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El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos interpuestos por Bankia contra dos sentencias que decretaron la nulidad de los contratos de compra de acciones emitidas por la entidad, porque hubo error en el consentimiento al existir desfase entre las cifras del folleto informativo y las reales. La sentencia de la Sala de lo Civil del Alto Tribunal obligará a la entidad a devolver el dinero de dos suscriptores de su oferta pública de acciones, y abre la vía a miles de nuevas reclamaciones. Además, ha rechazado que la causa penal pendiente ante la Audiencia Nacional pueda paralizar las reclamaciones individuales vía civil.
Durante el pleno celebrado este miércoles, el Alto Tribunal ha considerado la decisión por la que las Audiencias Provinciales de Asturias y Valencia anulaban la compra de las acciones por parte los clientes, al estimar que el folleto informativo de la salida a bolsa, que tuvo lugar en julio de 2011, no reflejaba la situación económica real de la entidad. De esta forma, el Supremo rechaza los argumentos de Bankia, y mantiene abiertas las causas en los distintos juzgados españoles a raíz de las demandas de los pequeños inversores.
En su recurso, la entidad solicitaba que la sentencia fuese revocada al no justificar "de forma suficiente y adecuada" la falta de veracidad de la información del folleto de la Oferta Pública de Suscripción (OPS) que, según Bankia, cumplía con la normativa vigente. Asimismo, Bankia insiste en que los inversores adquirieron las acciones con independencia de la información recogida en el folleto, por lo que "incluso suponiendo que la situación no hubiese sido la descrita", los clientes habrían firmado igualmente el contrato. El tribunal también se ha pronunciado acerca de la prejudicialidad penal, y rechaza que la causa penal pendiente ante la Audiencia Nacional pueda paralizar las reclamaciones individuales por la vía civil. El Supremo ratifica así las decisiones adoptadas por los tribunales civiles, que hasta el momento, estaban fallando a favor de los inversores.
Los abogados del bufete Jausas Pablo Franquet y Jordi Ruiz de Villa han destacado la importancia del fallo del Supremo, con el que se abre un "nuevo escenario judicial" especialmente para los inversores profesionales, quienes hasta ahora permanecían a la espera de una decisión en firme. "El Supremo habla de graves inexactitudes en la única información accesible para los inversores", sostiene Franquet, y defiende que se trata de un "engaño para todos" tanto para pequeños accionistas como para grandes fortunas. En la misma línea se ha pronunciado el despacho de abogados Navas & Cusí, quienes esperan que la entidad "indemnice amistosamente" a todos los afectados por la operación pública de venta porque, consideran, "siempre es mejor el acuerdo que el juicio". Por su parte, la asociación de consumidores Adicae ha animado a que todos los afectados exijan "hasta el último céntimo", aunque se trate de pequeñas cantidades.
Con el fin de hacer frente al pago de las posibles indemnizaciones a los accionistas, Bankia y su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) anunciaron en diciembre un aumento de la provisión de fondos para causas judiciales de más de 1.000 millones de euros hasta 1.840 millones, con los que hacer frente a demandas que suman unos 820. Según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Bankia asumirá el 40% del coste de esas indemnizaciones, mientras que el 60% restante corresponderá a Banco Financiero y de Ahorros (BFA), participada íntegramente por el Estado y que posee el 64,1% de las acciones de Bankia.
El Banco de España aclara varios puntos sobre la salida a bolsa de Bankia
El Banco de España ha aclarado que ofreció información sobre el entorno macroeconómico de España en los años 2011 y 2012, además de datos contables sobre Bankia y la interpretación de la normativa contable a un juez de Navalcarnero (Madrid) que se interesó por la salida a bolsa de la entidad. El organismo supervisor insiste en que sus servicios técnicos tan sólo respondieron a las consultas planteadas en un documento en el que no entraron a valorar las cuentas presentadas por la entidad con motivo de su salida a bolsa, en julio de 2011, como tampoco opina sobre ninguno de los informes presentados por los peritos del caso Bankia.
Las respuestas que el documento ofrece al juez de Navalcarnero, señala el Banco de España, "se limitan a facilitar información factual sobre el entorno macroeconómico español en 2011 y 2012; a facilitar, asimismo, datos contables sobre Bankia y/o las cajas que constituyeron la misma; y a expresar su interpretación de distintos aspectos de la normativa contable de entidades de crédito". Las preguntas del juez de Navalcarnero se centran en la normativa contable utilizada por Bankia en las cuentas de su salida a bolsa, las mismas que no reflejaban la imagen fiel de la entidad, según dos peritos cedidos por el Banco de España para trabajar a las órdenes del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.
Según estos expertos, tampoco lo hacían las del conjunto de 2011, ni las de Rato ni las primeras formuladas tras la llegada de José Ignacio Goirigolzarri, porque hubo en todos los casos "errores contables" que no mostraban el estado real del grupo que Deloitte, como firma auditora, debió detectar. En el documento enviado al juez de Navalcarnero, el Banco de España refrenda que se hicieran cambios en las valoraciones en las cuentas de 2011, y afirma que también se realizaron revisiones en otras operaciones de integración de entidades de crédito. También asegura que no se pueden evaluar los estados financieros del pasado teniendo en cuenta la información que se tiene ahora (como han hecho los peritos) y no la que se tenía en ese momento.
Otro punto que destaca el Banco de España es que las condiciones económicas variaron de forma inesperada en la segunda mitad de 2011, después de la salida a bolsa, y eso afectó a todo el sector financiero, incluido Bankia. "Frente a lo señalado en las predicciones, hubo un empeoramiento de la crisis tanto en España, con la entrada en una totalmente imprevista segunda recesión, como en el área del euro; esto supuso importantísimas dificultades de financiación mayorista para la banca y su traslación a la financiación de la actividad real", indica el documento.
Sobre la dotación a provisiones, el Banco de España cifra en 3.027 millones las que tenía Bankia, con las que podría haber hecho frente a los 929 millones de ajustes que reclama uno de los peritos judiciales o a los 754 millones que proponía su compañero. El organismo asegura que "cabe concluir, pues, que las provisiones genéricas y específicas no asignadas se constituyen precisamente para cubrir deterioros adicionales en exposiciones concretas que pudieran ser identificados con posterioridad".
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