Adeslas, Asisa y DKV renuncian a acudir al concierto de Muface y mandan a 320.000 andaluces a la sanidad pública

 Ninguna aseguradora se ha postulado para ofrecer cobertura sanitaria a los funcionarios a través de Muface durante los próximos dos años, ni siquiera alguna de las tres que hasta ahora daban cobertura, Asisa, DKV y Adeslas.

Al concluir este martes el plazo para presentarse al nuevo concurso, ninguna empresa lo ha hecho, según ha confirmado Muface, que ahora trabaja en una nueva licitación, en principio con mejores condiciones, para ofrecer cobertura a 1,5 millones de personas, entre funcionarios y familiares, que, sin concierto, tendrían que integrarse en la sanidad pública. En Andalucía los afectados son 320.000 personas, que, si nada o remedia, serán recepcionados por la sanidad andaluza. Son, en concreto, los funcionarios de la Policía Nacional, los docentes de las distintas etapas educativas (incluidos los universitarios), los empleados de la administración general y también sus familiares.

Muface ha asegurado que todos ellos recibirán en 2025 y 2026 las mismas prestaciones sanitarias y sociales que en la actualidad "con arreglo a los mecanismos previstos en la Ley de Contratos del sector público".

Para el concierto de 2025-2026 se propuso incrementar la cuantía total de la contratación a 1.337,05 millones de euros en 2025 y 1.344,55 millones en 2026, lo que suponía un incremento en la prima del 17,12%, la mayor de la historia.

Sin embargo, este aumento estaba muy lejos de la subida del 38% que las aseguradoras consideraban necesaria para que la prestación del servicio no sea deficitaria.

Ante esta situación, el Gobierno ya anunciado tiene previsto lanzar una nueva licitación de Muface. "Una vez que la licitación ha quedado desierta, Muface, como órgano de contratación, iniciará los trabajos para una nueva licitación", indica el Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública en un comunicado.

MIentras, el Ministerio de Sanidad está analizando el impacto que podría tener para el Sistema Nacional de Salud la absorción estos funcionarios. de momento ha garantizado que si eso ocurre, la sanidad pública trabajará para garantizar su asistencia.

Adeslas y Asisa sí apuestan por Judicatura y Fuerzas Armadas

Los contratos que no han quedado desiertos son los que prevé la cobertura sanitaria al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas), con cerca de 560.000 funcionarios y sus beneficiarios (miembros del Ejército, CNI, guardias civiles y personal del ministerio de Defensa), y para la Mutualidad General Judicial (Mugeju) que atiende a cerca de 92.000 funcionarios del ámbito judicial y sus familiares.  En Andalucía hay 138.165 beneficiarios de Isfas y algo más de 18.000 de Mugeju.

Para esos contratos se han postulado Asisa y Adeslas, mientras que DKV tampoco se ha presentado a estas convocatorias también "obligada por la insuficiencia de la propuesta económica, que llevaría a un empeoramiento de la atención al paciente y a un deterioro de la retribución a los profesionales sanitarios", según ha dicho en un comunicado.

SegurCaixa Adeslas, que era la que mayor cuota de mercado acapara en la cobertura a los funcionarios civiles del Estado -de los que el 65% son profesores y un 17% pertenece a cuerpos de la Administración General del Estado-, ha decidido quedarse fuera a partir del año que viene.

Sin embargo, sí se postula para dar cobertura a la judicatura y miembros de las fuerzas armadas por las características específicas que presentan estos colectivos, de un total de 650.000 personas, con unas "tendencias de demanda sanitaria que permiten un equilibrio entre la oferta de financiación realizada por la Administración y los costes sanitarios esperados".

Así se ha expresado en un comunicado en el que no hace alusión directa alguna al hecho de que la edad media de esos colectivos tiende a ser menor que la de los funcionarios, con lo que previsiblemente sus necesidades sanitarias son menores.

Con esta decisión, Adeslas defiende mantener su compromiso con el sistema del mutualismo administrativo a través del cual "presta asistencia sanitaria desde hace décadas a los funcionarios que, año tras año, confían en la calidad de la prestación sanitaria que les ofrece".

Asisa: Se pondría en riesgo nuestra solvencia

Por su parte, Asisa dice que ha analizado con detalle los pliegos y ha deducido que en el caso de Isfas y Mugeju "se dan las condiciones mínimas para la continuidad del modelo a corto plazo".

En el caso de Muface, sin embargo, cree "que las condiciones establecidas en la licitación son insuficientes y no permiten mantener la actual calidad asistencial", defiende en un comunicado.

Por ello, insta a la Administración a replantear las condiciones de la licitación en el caso de Muface y explorar nuevas soluciones y alternativas para mantener un modelo que ha sido a lo largo de su historia un ejemplo de colaboración público-privada.

"Así lo demuestra el alto nivel de aceptación por parte de los funcionarios que mayoritariamente eligen a una aseguradora privada para cuidar su salud", sostiene.

DKV perdería más de 70 millones en dos años

DKV explica que no participará en los próximos conciertos de Muface y Mugeju, en los que está presente ahora, por primera vez desde la creación de las mutualidades, tras haber perdido en el último concierto unos 70 millones antes de impuestos.

CSIF anuncia movilizaciones para el 11 de noviembre

 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha acusado al Gobierno de poner en riesgo la asistencia sanitaria de los funcionarios.

 CSIF exige que el nuevo proceso de licitación anunciado por el Gobierno garantice una subida de primas que permita la continuidad del modelo; y recuerda que ya advirtió que la oferta del Gobierno era "totalmente insuficiente" y que el modelo "corría el riesgo de morir por inanición".

 "Nuestros funcionarios se merecen la mejor atención en el marco de un modelo asistencial que forma parte de sus condiciones laborales desde el momento en el que ganan la oposición", concluye, recordando que el próximo lunes, 11 de noviembre, está convocada una manifestación en las subdelegaciones del Gobierno de toda España y frente al Ministerio de Hacienda en defensa de la mejora de las condiciones de los empleados públicos y la continuidad del mutualismo administrativo.