Sánchez Ortega dibuja una Abengoa saneada cuando dejó la empresa

San Fernando de Henares (Madrid)/Una empresa saneada, con buen nivel de ventas y baja deuda. Ese es el dibujo que el ex consejero delegado de Abengoa Manuel Sánchez Ortega hizo ayer en la Audiencia Nacional en el inicio del juicio por administración deseleal contra la antigua cúpula de la multinacional andaluza. Sánchez Ortega defendió su gestión en la compañía, de la que asegursó que se encontraba "en absoluta normalidad" cuando cesó, con un volumen de contratación y ventas en crecimiento y la deuda en sus niveles "más bajos".

A preguntas del fiscal José Perals, que pide para el cuatro años y tres meses de prisión por presunta administración desleal, Sánchez Ortega aseguró que su marcha se debió a cuestiones personales y dijo que el contrato por el que accedió a la indemnización de 4,5 millones no incluía "ni una sola cláusula a su favor", sino "en beneficio de la compañía".

Preguntado acerca de la situación de la firma, negó que la multinacional "duplicase o tuviera deuda oculta" como alertó la agencia de calificación Fitch en una nota emitida en noviembre de 2014 y que provocó una caída cercana al 40% de su valor en bolsa.

Al respecto, Sánchez Ortega matizó que si bien esto causó "un daño tremendo" a Abengoa, su cotización "vuelve a subir" en marzo de 2015, apenas un mes antes de que comunicara su marcha voluntaria.

"Después de 25 años había terminado mi etapa en la compañía, en la que había conseguido una serie de hitos importantes", declaró ante la sección cuarta de la Sala de lo Penal, a la que desgranó logros como "un proyecto importantísimo con un fondo de inversión americano o la salida a bolsa de la filial".

Sobre el contrato de alta dirección suscrito con Abengoa en febrero de 2015 y del que emanaría el derecho a tal indemnización, explicó que aunque "prefería no firmarlo" era una exigencia legal, y que si bien mantuvo "el mismo sueldo", introdujo cláusulas "que parecían de sentido común", como la contraprestación por no competencia que le fue abonada.

También aseveró que nunca cobró los 3,3 millones de retribución variable asignados por el Consejo al no alcanzarse los objetivos anuales. Interrogado por el fiscal José Perals, relató que, tras su cese, firmó un nuevo contrato con la compañía como asesor del consejero delegado entrante. Un cargo "normal" en el ámbito empresarial y "sin responsabilidad ejecutiva ni posibilidad de toma de decisiones" que ocupó durante un mes.

"La primera semana de julio estaba en mi nuevo despacho, en mi nueva compañía -la gestora de fondos

Blackrock, de la que ya no forma parte-, en Nueva York (EEUU)", aclaró antes de añadir que "nunca jamás" volvió a prestar servicios a Abengoa.

En esta primera sesión del juicio, en la que se invirtió el orden del escrito del fiscal, la Sala rechazó parte de las pruebas documentales solicitadas por las acusaciones durante las cuestiones previas, entre ellas el informe elaborado por KPMG Asesores en noviembre de 2015 que analiza la situación económica de la compañía, apenas dos meses antes coincidiendo con los ceses.

Prueba que, según explicó el abogado de la Plataforma de Afectados por Abengoa, Eliseo Martínez, mostraría que "el colapso era previsible y que los acusados debían tener perfecto conocimiento de ello como gestores", ya que el preconcurso de acreedores solicitado apenas dos meses después "no fue como un rayo que cayese del cielo, sino que había indicios anteriores".

La declaración del ex consejero delegado, que alegó que conservó sus acciones y bonos por valor de 6,5 millones al confiar en Abengoa, continuará hoy, con el turno de las acusaciones particulares y de las defensas.

Una jornada en la que está previsto comenzar el interrogatorio al expresidente de la compañía, Felipe Benjumea, que se enfrenta a peticiones de cinco años de cárcel por la indemnización de 11,4 millones recibida tras su marcha en septiembre de 2015 y que presuntamente tampoco reunía las condiciones recogidas por contrato.

En estos hechos también habrían participado tres de los integrantes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones que autorizó sendos pagos: su presidenta, Mercedes Gracia, y dos de sus consejeros, Alicia Velarde y Antonio Fornieles, para quienes las acusaciones sollicitan entre tres y cuatro años y medio de prisión.