El sector agrario andaluz exigirá la dimisión de Planas si no retira el decreto de transición de la PAC

El sector agrario andaluz vuelve a alzar la voz ante el decreto de transición de la Política Agrícola Común (PAC), las ayudas de 2021 y 2022, y los planteamientos gubernamentales para la reforma del modelo a partir de 2023. A juicio de Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias los agricultores andaluces saldrán muy perjudicados de esta senda. Por eso, pedirán la dimisión del ministro de Agricultura, Luis Planas, si no retira el decreto de transición publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 27 de enero y no abre una mesa de diálogo; y, también, si no apuesta por mantener el peso andaluz en las ayudas a partir de 2023, en coherencia con su propia política de conservar el peso de España en el marco de la UE.

Las organizaciones agrarias han querido con la rueda de prensa de este jueves dar una imagen de unidad frente al "atentado" que supone el decreto de transición, que acelera la convergencia entre agricultores de una misma región productiva (en España hay 50) hasta el 80% de la media de la región en 2022 (cuando Europa, dicen, pide el 75% en 2027) y elimina el límite de pérdidas de los que más subvenciones reciben por hectárea. Según el sector "Andalucía no es una región más" y "un cambio tan brusco como el aprobado por el Gobierno de España va a conllevar más desempleo y más pobreza en Andalucía" y también en España. Piden diálogo y no politizar la cuestión. Ahora les apoya la Junta de Andalucía (PP-Cs) pero en 2018 lo hizo también la administración que lideraba Susana Díaz.

Asaja, COAG, UPA y Cooperativas sostienen que si hay más agricultores andaluces que reciben ayudas más altas es por su potencial productivo. La comunidad, dicen, "ha generado una parte muy importante del presupuesto de la PAC gracias a su trabajo y apuesta por la agricultura y la ganadería". Según explica el presidente de Asaja-Andalucía, a los productores del sur "no les ha tocado la lotería; las ayudas vinieron determinadas en su día por la productividad de las zonas. Y cuando se cambió el sistema (desvinculación de las ayudas de la producción) se hicieron pagos compensatorios para que no perdieran rentas".

Miguel Cobos, secretario general de UPA Andalucía, hace especial hincapié en el golpe que supone el decreto de transición para la ganadería. "Vacuno, ovino y caprino tienen derechos especiales, de tal manera que con poca superficie cobran un importe bastante grande; ahora pierden miles de euros sin sentido". También sale perdiendo mucho el olivar de regadío, con ayudas más altas por hectárea. Según un informe interno de COAG, al menos 38.500 agricultores andaluces perderán al menos el 20% del total de sus ayudas en dos años.

Por su lado, Miguel López, secretario general de COAG, aseguró que el ministro Luis Planas "va de Robin Hood, pero más que Robin Hood parece un sicario porque viene atacar al elemento central del tejido productivo agrario. Quiere quitar los recursos de ahí como si fuese una labor solidaria".

Para el sector, el decreto de transición es "la antesala de la posición que tomará el Gobierno de España a la hora de distribuir las ayudas de la PAC" y "consuma

la declaración de intenciones del ministro de reducir drásticamente el número de regiones productoras, eliminar los derechos históricos y realizar el reparto de las ayudas

bajo un modelo de tarifa plana sin tener en cuenta la rentabilidad de las explotaciones".

Conforme a los datos que manejan organizaciones agrarias y cooperativas, reducir las 50 regiones actuales a las 5 o 7 que pretende el MAPA supondrá que los más de 232.000

perceptores andaluces pierdan en torno a un 50% de los 1.300 millones de euros que reciben actualmente (pago base + pago verde) y que entre 54.000 y 120.000 agricultores y ganaderos queden fuera del sistema de ayudas.

Juan Rafael Leal, presidente de Cooperativas Agro-Alimentarias Andalucía mencionó un informe de la Consejería de Agricultura en el que cifra las pérdidas para los agricultores andaluces en este escenario en 486 millones de euros mintras que Castilla-La Mancha ganaría 224, Castilla-León 221 y Extremadura 81.