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Mesa Nacional de la Sequía
Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias han pedido al Gobierno central y a las autonomías que se habiliten medidas "urgentes" de índole económica y legislativa para paliar los efectos de la sequía severa en el sector primario.
Las cuatro organizaciones han participado este miércoles en la reunión de la Mesa Nacional de la Sequía en Madrid, convocada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a la que han acudido también las autonomías, la federación de regantes (Fenacore) y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).
La reunión ha sido presidida por presidida por el subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ernesto Abati, una circunstancia que ha sido criticada por buena parte del sector y la propia Junta de Andalucía, que exigían la presencia del ministro, Luis Planas, dada la gravedad del asunto.
El Ministerio ya había avisado que este encuentro iba a ser de diagnóstico de la situación -que es agónica en muchos sectores agrícolas y ganaderos- pero los agricultores creen que "ya no caben más análisis", sino pasar a la acción.
Aun así, tras la reunión, el Gobierno se ha comprometido a estudiar más medidas de apoyo y a pedir a Bruselas flexibilidad en la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) para los sectores afectados por la sequía.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo referencia a esta situación en el Congreso de los Diputados. ha dicho que es necesario "reconfigurar" la manera de relacionarse "con un bien cada vez más escaso" como el agua y ha expresado su deseo de que la lucha contra la sequía se convierta en una "política de Estado", ya que el "desafío" es "evidente".
En su opinión, los principales ejes de actuación deben ser la "recuperación de los ríos y acuíferos y la protección de las inundaciones"; el "impulso al saneamiento, depuración y reutilización del agua"; y "la digitalización de la administración" de este recurso, especialmente en el sector primario.
Según afirma, el Gobierno ha dedicado 2.082 millones de euros en los presupuestos de 2023 y otros 1.055 millones de los fondos europeos de recuperación para tratar de conseguir estos objetivos.
Mientras, los agricultores esperan como agua de mayo un nuevo decreto de sequía, que se hace de rogar. El presidente de Asaja, Pedro Barato, Asaja ha pedido un decreto de sequía "urgente" que recoja medidas económicas, fiscales y en el ámbito de los seguros agrarios.
Además, ha pedido flexibilidad a la hora de aplicar la nueva Política Agrícola Común (PAC) en ámbitos como el cumplimiento de los ecorregímenes y que se demore la entrada en vigor del cuaderno digital de campo, prevista para septiembre.
La situación es "caótica", ha dicho, y se requieren acciones "concisas, concretas, claras y urgentes".
Desde COAG, el miembro de la comisión Ejecutiva Andrés Góngora, ha reclamado, en el mismo tono, que se pase del diagnóstico a la acción con la aprobación de un decreto de sequía y un pacto de Estado para que la sequía "no se convierta en un arma arrojadiza entre comunidades autónomas y el Gobierno central".
Además, ha solicitado la constitución de una mesa interministerial con Agricultura, Economía, Hacienda y Transición Ecológica para "sacar adelante todo tipo de medidas" porque la situación "es muy grave".
Al igual que Barato, ha pedido flexibilidad tanto para aplicar la PAC como a la hora de implantar otras normativas en el ámbito del uso de los fitosanitarios.
Por su parte, el secretario ejecutivo de UPA, Ignacio Huertas, ha incidido en la necesidad de poner "presupuesto" comunitario, nacional y autonómico sobre la mesa para adoptar planes "urgentes" de respuesta.
Esta organización ve pertinente que se celebre un encuentro "al más alto nivel, es decir, con el ministro Luis Planas" en el plazo "más breve posible".
UPA es partidaria de más ayudas directas al agricultor, de modificaciones legislativas para facilitar la gestión de las explotaciones y de flexibilizar las exigencias de la PAC.
"Estamos ante una catástrofe muy amplia para el conjunto del sector ante una situación absolutamente excepcional y lo que necesitamos son medidas excepcionales y cuanto antes", ha remarcado.
Desde las cooperativas agroalimentarias, su director general, Gabriel Trenzado, ha pedido que se aprueben exenciones y bonificaciones fiscales y tributarias, se prorrogue la ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo agrícola y se flexibilice la Política Agrícola Común (PAC) para afrontar la situación de sequía severa que afecta al campo.
Agricultura ha reconocido que la situación de sequía es grave y generalizada, aunque revela "diferencias importantes" en el territorio y destaca la mayor afección a las cuencas del Guadalquivir, Guadiana y las interiores de Cataluña.
Se han presentado los avances de superficies y producciones y se han analizado las dificultades más relevantes para territorios y sectores en las producciones agrícolas y ganaderas; por ahora, se han detectado en la ganadería, en particular la extensiva y la apicultura, así como en los cultivos herbáceos.
Por ahora, el valor medio de las precipitaciones acumuladas desde el inicio del año hidrológico (1 de octubre de 2022) es un 23,5% inferior al valor normal.
Además, se han presentado los avances de superficies y producciones y se han analizado las dificultades más relevantes para territorios y sectores en las producciones agrícolas y ganaderas; por ahora, se han detectado en la ganadería, en particular la extensiva y la apicultura, así como en los cultivos herbáceos.
La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha reclamado al Estado “un nuevo decreto de sequía ampliado a las necesidades de los agricultores y ganaderos del Guadalquivir”, con aplicación, entre el uso, entre otras medidas, de "balsas y sondeos para dar agua al ganado”, informa este departamento en un comunicado
Carmen Crespo ha vuelto a reclamar una reunión bilateral con Luis Planas para tratar cuestiones relacionadas con el impacto de la escasez de recursos hídricos en el campo andaluz. Asimismo, ha solicitado que el ministro Planas intermedie en defensa de los agricultores y ganaderos ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, competente en obras hidráulicas de interés del Estado pendientes en Andalucía que tienen gran peso para el campo. A modo de ejemplo, se ha referido a la ejecución de los proyectos de las conducciones de Rules, Siles, o la Presa de Alcolea.
Andalucía también ha trasladado en la Mesa de la Sequía que se incremente el adelanto de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) al 90%, en lugar Rural del 70% que se venía estableciendo en años anteriores.
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