Urquijo paralizó la auditoría de 2019 al no enviar las cuentas de Abengoa a PwC

Sevilla/Las cuentas de Abengoa en 2019 no sólo no han sido formuladas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) –como es exigible a una empresa cotizada– ni ante el Registro Mercantil, es que ni siquiera han sido auditadas por PricewaterhouseCooper (PwC), la sociedad designada como auditor. La inexistencia del preceptivo informe de auditoría no se ha producido porque el consejo de administración que presidía Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz e integraban Manuel Castro Aladro, José Luis del Valle Doblado, José Wahnon Levy, Ramón Sotomayor Jáuregui, Pilar Cavero Mestre y Josep Piqué Camps, paralizaron esa obligación legal al no enviar a la compañía auditora las cuentas formuladas del ejercicio de 2019, según confirmó este diario.

PwC ha admitido este hecho ante los accionistas mayoritarios de la empresa, agrupados en la sindicatura Abengoashares, que registró ante la CNMV un pacto parasocial que representa a casi el 16% del capital. Así consta en un burofax remitido el pasado 16 de diciembre a uno de los abogados de los accionistas.

Este burofax respondía a otro remitido por Abengoashares el 3 de diciembre de 2020, precisamente para demandar información a PwC, como auditora de la cotizada, de la situación económica en la que está la compañía, toda vez que Abengoa había incumplido la obligación de formular las cuentas de 2019 ante el regulador bursátil, y tampoco ha informado de varios resultados trimestrales de 2020.

La sorpresa es que, hasta ahora, se pensaba que la compañía no hacía pública la auditoría del ejercicio de 2019, pero es que ese informe del auditor ni siquiera se ha emitido.

“Como ustedes conocen, el órgano de administración es el responsable de la formulación de las cuentas anuales de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable”, responde a los accionistas el auditor de PwC España Gonzalo Sanjurjo Pose, que inmediatamente añade: “En el caso concreto de Abengoa S. A., el consejo de administración no nos ha entregado cuentas formuladas de la Sociedad y del Grupo Abengoa correspondientes al ejercicio 2019”.

En el momento de hacer esta revelación Abengoa no tenía consejo, pues había sido destituido el que presidía Urquijo en la junta general extraordinaria del 17 de noviembre de 2020. Por ello, el auditor se niega a reunirse con los accionistas y señala que sólo informará al nuevo consejo que habría de elegirse el 22 de diciembre.

El burofax enviado por Sanjurjo recuerda a los accionistas que la “responsabilidad” de PwC “como auditores es expresar una opinión sobre las cuentas anuales en su conjunto, formuladas por el consejo de administración, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, lo que excluye, por tanto, cualquier manifestación a terceros sobre partidas, saldos, transacciones particulares, o la situación financiera de la compañía en un determinado momento”. Pese a ello, el auditor reitera: “En cualquier caso, al no disponer de las cuentas anuales formuladas no es posible por nuestra parte emitir nuestro informe de auditoría”.

Aunque las cuentas de Abengoa en 2019 no están ni formuladas ni auditadas, la dirección de la compañía cuando la presidía Gonzalo Urquijo sí comunicó al regulador bursátil el resultado del ejercicio, declarando unas pérdidas de 517 millones de euros y anunciando que la matriz del grupo se encontraba en causa de disolución por estar en situación de patrimonio negativo de 388 millones y anunciaba que iba a intentar un nuevo rescate financiero, aún no ejecutado. Pero este anuncio no lo hizo hasta el 19 de mayo de 2020, cuando la obligación era anunciar los resultados antes del final de febrero.

El 2 de marzo, el consejo presidido por Urquijo se escudó en que había incumplido el plazo legal de informar del estado financiero de la cotizada porque no tenía “un informe de experto independiente para la valoración de la participación de la sociedad en Abengoa Abenewco 2, S.A”.

El 23 de marzo añadió a la falta de ese informe la necesidad de revisar el Plan de Viabilidad de la compañía, trámite previo a que se hiciese la valoración, de la primera de las filiales, de las que penden todas las demás. Es revisión se fundamenta en la pandemia de Covid-19, una hecho que en realidad acaba de sobrevenir.

Unos días después, el 31 de marzo, Abengoa comunica que le ha sido concedida una prórroga en el pago de intereses que vencían ese día, cuyo abono se retrasa hasta el 30 de junio de 2020.

Pese a esa dispensa, cuando el 19 de mayo comunica por fin los resultados de 2019, el consejo de Abengoa anuncia unas pérdidas 517 millones de euros, debido a que sostuvo que se había producido un incumplimiento de la reestructuración aprobada en 2019 al registrar la matriz patrimonio neto negativo. Además señalaba que esa situación colocaba a Abengoa S.A en causa de disolución.

La situación de patrimonio neto negativo se produce porque el experto que valoró a Abenewco 2 –que es KPMG, según desvelaría Urquijo en noviembre– contabilizó como impagada la deuda total en el balance. Una situación que no ha sido verificada por el auditor y que es clave para el futuro del grupo.

Es más, KPMG, como publicó este medio, en su informe de valoración nunca señaló ni recomendó que se situara a la matriz histórica del grupo en causa de disolución. Fue una decisión motu proprio del consejo de administración presidido por Urquijo.

Contradictoriamente, esa situación de situar al grupo al borde de la quiebra se producía además en un contexto de clara mejoría del negocio de Abengoa, que había elevado su Ebitda en 2019 a 300 millones de euros, un 60% superior al de 2018.

Además, al presentar los resultados a los inversores, Urquijo destacó el 20 de mayo que el Ebitda conseguido suponía estar un 183% por encima del objetivo del Plan de Viabilidad. No era una excepción. Se había conseguido el 100,3% del objetivo de ventas, y la reducción de costes estaba un 93% por encima del objetivo.

El consejo de Urquijo trató de solventar la situación creada con un nuevo rescate, bloqueado desde septiembre, que trata de romper el grupo, refinanciar sólo la filial operativa, y llevar a la quiebra a la matriz, vaciada de activos, pero no de deuda y pleitos.