"No podemos hacer las cosas de arriba a abajo, hay que escuchar a los agricultores"

Luis Planas ha pasado en estas semanas por quizás su momento más complicado como ministro de Agricultura. Ha tenido que gestionar una protesta agraria que aún continúa y que revela una situación de fondo que no había sido lo suficientemente detectada. En esta entrevista explica sus causas y las soluciones que se proponen a nivel europeo y nacional.

Las protestas de agricultores y ganaderos se prolongan ya durante seis semanas en España y más aún en el resto de Europa. Está claro que evidencian un malestar profundo. ¿Admiten las autoridades europeas y las gubernamentales, que aprobaron en su momento la PAC, que se ha ido demasiado rápido con algunas medidas, que se han cometido errores?

Pasan varias cosas. Hay un proceso de transformación muy profundo del sector primario. Cada vez más, las empresas agrícolas son más productivas y competitivas, pero su número disminuye; falta relevo generacional y la guerra de Ucrania ha perturbado los mercados con un alza de materias primas y fertilizantes. Junto a esos elementos, hay una llamada de atención política. El mundo rural europeo quiere que se le escuche, que se le respete y que se le dé capacidad de expresar lo que piensa de los grandes temas europeos. La orientación de esta última PAC ha sido la correcta, ha devuelto poder a los Estados miembros y tiene una mayor carga de sostenibilidad, pero ha habido una parte negativa, que hay que admitir: el diseño ha sido muy complejo y está siendo muy compleja su aplicación. Por lo que se refiere al Pacto Verde, la vía ambiental es la única posible, pero ya dije en su momento que no podemos hacer las cosas de arriba a abajo y que hacía falta escuchar más a los agricultores y ganaderos.

¿No tiene la impresión de que se les exige cada vez más pero con el mismo apoyo o menos apoyo financiero que antes?

Esta es una cuestión muy importante de cara al futuro. La anterior PAC era el 33% del presupuesto europeo y la actual el 31%. Afortunadamente, en el caso de España, mantuvimos una cantidad equivalente a la del periodo anterior. Pero hemos tenido que enfrentar una crisis de mercado por la invasión rusa de Ucrania y ha habido, como en el caso de Andalucía, perturbaciones climáticas muy serias. El fondo de reserva agrícola está pensado para las crisis de mercado, pero no para las climáticas. Tenemos que empezar a pensar en que en la próxima PAC van a hacer falta más medios. Hay que volver al espíritu de lo que fue hace 60 años la política agrícola común originaria, lo que implica un nuevo contrato social con nuestros agricultores y ganaderos.

¿Habla de garantizar la soberanía alimentaria, que sea ese el foco principal de la PAC?

A diferencia de lo que ocurría en los años 50, no podemos hablar de inseguridad alimentaria en la Unión Europea, sería un contradiós, pero sí hemos descubierto que somos vulnerables. Se habla de cómo conseguir la autonomía estratégica de la Unión Europea en defensa y en energía, pero también es clave la alimentación.

Eso implica más apoyo financiero para los agricultores.

Estamos en una economía de mercado y en España, como media, el 80% de los ingresos de una explotación agroalimentaria provienen directamente del mercado. Solo un 20% viene de la PAC. ¿Hacen falta más medios? Yo creo que sí, sobre todo pensando en esos fenómenos climáticos. Este año hemos peritado 1.231 millones de daños en el campo. Esta claro que hace falta más dinero, hacen falta más jóvenes y más digitalización e innovación en el sector agroalimentario, y sobre todo ese gran acuerdo europeo para que el mundo rural se considere dignificado y justamente considerado.

Los productores españoles tienen la impresión de que Europa no se preocupa por su rentabilidad y solo está enfocada a la parte ambiental. ¿Puede ser este un punto de inflexión?

Yo creo que cada vez más hay más conciencia de esa necesidad de rentabilidad y las medidas que se están planteando lo evidencian.

Vamos a las medidas, entonces. Dentro de lo que se va a aprobar, presumiblemente, ¿qué es lo más importante?

Primero está el tema de la simplificación, en relación con la rotación de cultivos, el barbecho, las fotografías georreferenciadas y sobre todo en relación control de las pequeñas explotaciones de tamaño inferior a 10 hectáreas. Se van a flexibilizar los exámenes de la condicionalidad, lo que afecta a 345.000 de los 620.000 declarantes que tenemos en España, más del 55%. En cuanto al calendario, tras el paso este viernes de la Comisión Europea ahora los ministros tenemos que aprobar los reglamentos, y nos reunimos el martes 26 en Bruselas. El Parlamento Europeo tiene su último pleno en abril y yo creo que tenemos una oportunidad para no dejar para la próxima legislatura europea temas que son urgentes.

¿Cuándo entrarían estos cambios en funcionamiento?

Si todos hacemos nuestra tarea podrían estar quizás a más tardar a principios de del mes de mayo en el Boletín Oficial de la UE. La declaración de la PAC (está abierta ahora) se extiende hasta final de mayo, pero se podría prolongar el plazo para hacer posible que buena parte de estas reformas sean aplicables ya en 2024.

