Surgen grietas en la candidatura del olivar andaluz para ser Patrimonio de la Humanidad
Asaja, COAG y Cooperativas aseguran que la última versión del expediente incluye numerosas obligaciones y restricciones a la libertad de empresa y la propiedad de los olivareros
Piden que se precise que obtendrían los agricultores a cambio de cesiones como hacer determinadas obras, evitar la contaminación visual o aceptar inspecciones de la Consejería de Cultura
La candidatura pretende proteger el valor paisajístico de 144.000 hectáreas de olivar, sobre todo de Jaén pero también de otras provincias
ASAJA-Andalucía, COAG-Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía han emitido un comunicado en el que critican la última versión del expediente de la candidatura de la Declaración de los Paisajes del Olivar de Andalucía como Patrimonio de la Humanidad, promovida, entre otros, por varias diputaciones, las consejerías de Cultura y Agricultura, varias universidades andaluzas, la Fundación Juan Ramón Guillén y la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), además de las propias organizaciones agrarias, incluida UPA, que no se adhiere a la opinión del resto.
Según afirman las asociaciones que emiten el comunicado conjunto, "tanto el derecho de propiedad como la propia libertad de empresa se verían seriamente afectados, sin que se concreten cuáles serán las supuestas ventajas para los agricultores, ganaderos y propietarios que entrañaría la declaración de Patrimonio Mundial".
Las organizaciones aseguran que, con la declaración como Patrimonio de la Humanidad, se crearía un nuevo marco jurídico para 144.000 hectáreas de olivar (sobre todo de Jaén, pero también de Córdoba, Sevilla, Granada, Málaga y Cádiz), que pasarían a estar dentro del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Este nuevo régimen de protección incluiría "obligaciones y restricciones" como "la inclusión de la inscripción en el Registro de la Propiedad; la obligación de los propietarios, titulares de derechos o simples poseedores de los bienes de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos garantizando la salvaguarda de sus valores; la obligatoriedad de ejecución de obras y actuaciones de conservación; la ejecución forzosa, el derecho de tanteo y retracto, la expropiación, la potestad de inspección de la Consejería de Cultura, la evitación de la contaminación visual o perceptiva y la obligación de comunicar la realización de cualquier obra o intervención a la Consejería competente".
"Debe tenerse en cuenta -añaden las asociaciones agrarias y cooperativas- que las citadas plantaciones olivareras son en primer lugar, y antes que cualquier otra cosa, explotaciones agrarias, cuya buena gestión privada por parte de sus agricultores no sólo permite su supervivencia, sino que además constituye la base de la economía de todo un sector agroalimentario que es a su vez la principal fuente de riqueza y empleo de más de 400 municipios de Andalucía".
Asaja, COAG y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía rechazan un texto que tiende a "favorecer los intereses de otros sectores como el turístico, y menos bajo el pretexto de conservar un paisaje y una cultura por la que ya velan sus legítimos propietarios en virtud de su función primera y esencial, la obtención de la aceituna de la mejor calidad para la producción de aceite o para su transformación en aceituna de mesa".
Dejan claro, también, que han apoyado desde el principio la candidatura a Patrimonio Mundial de los Paisajes del Olivar de Andalucía, siempre que se estableciera como línea roja la propiedad y que no hubiera limitaciones a la capacidad productiva del olivar protegido, como, dicen, se recogía en los documentos de finales de 2017 y principios de 2018.
Desde entonces, "no se ha hablado nada de las limitaciones", hasta el pasado 20 de diciembre, cuando se informó de las nuevas medidas. En el documento, reconocen las asociaciones, se habla también de posibles ayudas a los propietarios afectados "pero no se detallan ni se evalúan económicamente las mismas".
Las asociaciones piden una reunión técnica donde "se expongan todas las consecuencias que tiene esta declaración para los olivareros afectados y, si los hay, se cuantifiquen los beneficios que puedan suponer para ellos. Y, por otro lado, que se hagan reuniones en las zonas afectadas para que sean los propios olivareros los que conozcan las consecuencias de primera mano y se manifiesten al respecto".
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