Las aceitunas de mesa tienen la negra

El Departamento de Comercio de Estados Unidos inició en junio de 2017 una investigación sobre la aplicación de subsidios no admisibles y prácticas de dumping contra productores y exportadores de aceituna negra, particularmente las tres empresas sevillanas Agro Sevilla Aceitunas S. Coop. And., Ángel Camacho Alimentación S.L. y Aceitunas Guadalquivir S.L.U. El peticionario de la investigación fue la a propósito denominada Coalition for Fair Trade in Ripe Olives (Coalición por el Comercio Justo de Aceitunas Maduras), una entidad cuyos miembros individuales son las dos únicas empresas californianas envasadoras de este tipo de aceitunas: Bell-Carter Foods, Inc., y Musco Family Olive Co., ambas de carácter familiar, sin perjuicio de una dimensión apreciable, y con una trayectoria de varias generaciones. En la actualidad, en California sólo hay 900 productores de aceituna de mesa, una superficie cultivada de 18.000 acres (menos de 7.300 hectáreas) y los dos envasadores mencionados.

Los argumentos bajo los que solicitaron la investigación alertaban del riesgo para la supervivencia de esta producción en Estados Unidos (es decir, en California) si no se produce un alivio adecuado a las importaciones subvencionadas y objeto de dumping de aceitunas maduras procedentes de España. Se afirma que la industria española ha ganado participación en el mercado norteamericano a expensas de sus productores nacionales mediante precios bajos, en gran medida debidos a que la industria aceitunera española se beneficia de un amplio conjunto de subsidios provistos por la Unión Europea y por el Gobierno de España. Y se sostiene también que desde ambas administraciones se ha reconocido públicamente que los subsidios han permitido la continuidad de un sector que en otro caso sería inviable.

La investigación se realizó mediante petición de información detallada a las empresas y visita de inspectores, que dieron como resultado la aplicación de una tasa preliminar ad valorem, mediante depósito en efectivo, compensatoria del supuesto efecto de las subvenciones. Esta tasa, establecida en los meses de noviembre y enero, era en conjunto y hasta hace pocos días del 17,13% en concepto de antidumping y del 4,47% en concepto de compensación de subvenciones, un 21,60% en total. Su efecto fue casi inmediato, reflejado en una caída de la exportación del 42,4% en el primer trimestre de 2018. Siempre según la información adelantada por la patronal española, Comercio en Estados Unidos ha decidido aumentar el arancel antidumping del 17,13% al 19,98%. A principios de esta semana se han ampliado ambos aranceles, particularmente el de compensación de subvenciones que se eleva 10 puntos porcentuales sobre el anterior. Estos aranceles, dispares según productores, se sitúan ahora en un 34,75% en conjunto, si bien están sujetos a una decisión final que habrá de producirse en el mes de julio.

El impacto sobre la demanda de aceitunas negras españolas puede ser de nuevo inmediato, ya que se trata de un producto en el que existe una intensa competencia en precios, dado que en realidad es una commodity y como tal con escasísimas sino nulas posibilidades de diferenciación que den soporte a un precio más elevado.

En realidad, abstrayéndonos de los fabricantes individuales, se trata de una competencia entre dos territorios, la provincia de Sevilla y las zonas de producción californianas, entre los cuales las diferencias de volúmenes de producción, rendimientos y superficies cultivadas son casi descomunales en favor de la provincia española. Y a ello se pueden añadir tres factores adicionales. El primero es que las empresas españolas se benefician del aprovechamiento de economías de alcance, ya que procesan una apreciable diversidad de aceitunas, mientras que los productores americanos que han instado el procedimiento producen exclusivamente aceitunas maduras. El segundo es que sus dimensiones les permiten beneficiarse de las economías de escala que existan en un proceso puramente industrial. Y el tercero, y de gran interés, es que a la variabilidad característica del volumen de producción californiano se enfrenta una producción española mucho más estable, lo cual es un factor de importancia para las grandes cadenas de distribución ya que se aseguran el aprovisionamiento, particularmente el destinado a su propia marca comercial.

No le falta razón al ministro Planas cuando afirma que no hay razones económicas fundadas para la imposición de este arancel. Puede señalarse, entre otras cosas, que no se ha demostrado que haya una relación causal entre las ayudas de la PAC que reciben los agricultores y los precios inferiores de los envasadores andaluces, ni se ha identificado un mecanismo de transmisión de los efectos de dichas ayudas. A ello se puede añadir que se han tomado en consideración, en algún caso, ayudas que resultan sorprendentes para este caso, dada su naturaleza: un proyecto que recibió financiación de la Agencia Andaluza de la Energía, por ejemplo. E incluso se podría añadir que resulta algo sorprendente la utilización de sentimientos (tradición de la producción en riesgo, generaciones familiares dedicadas a la actividad, por ejemplo) en la declaración de los industriales californianos ante la Comisión de Comercio Internacional de EEUU producida en julio de 2017, cuando lo que se sustancia es un asunto de puro cálculo económico.

En esa declaración, cuya transcripción es pública, contrastan las afirmaciones poco fundadas e incluso los juicios de valor de los representantes de las empresas norteamericanas frente a los sólidos argumentos expuestos por los representantes de las empresas españolas, de la Embajada de España y de la Comisión Europea.

No es nueva la intención de los aceituneros californianos, en varias ocasiones en el pasado han tratado de que se estableciesen medidas similares aunque sin éxito. E incluso cabe recordar que hace algunos años se produjeron quejas contra su propio gobierno, a propósito de ayudas de EEUU a Marruecos que incluían la modernización de sus prácticas de cultivo del olivar.

Sin embargo, la actual orientación de la política comercial norteamericana parecía favorable a que el Departamento de Comercio iniciase un caso de esta naturaleza: el impacto económico se limita a un reducido número de envasadores y a un ámbito geográfico también limitado, por lo cual no cabría esperar una contundente respuesta europea y española ni el inicio de una guerra arancelaria. A través del procedimiento, en realidad, se ponen en cuestión las ayudas de la PAC en cuanto a su incidencia en el comercio internacional. Y éstas han sido siempre criticadas por Estados Unidos, que las contempla como una forma de distorsión en la formación de precios.

En esencia, se está intentando abrir la discusión sobre si las ayudas de la PAC, tras sus modificaciones y su desacoplamiento de la producción, están debidamente incluidas dentro de la "caja verde" establecida en el Acuerdo sobre Agricultura de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que incluye como legítimas las ayudas no distorsionadoras del comercio. Y este asunto es verdaderamente serio, no faltan quienes sostienen que el desacoplamiento de las ayudas comunitarias es más aparente que real; es decir, se mantienen pagos similares a los agricultores y sólo cambia el concepto por el que son recibidas las ayudas.

Por ello pudiera ser comprensible que la Comisión Europea tuviese reticencias a la hora de plantear el caso ante la OMC, a pesar de la firme resolución del Parlamento Europeo en apoyo a los exportadores españoles. Lo que creo que no tendría ningún sentido sería instar acciones de represalia comercial cuyas consecuencias son impredecibles, por ello es de alabar la discreción y la profesionalidad con la que han venido actuando las empresas afectadas y su patronal Asemesa ante un asunto de gran complejidad.