También hay cambios en la regulación de la cadena alimentaria a nivel europeo.

La directiva sobre prácticas comerciales de la UE va a incluir la venta a pérdidas a nivel comunitario, como en España. Esto es muy importante para un país que vende prácticamente dos tercios de los 70.000 millones que exporta a la UE. En España he planteado a transformar la AICA, la Agencia de Información y Control Alimentario, en una agencia estatal para reforzar su capacidad de actuación, así como nuevos planes de inspección. De todas formas, es fundamental la organización del propio sector primario: los sectores más organizados consiguen mejores resultados. La ley puede hacer mucho, pero no todo.

El agricultor se queja no solo de la venta a pérdidas sino de que su negocio apenas le da para sobrevivir a duras penas.

Yo creo que aquí hay, como en todo en la vida, distintas realidades. En términos macroeconómicos, el crecimiento del sector primario en 2023 fue de un 11%. ¿Cómo casa eso con la realidad de lo que escuchamos en las protestas? Pues simple y llanamente, en el sector agrario hay muchas velocidades. Hay empresas que son muy rentables y muy competitivas, normalmente aquellas volcadas sobre todo en la exportación; otras que tienen dificultades y están un poquito por arriba o un poquito por abajo del umbral de rentabilidad; y después muchos pequeños agricultores que tienen dificultades para sobrevivir, que están poco organizados y que protestan. La PAC actual es más redistributiva porque estos agricultores necesitan un apoyo mayor.

¿Se van a poder aplicar las cláusulas espejo (reciprocidad en cuanto a prácticas ambientales y uso de fitosanitarios), una de las reivindicaciones que con más ahínco sostienen los productores?

Es un tema que me preocupa mucho. Nuestros agricultores se quejan, con razón, de que un producto fitosanitario prohibido en la Unión Europea es utilizado en un país tercero. El sistema homologado por la Organización Mundial del Comercio es el de llamado límite máximo de residuos. Es el llamado principio de equivalencia. Pues yo creo que hay que ir al principio de reciprocidad es decir, producto prohibido aquí, producto prohibido allí. Podemos hacerlo

Pero parece muy complicado. Hay países que se oponen.

Pero yo creo que lo podemos hacer. Hay dos antecedentes que me parecen que están en esa filosofía. Acabamos de adoptar un reglamento deforestación, donde controlamos que los productos que importa la Unión Europea no procedan de zonas deforestadas. Y estamos cobrando una tasa por carbono para aquellos países que no tienen una normativa semejante a la europea respecto de las emisiones de CO2

¿Por qué hay tanta resistencia a esto?

Porque los que se oponen son países importadores netos y les preocupa más el precio que las condiciones de producción de un determinado producto.

Vamos con las medidas específicas del Gobierno para dar respuesta a las demandas de los agricultores.

Las decisiones se plantean a nivel europeo, gubernamental y también de comunidades autónomas, por ejemplo, en materia de simplificación de las iniciativas de desarrollo rural, de la autorización en determinados supuestos de labranza, etc. En la reunión que mantuve hace algunas semanas con las comunidades autónomas les planteé que se concentraran en una sola fecha las inspecciones relativas a la PAC y la sanidad animal.

Hábleme de las que medidas que afectan al Gobierno, en concreto.

Pues las relativas al propio cuaderno digital. Estamos dispuestos a introducir una voluntariedad incentivada hasta 2026.

Los agricultores dicen que usted en esto ha ido más rápido que la propia UE.

No sé si hemos sido más rápidos, pero sí más ambiciosos pero porque la agricultura española no está en la cola de la Unión Europea, está en cabeza. Me ha parecido un poco sorprendente que algo como el cuaderno digital, que está muy implantado en muchas explotaciones agrarias y ganaderas, fuera objeto de contestación. Pero hemos tomado nota. Yo soy una persona dialogante, estoy dispuesto a reconsiderar ese calendario.

Se ha hablado de una rebaja de módulos del IRPF que vaya más allá de las cuestiones de sequía.

Sí, hay tres tres bloques de temas que hemos conversado con las organizaciones agrarias. Yo diría que están casi ultimados. Son, efectivamente, algunas ventajas fiscales, apoyos financieros para la explotaciones agrarias y también una mayor refuerzo de nuestro sistema de seguros agrarios.

¿Qué hace el Gobierno de España para que se cumpla la legislación actual sobre contingentes -cupos máximos- de otros países y qué medidas se van a aplicar para reforzar el sistema?

