porcentaje mínimo de ingresos agrarios con respecto al total, ¿van a quedarse muchos beneficiarios para quienes la agricultura es un complemento de ingresos fuera del sistema?
No hay vocación de quitar a nadie. Sabemos que tenemos una tipología muy amplia. Hay beneficiarios muy pequeños, que hacen agricultura de tiempo parcial, cuyos ingresos son 10% agrarios. En determinadas zonas esta figura es muy frecuente y tiene un valor social y medioambiental. Por eso estamos previendo que por debajo de un umbral -hemos puesto 2.000 euros pero es movible- esos beneficiarios reciban ayudas de la PAC.
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