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Bruselas/La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha comprometido a estudiar la introducción del principio de degresividad en la próxima reforma de la Política Agraria Común (PAC), es decir, que las explotaciones agroganaderas de menor tamaño reciban una partida mayor de las ayudas para abandonar el sistema de pagos que premia el tamaño.
Así lo ha señalado este miércoles tras recibir el informe final del Diálogo Estratégico sobre el Futuro de la Agricultura de la UE, entregado por el presidente del grupo, el profesor Peter Strohschneider, que incluye sugerencias elaboradas por 29 participantes de sectores agroalimentarios europeos, sociedad civil, comunidades rurales y mundo académico que guiarán el trabajo de la Comisión a la hora de dar forma a estas políticas.
El informe da respuesta a algunas de las principales peticiones de agricultores y ganaderos, que convocaron varias protestas en la capital belga desde principio de año para reclamar una reducción de la carga burocrática de las normativas agrarias y medioambientales.
En respuesta, la Comisión relajó los requisitos medioambientales de la PAC y eximió de sanciones y controles a las pequeñas explotaciones que debían cumplir para obtener ayudas.
"No empezamos de cero, la Comisión ya realizó un importante progreso, pero somos conscientes de que debemos dar pasos todavía más ambiciosos", ha explicado Von der Leyen en rueda de prensa.
Ahora, el informe emplaza a Bruselas que la próxima reforma de la PAC se centre en proporcionar ayuda socioeconómica a los agricultores que más lo necesitan, promover resultados sociales y de bienestar animal para la sociedad y reforzar las condiciones propicias para que las zonas rurales, además de trabajar para reforzar el papel del sector primario en la cadena de valor alimentaria.
Esta recomendación persigue adaptar y orientar mejor los pagos de ingresos de la PAC que reciben los ganaderos a través de una evaluación que debe incluir medidas como los mecanismos redistributivos, la limitación y la degresividad, para que la cuantía de la ayuda sea inversamente proporcional al tamaño de la explotación.
El documento también propone un aumento "sustancial" del apoyo financiero anual a las acciones medioambientales y climáticas a lo largo de los dos siguientes periodos de la PAC, partiendo de la asignación actual del presupuesto destinada a los regímenes ecológicos y a los instrumentos agroambientales y climáticos, así como un cambio hacia dietas más sanas y sostenibles tras constatar la creciente demanda entre los consumidores de alternativas vegetales a la carne.
Otra de las recomendaciones propuesta por el grupo de expertos pide que se tengan en cuenta las complejas especificidades de la agricultura y del sector agroalimentario en las relaciones comerciales mundiales, como es el caso del acuerdo con Mercosur, e insta a la Comisión a reconocer la relevancia estratégica de la agricultura y los productos alimentarios en estas negociaciones.
Por otra parte, la Junta de Andalucía ha anunciado que pedirá al Gobierno que el pago del anticipo de la Política Agrícola Común (PAC) se incremente del 50 al 70% para que el sector pueda hacer frente a la situación prolongada de sequía que padece.
El titular andaluz de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha avanzado esta solicitud antes de presidir en Sevilla la reunión de la Mesa de Interlocución Agraria, junto a las organizaciones ASAJA, COAG y UPA y la federación de Cooperativas Agroalimentarias.
Según Fernández-Pacheco, el Gobierno de Andalucía pretende mantener a través de este foro el diálogo y el consenso con estas organizaciones en una "búsqueda de acuerdo permanente" para lograr "unidad de acción" ante el Ejecutivo central y la Comisión Europea.
El consejero ha dicho que el inicio del pago del anticipo de la PAC comenzará a abonarse por parte de la Junta a partir del 16 de octubre, si así lo aprueba la Comisión Europea.
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