Análisis
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Buenos aires/La petrolera YPF, sobre la que este lunes la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, envió al Congreso un proyecto de ley para su expropiación, es una de las mayores empresas del país, columna vertebral del mercado de hidrocarburos y una marca asociada en el imaginario popular a un pasado de esplendor del país.
Fundada en 1922, quince años después del descubrimiento de petróleo en Argentina, Yacimientos Petrolíferos Fiscales fue una de las empresas pioneras en el mundo como petrolera estatal integrada verticalmente e inspiró la creación de otras grandes del sector, como la brasileña Petrobras. La empresa cayó dentro de la ola privatizadora del gobierno de Carlos Menem (1989-1999) y en enero de 1999 Repsol entró en YPF al comprar al Estado argentino el 14,9% de la petrolera por unos 2.000 millones de dólares. En abril de ese mismo año, Repsol lanzó una oferta pública de adquisición por el resto del capital de YPF, que supuso valorar la compañía en unos 13.400 millones de dólares. En 2007, el grupo argentino Petersen, de la familia Eskenazi, afín al entonces presidente Néstor Kirchner, esposo de la actual mandataria, compró el 14,9% de YPF a Repsol y en mayo de 2011 adquirió un 10% adicional.
La petrolera, participada por Repsol en un 57,43%, es el primer contribuyente al fisco argentino, el mayor productor de hidrocarburos del país y uno de los principales empleadores, con una plantilla de 13.500 trabajadores y miles de empleos indirectos. El Gobierno de Cristina Fernández responsabiliza a la compañía de la bajada en la producción por falta de inversión, aunque YPF sostiene que en 2011 realizó inversiones récord por 13.300 millones de pesos (3.022,7 millones de dólares), un 50% más que en 2010, y pagó impuestos por 28.000 millones de pesos (6.363,6 millones de dólares), también una marca histórica. Controla el 32 por ciento de la producción de hidrocarburos y el 23% de la de gas, según datos oficiales.
La compañía, cuyas áreas ejecutivas están desde 2008 en manos del grupo argentino Petersen (25,46%), poseía a inicios de este año derechos sobre 26 bloques exploratorios y 91 áreas de explotación. En las últimas semanas, con la ofensiva del Gobierno de Cristina Fernández, ha perdido una quincena de licencias en seis de las diez provincias petroleras del país. En 2011, YPF produjo 100 millones de barriles de petróleo, un 6,5% menos que en 2010, y 441.000 millones de pies cúbicos de gas natural, con una caída interanual del 10,1%.
El pasado año, la empresa anunció el descubrimiento de hidrocarburos no convencionales en el yacimiento de Vaca Muerta (oeste), donde ya ha producido más de 700.000 barriles equivalentes de petróleo no convencional. Pero es una apuesta a futuro que requerirá de un inversión mínima de unos 25.000 millones de dólares anuales durante una década, dinero y tiempo que una Argentina con serios problemas de abastecimiento energético no tiene ahora. De hecho, el año pasado Argentina importó combustibles por unos 10.000 millones de dólares, lo que sacudió su balanza comercial.
YPF posee el 52% de la capacidad de refino en Argentina, aportada por tres refinerías y tiene una participación del 50% en Refinerías del Norte (Refinor). Tiene, además, activos en los sectores de transporte de crudo, industria química y forma parte de un consorcio que opera el bloque Georgetown, en Guyana. En el área de comercialización, posee el 54% del mercado de naftas y el 59% en gasóleo, con 1.618 gasolineras.
Desde que Repsol se hizo con el control de YPF en 1999, la filial argentina ha cerrado sus balances en positivo, con ganancias que en algunos ejercicios equivalieron a casi la mitad de los beneficios mundiales del grupo español. YPF registró en 2011 una ganancia neta 1.204 millones de dólares, un 8,5% menos que en 2010. Tiene activos por unos 12.591 millones de dólares y un patrimonio neto que al 31 de diciembre último ascendía a 4.258 millones de dólares, mientras que sus pasivos corrientes (deudas de corto plazo) se situaban a fines de 2011 a unos 4.956 millones de dólares y los no corrientes en 3.377 millones de dólares.
El Estado argentino es titular del 0,02% de las acciones de YPF, con derecho a ocupar una silla en el directorio y poder de veto desde la privatización de la compañía, en 1999. El restante 17,09% de las acciones se cotiza en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York. Desde enero, cuando comenzó el conflicto con el Gobierno argentino, los títulos de YPF han acumulado una caída del 26,58% y su capitalización bursátil es de unos 11.000 millones de dólares.
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