Sobre el altísimo, sus acólitos y el acuerdo innominado

Entre aquel exagerado “dios” de Benegas y el ordinario “p… amo” de Puente con el que se refirieron a su mandante socialista correspondiente, quizá convenga usar un término medio: el altísimo. Es una cualidad personal indudable e indiscutible, sea cual fuere la opinión personal de cada uno, aunque tiene una pega: también en esto le supera el Jefe del Estado.

El altísimo es uno y trino. Montero la Mayor nos hizo ver que sus cambios de opinión mostraban dos encarnaciones distintas: el candidato y el presidente. La tercera persona, la más humana, se manifestó en la primera Epístola a los tontainas, debidamente transmitida por el éter y no por el servicio postal. Para los acólitos fue el anuncio de la inminencia del apocalipsis, pues nada se parece más a las escenas que describió el de Patmos que las habidas frente al santuario ferrazino: llantos, lamentaciones, golpes de pecho, profesiones de fe ciega… El anuncio “Yo sigo” serenó los ánimos de los acólitos, pero sólo temporalmente ya que están sometidos a una nueva prueba de muy difícil superación: la defensa de que “No hay caso” cualquiera que fuere el caso.

Es el momento del Juicio Final: los resultados de la prueba ya están evaluados; se ha logrado la división definitiva entre progresistas y observadores (no es una errata); los pecadores carnales han sido expulsados del paraíso; ha desaparecido la creencia en falsos dioses, aquellos que relata el Libro de la Transición (nota: decirle a W. Smith que cambie el texto). El Juicio será en Mariana, dentro de unas semanas, pero antes hay que solucionar la incomprensión y las dudas con las que ha sido acogido el inédito y fenomenal acuerdo soberano-fiscal-solidario.

El problema para los socialistas es que no son conscientes de lo que se ha firmado, prueba de ello es que no saben cómo llamarlo y que no acepten ningún concepto propio del vademécum de los economistas. Se podría bautizar al innominado con algún acrónimo. Asofiso, por ejemplo, que viene de “Acuerdo de soberanía fiscal solidaria”, y en inglés quedaría bien: Sofisa, aunque no estoy muy seguro. Otra prueba es que no logran dar con un buen ejemplo para ilustrarlo. El de las provincias es una memez, aunque quizá el de Cuenca signifique que nos quieren mirando hacia ella, sólo los que sigamos haciendo un régimen común, claro está, no los buchinger.

Por otra parte, la afirmación de que el sistema podría extenderse a cualquier otra comunidad, demuestra, simplemente, no saber de qué se está hablando. Y algo todavía peor: un alarmante desconocimiento de los fundamentos de la Hacienda Pública, cuya función va mucho más allá y es bastante más importante que la mera presupuestación, recaudación y ejecución del gasto. Pero supongamos que fuese posible y que todas lo quisiesen. En este caso ¿para qué nos harían falta el Gobierno y la Administración del Estado? Los acuerdos bilaterales o multilaterales entre fede-comunidades podrían llegar a ser suficientes para atender las funciones y servicios públicos en sus ámbitos. Si además pudieran ser soberanas, a lo mejor alguna querría integrarse en Portugal ¿por qué no? Hablando de Portugal, ¿por qué puedo registrarme tan fácilmente como mujer, mientras que no podría registrarme como portugués en el momento en que así me sintiese?

Según lo afirmado en el último sermón, al margen de la vacua comparación del Lamborghini - “No vayas a decir Ferrari, jefe, que ese lo tiene uno de los nuestros” -, el Fondo de Compensación Territorial (FCT) será el medio constitucional empleado para garantizar la solidaridad, aumentando su dotación (“mucho más de lo que hizo el PP” o algo así. Es inevitable). Días después, la vice altísima primera le ha puesto cifras al aumento: unos 400 millones de €, lo que duplica su volumen actual.

Detengámonos un momento en esto. En la última reforma, al fondo de compensación se ha añadido un fondo complementario, sumando ambos el actual FCT. Son receptoras todas las comunidades y ciudades de régimen común, salvo Madrid, Cataluña y Baleares. Su presupuesto es exactamente el mismo desde 2014: 423,43 millones de €, (unos 160 para Andalucía) y sólo ha habido unas levísimas variaciones entre comunidades. Ni el PP ni el PSOE se han atrevido a abordar una revisión del sistema que había de ser quinquenal, aunque parece que ahora se va a crear un comité de expertos a tal efecto (esperemos que esta vez existan de verdad).

Es evidente, no hay que hacer cálculos, que ese aumento no va a compensar la pérdida de ingresos para el Estado, por muy al alza que se fije el importe de los gastos estatales realizados en Cataluña, incluso pasando al cobro su déficit de Seguridad Social. Es menos evidente, pero también cierto, que el hueco de financiación no se va a poder cubrir con impuestos. Quizá por estas razones, el Gobierno va a tratar de sobornar –acéptenme este término– a las restantes comunidades, ofreciendo no sólo el alto honor de una recepción personal e individual, sino quizá alguna promesa de inversiones, la (aparente) toma en consideración de sus propuestas para la reforma del sistema, o el compromiso de solucionar algún problema apremiante.