El campo echa un pulso al Gobierno al margen de sus organizaciones representativas

Los agricultores españoles imitaron este martes el modelo francés de protestas con cortes generalizados de carreteras en buena parte de España y en todas las provincias andaluzas.

Los participantes pusieron el foco en grandes centros logísticos y consiguieron bloquear el acceso al puerto de Málaga y a Mercazaragoza, mientras que un grupo de agricultores abulenses lo intentó en Mercamadrid (pero un cordón policial se lo ha impedido) y productores del Valle del Guadiaro hicieron lo propio con el puerto de Algeciras.

Estas manifestaciones se producen fuera del carril de las principales organizaciones agrarias, en su gran mayoría no autorizadas (pero sí consentidas) y convocadas a través de grupos multitudinarios de Whatsapp y Telegram. ¿Por quién? Al parecer, detrás está una asociación de la que se desconocía su existencia hasta ahora -no tiene página web ni cabeza visible conocida- llamada Agrupación Nacional de Agricultores y Ganaderos del Sector Primario. Este movimiento surgió hace solo unos días a partir de la Plataforma 6-F -creada ex profeso para las manifestaciones de este martes-, y aparece como promotora y portavoz una agricultora valenciana llamada Lola Guzmán. En una entrevista a un diario digital nacional afirmaba hace unos días, textualmente: "Cuando no haya comida ni gasolina, nos tomarán en serio".

Esta plataforma opera al margen de Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias, las asociaciones organizadas y que ejercen de interlocutor con el Gobierno. Es una especiae de 'outsider' que recuerda mucho a la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías que logró paralizar el país en marzo de 2022, en contra de la opinión de las principales asociaciones del sector, que habían llegado a un acuerdo con el Gobierno pocos meses antes.

En este caso las principales organizaciones agrarias sí que están por protestar, pero con un calendario de movilizaciones propio, escalonado, autorizado y, por tanto, sin emplear el factor sorpresa. Además, las manifestaciones coordinadas por Asaja, COAG, UPA y Cooperativas suelen ser más "civilizadas" y normalmente se negocia con las Fuerzas de Seguridad alguna fórmula para compatibilizar el derecho a la manifestación con el de la movilidad ciudadana.

Estas tres asociaciones sacarán sus tractores a la calle el día 14 en Jaén y Sevilla, el 22 de febrero en Jerez y el 21 de marzo en Algeciras, con la intención de bloquear el puerto.

En el caso de las manifestaciones de este martes, que se han adelantado a las oficiales, no se ha sabido su itinerario (y sus intenciones) hasta el mismo día y la Delegación del Gobierno en Andalucía, por ejemplo, ha tenido que preparar un dispositivo especial con la información que han ido obteniendo las Fuerzas de Seguridad por sus propios medios. El delegado del Gobierno, Pedro Fernández, no descartaba ayer la apertura de sanciones y se ha quejado de que los agentes no tenían interlocutor para controlar las marchas.

Igual que ocurrió en el transporte, a las asociaciones representativas les ha salido un competidor, que pretende ser un interlocutor válido del Gobierno. En las manifestaciones del transporte, el Ejecutivo se resistió todo lo que pudo a reunirse con la plataforma organizadora, hasta que finalmente tuvo que hacerlo porque el país llegó a estar amenazado de desabastecimiento. Probablemente, si seguimos esta dinámica, las protestas 'sorpresa' y sin una cabeza clara continúen hasta hacer la tensión difícilmente soportable para las autoridades. La intención de la plataforma, según consta en su manifiesto, es seguir con la movilización hasta que el Ministerio de Agricultura les escuche y presione a otros ministerios y a la Unión Europea para que se atiendan sus demandas.

Las tabla de reivindicaciones de la nueva plataforma, en realidad, coincide en bastantes puntos con la de las organizaciones representativas, aunque hay diferencias y las de la nueva agrupación son un punto más radicales. Entre los puntos de la plataforma se incluyen algunos que exceden incluso el propio ámbito agrario, como la reivindicación de la derogación de la Agenda 2030 (sic), la derogación de la Ley de Bienestar Animal o el compromiso de investigación y desarrollo contra las prácticas de geoingeniería climática.

Por lo demás, hay bastantes puntos en común entre la vía oficial y la no oficial: rebaja de las exigencias medioambientales de la nueva PAC, reducción de la carga burocrática, cumplimiento de la ley de cadena alimentaria para no vender por debajo de costes, introducción de cláusulas espejo para que los productos que vengan de fuera de la UE estén sometidos a las mismas normas fitosanitarias que en España, revisión de acuerdos comerciales con terceros países, etc. Pese a estas similitudes, la Agrupación Nacional de Agricultores y Ganaderos del Sector Primario habla en su manifiesto de "pasividad de los sindicatos agrarios" y de la necesidad de que los productores se unan "independientemente de cualquier organización, sindicato o partido político, para pelear y ser escuchados ante la nueva PAC y las nuevas leyes aprobadas para el cumplimiento de la Agenda 2030 (de nuevo la Agenda 2030), que nos están asfixiando, y en algunos casos nos resulta imposible de llevar a cabo con nuestros medios, además de una enorme carga burocrática".

Este mismo martes, el presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra, defendía el "trabajo diario" que realizan las organizaciones agrarias en beneficio de los intereses del sector. "Llevamos muchos años trabajando en esto, no puedo entender que se diga que no se sienten representados", ha replicado al ser preguntado por las manifestaciones de este martes. A nivel nacional, Asaja, COAG y UPA se limitaron a manifestar su "respeto" por las movilizaciones y, como Serra, han reivindicado su papel.

Desde el Gobierno, el ministro de Agricultura y la ministra portavoz, Pilar Alegría, señalaron que están "al lado" de los agricultores y "vamos a estar siempre protegiéndolos, acompañándolos y respaldándolos".

Justo ayer se publicó, además, el listado de 139.756 titulares de explotaciones que podrán recibir la ayuda extraordinaria para compensar las dificultades debidas a la sequía y la guerra en Ucrania, por un importe de 268,7 millones de euros.