El control de los productos agroalimentarios de países terceros que entran por nuestras fronteras funciona. Es una competencia de la Unión Europea, ejercida por España, a través de la denominada Unión aduanera. La Unión aduanera cuenta con el sistema de control exterior más avanzado del mundo junto al de Estados Unidos. Lo avala el gran número de alertas que notifican todos los Estados miembro. Como ejemplo, el puesto de control fronterizo del Puerto de Algeciras examinó a lo largo de 2023 y en enero de 2024 un total de 125.829 solicitudes de importación y sometió a control 181.000 productos, de los que el 91% eran frutas y hortalizas. El Gobierno ha instado a la Comisión Europea a arbitrar medidas para mejorar la coordinación de las aduanas de los Estados miembro y en España tenemos previsto reorganizar la inspección en frontera para potenciar aún más la eficacia de los controles.

¿Qué opina de la polémica por la detección de fresas con hepatitis A?

Un buen ejemplo de que los controles funcionan es la detección de hepatitis A en una partida de fresas procedentes de Marruecos por parte de Sanidad Exterior en el Puerto de Algeciras. Ninguna de esas fresas contaminadas ha llegado a ser puesta a la venta para su consumo. Los consumidores españoles pueden estar tranquilos porque el sistema de control y alertas de la Unión Europea mantiene la alta seguridad alimentaria en todo el mercado comunitario.

La Junta, con el apoyo unánime de las organizaciones agrarias, sigue reclamando la reformulación de las regiones agronómicas y una revisión de los ecorregímenes. ¿Va a acceder a ello el Gobierno?

Muchas veces me pregunto cuál es la posición de la Junta de Andalucía. Cuando discutimos la PAC y llegamos al acuerdo el 14 de julio de 2021, había 16 comunidades a favor de que se crearan un máximo de cuatro o cinco regiones de pago, lo cual hubiera supuesto un descalabro financiero absoluto para Andalucía. Fue el Gobierno el que puso sobre la mesa el pacto final, que pasaba de 50 a 20 las regiones. Y nunca he recibido una palabra, no de agradecimiento, pero sí de reconocimiento, aunque tampoco la espero. LA PAC tiene elementos de impacto muy positivos para Andalucía. Por ejemplo, la inclusión del régimen de los pequeños agricultores. La Junta de Andalucía defendía que no se pusiera a un límite de 100.000 euros (a las ayudas), pero me tocó a mí rescatar a los 185.000 agricultores andaluces que perciben menos de 5.000 euros. En cuanto a los ecoregímenes hemos buscado un sistema lo más amplio posible de aplicación a todas las realidades agronómicas . Tres de cada cuatro agricultores y el 87% del total de la superficie declarada se ha acogido a ellos. Hay que modificar alguna cosa, yo he hablado de los terrenos más áridos, pero no se puede vivir es fuera de la realidad y pretender que esos ecorregímenes sean como el antiguo pago verde. Y la Junta no es una organización agraria ni una oficina de correos. No se trata de enviar a Madrid lo que dicen las asociaciones agrarias. He visto escritos donde aparecen los logotipos de la junta y los de las organizaciones. Es un gravísimo error. Quienes somos Gobierno tenemos la obligación y la competencia para tomar decisiones.

La Junta ha publicado un informe que dice que la región perdió 120 millones en 2023 en relación con la anterior PAC

Primero hay que decir que estamos hablando de una PAC aplicada a agricultores y ganaderos. No es un modelo como el Fondo de Compensación Interterritorial que recibe la administración. Si se hubiera aprobado lo que 16 comunidades querían Andalucía habría perdido el 50% de sus fondos actuales, un descalabro absoluto. He escuchado una escala decreciente: al principio eran 2.000 millones, luego 800, 500, ahora escucho 120. Pero es que esos datos solo se sabrán cuando acabe este periodo el 30 de junio y habrá que valorarlos en relación con el conjunto y teniendo en cuenta que es una PAC para agricultores y ganaderos individuales, no para territorios. Me extraña que los partidos nacionalistas no planteen esta lectura de la PAC y sí lo haga la Junta.

Hay medidas que reclaman los agricultores, como la bonificación de las cuotas a la Seguridad Social para compensar el impacto del alza del salario mínimo, que dependen de otros Ministerios. ¿Se están abordando también?

Yo soy responsable del Ministerio de Agricultura y lo que es competencia de otros ministerios lo traslado a estos ministerios, pero es competencia es de ellos. Respecto al tema que usted ha planteado, porque alguien plantee un asunto en una entrevista no significa que las organizaciones lo planteen todos los días. Si nos ponemos a hacer una lista, pues podríamos hacer una muy larga. Los temas básicos planteados han sido los de la simplificación, la cadena alimentaria y las cuestiones comerciales. Después se ha añadido alguno más, pero eso es lo básico.

¿Va a dar el Gobierno interlocución a la recién creada Plataforma 6F?

Yo respeto a los agricultores que se manifiestan ahí, pero no lo acepto en la medida en que son manipulados políticamente por la extrema derecha. También hay política en todo lo que estamos viendo, hay quien está pretendiendo aprovecharse de los problemas y de las inquietudes agricultores y ganaderos para hacer política. Tenemos una interlocución con la representación mayoritaria de las organizaciones profesionales agrarias, Asaja COAG y UPA.