Fernando Faces
Perspectivas económicas: España 2025
Crisis del coronavirus
Bruselas/Las ayudas del fondo de recuperación de la Unión Europea (UE), del que España podría recibir 140.446 millones de euros, estarán vinculadas a que los países cumplan con planes de reformas estructurales e inversiones pactados con la Comisión Europea y avalados por el resto de socios.
El Ejecutivo comunitario subrayó, no obstante, que esta condicionalidad no pude equipararse a la de los rescates financieros. "Esto no es un programa de ajuste con un nombre diferente. Esta es una nueva herramienta, que es voluntaria y está basada en las prioridades establecidas a nivel nacional", dijo el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, en rueda de prensa.
Gentiloni presentó, junto al vicepresidente comunitario Valdis Dombrvoskis, los detalles del nuevo Instrumento para la Recuperación y la Resiliencia, la pieza central del fondo de recuperación de 750.000 millones de euros anunciado el miércoles por Bruselas para hacer frente a la crisis generada por la pandemia.
Este contará con 560.000 millones de euros, de los que 310.000 millones se desembolsarán en forma de subvenciones a fondo perdido y 250.000 como préstamos, y de los que a España le corresponderían 140.466 millones de euros (77.324 millones en subvenciones y 63.122 millones en préstamos), un 21,4 % del total.
Para recibir el dinero, los Estados deberán presentar planes de reformas estructurales e inversiones que respeten las recomendaciones económicas que les hace la CE cada año y estén en línea con las prioridades europeas, en particular la transición digital y ecológica.
Bruselas pactará con los gobiernos la suma a recibir, las metas y el calendario para implementar los planes, que serán propuestos por el propio país. Si constata que no se cumplen, podrá en última instancia bloquear el desembolso de los tramos de ayuda.
Los gobiernos deberán presentar su "plan de recuperación y resiliencia" cada año en abril, junto a sus programas nacionales de reformas, o en octubre con los borradores presupuestarios para el año próximo, con lo que si España quiere recibir fondos ya en 2021 tendría que enviar su plan el próximo octubre.
En sus últimas recomendaciones, emitidas este mes, la Comisión ha pedido a España reforzar su sistema sanitario, mejorar las ayudas a las familias y la protección por desempleo, invertir en digitalización, innovación y mejoras de la productividad.
El plan tendrá que ser aprobado por la Comisión Europea, así como por el resto de Estados miembros, que podrán emitir una "opinión vinculante" sobre el mismo, según explicó Dombrovskis.
La Comisión, sin embargo, niega que esto suponga una injerencia. "Esto no va de condicionalidad e intrusión de Bruselas, pero por supuesto la concesión de subvenciones está ligada a la implementación exitosa de las políticas", dijo Gentiloni, que argumentó que "es una cantidad de dinero sin precedentes de la UE y debería ser gastado del modo correcto".
A la hora de evaluar los planes la Comisión utilizará "criterios transparentes", como comprobar si abordan los retos que Bruselas haya identificado en sus recomendaciones, si contribuyen a "aumentar su potencial de crecimiento y la cohesión", así como a la transición ecológica y digital, explicó.
El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, defendió que comunidades autónomas puedan gestionar fondos del plan para relanzar la economía presentado por la Comisión Europea.
González de Lara manifestó que el "Gobierno central podrá tener el control de los fondos, pero tiene que repartirlos a través de las comunidades autónomas", para el desarrollo de actuaciones de su competencia en materia de políticas activas de empleo, por ejemplo.
El presidente de la patronal andaluza se refirió a la necesidad de cogobernanza y de que las distintas administraciones públicas, en concreto las comunidades, sean las que gestionen esos fondos porque "al final se ha visto que lo del mando único tiene sus deficiencias".
Por ello, apostó por la distribución de fondos a las autonomías para que el dinero "llegue donde tiene que llegar".
Además, durante su intervención reclamó "previsibilidad y estabilidad" al Gobierno central porque en dos meses y medio se han promulgado "200 normas" y se han entrado en "enormes contradicciones".
González de Lara también se quejó de que "se ha dinamitado" el diálogo social y apostó por "marcar un camino de impulso del diálogo social" en Andalucía junto a centrales sindicales y el Gobierno andaluz porque "estamos en un momento de enorme responsabilidad".
En cuanto a las consecuencias económicas de la pandemia, cree que es pronto para evaluar el impacto de esta crisis, e incidió en que "ahora mismo el objetivo es que los ERTE no pasen a ERE".
El presidente de la CEA rechazó que haya una crisis del modelo productivo y recordó que en febrero la comunidad crecía al 2%.
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