El juez envía a la cárcel a dos ex directivos de la CAM por desviar 247 millones

Madrid/El juez Javier Gómez Bermúdez ha decretado prisión eludible bajo fianza para el ex director general de la CAM Roberto López Abad y el ex director general de Empresas de la caja Daniel Gil, por el desvío de 247 millones a un paraíso fiscal de las Antillas Holandesas. Tras prestar declaración ante el magistrado de la Audiencia Nacional, López Abad y Gil han sido conducidos al centro penitenciario de Soto del Real, en Madrid, que solo abandonarán cuando depositen las cantidades que les han sido exigidas: 1,5 millones en el caso del primero y 400.000 euros en el segundo.

El juez justifica el arresto y la posterior imposición de una fianza a ambos en los "medios económicos y relaciones con el exterior" con los que cuentan y que, sospecha, les permitirían huir a Curazao (Antillas Holandesas), "país con el que no existe convenio de extradición".

Gómez Bermúdez también ha interrogado al ex director general de Tenedora de Inversiones y Participaciones -filial de la caja- Vicente Sánchez, al ex director de la división internacional y negocio hotelero César Veliz y al empresario y ex director económico de la sociedad Valfensal Francisco Climent, que han quedado en libertad sin medidas cautelares. Siguen, sin embargo, imputados por delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y contable, administración fraudulenta y apropiación indebida, los mismos que se atribuyen a López Abad y a Gil.

En los autos de prisión, el juez dice que estos dos "están en los dos escalones superiores de la CAM" y que desempeñaron un "papel esencial" en las decisiones sobre la financiación de proyectos por parte de la sociedad Valfensal, de la que la CAM poseía el 30% y que tenía a Climent como director económico. Añade que los ex directivos de la CAM no tuvieron "ningún reparo" en situar inversiones de la caja "en territorio calificado de paraíso fiscal".

Eso sucedió cuando los empresarios Vicente Ferri y José Salvador Baldó -a los que también ordenó detener, pero que están en paradero desconocido- les anunciaron su intención de adquirir una sociedad a la que desviar los beneficios de varios hoteles que pensaban adquirir o construir en México, Costa Rica y la República Dominicana. La estructura fiscal se creó con el asesoramiento "del despacho Garrigues" y concretamente de Jaime Escrivá, que defendió en varios informes la legalidad de la utilización de una sociedad pantalla -Jacksonport Corporation, domiciliada en Curazao- para canalizar los beneficios de Valfensal.

Escrivá ha declarado ante la Guardia Civil -este viernes lo hará ante el juez- y ha admitido que esa estrategia tenía como objeto "eludir las obligaciones fiscales en España". Sus informes fueron utilizados por López Abad y Gil para justificar ante los órganos de control de la CAM la legalidad de la estructura societaria, "venciendo así toda posibilidad de resistencia por parte de los órganos de la caja". Una vez conseguido que la CAM financiara a Valfensal -según la Guardia Civil, con 160 millones-, se concentró en Jacksonport la facturación de los hoteles Caracol y Gala, adquiridos en México, ejecutando así un plan "conocido y consentido" por los imputados pertenecientes a la caja.

Jacksonport obtuvo entre 2004 y 2011 unos ingresos de 333 millónes de dólares -247 millones de euros- que, afirma el magistrado, darían como resultado "un delito fiscal de cierta relevancia" cometido a lo largo de los nueve últimos ejercicios. Como ejemplo, el magistrado cita en su auto las cuotas tributarias supuestamente defraudadas en 2009, 2010 y 2011, que ascienden a 1,2 millones, 1,3 millones y 2,7 millones, respectivamente.

Los imputados decidieron también que Valfensal no repartiera dividendo, alterando para ello "conscientemente" la contabilidad, como demuestra un correo electrónico enviado por Climent a Veliz en 2008, en el que decía: "Por regla general, el resultado de Valfensal debe ser siempre cero". Por último, en 2010, "aprovechando la difícil situación en la que se encontraba la CAM", suscribieron un contrato entre Valfensal y la sociedad Seabrezee, vinculada a Ferri y Baldó, por la que esta última se encargaría de la gestión de todos los hoteles del grupo. Ello permitió a los empresarios facturar a Seabrezee, "en concepto de prestación de servicios, una importante suma económica sin que existiese una contraprestación similar en el caso de la CAM", que de este modo no obtenía ningún ingreso de los beneficios producidos por Valfensal.