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Factura de la luz
Exactamente 377.800 andaluces que hasta la fecha pagan menos en su factura de la luz al disfrutar del bono social eléctrico están a sólo tres semanas de perderlo si no renuevan su solicitud. No es cosa menor, como diría Rajoy, si se tiene en cuenta además que el precio de la luz lleva semanas marcando cifras históricas y no tiene visos de que vaya a bajar abruptamente a corto o medio plazo. Así, por ejemplo, la factura mensual de la luz puede suponer fácilmente el 10% de una pensión mínima a mayores de 65 años si no se recibe esta ayuda.
Endesa, que gestiona el suministro de la prácticamente la totalidad de los consumidores acogidos a esta de ayuda social en Andalucía, ha comenzado esta semana a enviar cartas a los interesados en las que informa de la necesidad de presentar una solicitud y la correspondiente documentación si desean renovar el bono social. El Gobierno también ha iniciado una campaña intensiva para recordar la obligatoriedad del trámite, con anuncios en distintos medios de comunicación. Además, ambos han puesto a disposición de los usuarios sendas apps para facilitar la solicitud.
El principal problema estriba en que este trámite tiene que hacerse 15 días antes de finalizar el plazo el próximo lunes 8 de octubre. En dicha fecha concluirá la prórroga de seis meses que el Gobierno anterior del PP fijó para que entrará en vigor de forma efectiva la nueva normativa que regula este bono.
Una prórroga que el Ejecutivo se vio abocado a aprobar al comprobar que sólo un porcentaje residual había renovado el bono social cuando se acercaba la fecha de finalización, entonces el 9 de abril.
Seis meses más tarde, la situación ha mejorado bastante, pero está lejos de ser la ideal. En España, los datos son similares a los andaluces. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en agosto sólo 650.000 beneficiarios habían solicitado y recibido la aprobación a su renovación de esta ayuda social. Es decir, había 1.850.000 usuarios que no habían culminado el trámite. Prácticamente la misma proporción registrada en Andalucía.
La clave puede estar en uno de los cambios incluidos en la nueva regulación. Una variación que va a hacer que cuando finalice el periodo de renovación, las cifras no se parezcan en nada a las contabilizadas con el ya conocido como el "bono social antiguo".
Ya no se bonificará por defecto y sin tener que hacer trámite alguno, como hasta ahora, aquellas viviendas con una potencia contratada inferior a los 3kW. Esto suponía, según las eléctricas, que muchas segundas viviendas –propiedad, por tanto, de familias no vulnerables– estuvieran bonificadas innecesariamente.
Según las estimaciones, en Andalucía pueden suponer cerca del 30% de las viviendas que ahora están acogidas al bono social. Así, aunque todas las personas que cumplan los requisitos para pedir el nuevo bono social realicen el trámite, la cifra total estará alejada al medio millón de clientes subvencionados que hay actualmente.
Además, las condiciones se han endurecido en algunos casos. Los requisitos se han centrado más en la renta. "Mucha gente no ha solicitado el cambio porque no le compensa o directamente no cumple con los requisitos. En Endesa estamos preparados para un aluvión de última hora de solicitantes y todo el que cumpla con los requisitos verá renovado el bono sin problemas", explica el director de Atención al Cliente de Endesa en Andalucía y Extremadura, Julio Moratalla.
Diversas instituciones, organismos y partidos, como el Defensor del Pueblo Andaluz, CCOO o C’s, ya han pedido que se ofrezca más información sobre el nuevo bono social. Incluso una nueva moratoria. Algo que Moratalla no considera necesario: "No creo que vayamos tan mal. Ya estamos notando una fuerte subida de las solicitudes. Con una nueva prórroga sólo se logrará lo mismo que con la anterior; la gente lo dejará para el final y dentro de seis meses estaremos más o menos igual que ahora".
La CNMC obligará a Iberdrola, Endesa, Viesgo, EDP y CHC a unificar el nombre de sus comercializadoras y distribuidoras, con el fin de hacerlas más fácilmente identificables para los consumidores. Esta medida se centra en las empresas distribuidoras de gas y electricidad de más de 100.000 clientes y comercializadores de referencia y de último recurso.
El regulador ha tomado esta decisión después de observar que, en la actualidad, un mismo grupo empresarial puede comercializar el gas y la electricidad a sus clientes a través de dos empresas distintas que facturan distintos precios, a las que se les denomina como comercializadoras de referencia, o de último recurso en el caso del gas.
La resolución obligará a las empresas a modificar la denominación social para evitar la confusión en la presentación de la marca respecto a las sociedades del mismo grupo que realicen actividades de comercialización. En el caso de Naturgy, antigua Gas Natural Fenosa, ya se adelantó a esta resolución al cambiar recientemente su denominación y a diferenciar claramente sus distribuidoras y comercializadoras.
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