Patronal y sindicatos cierran acuerdos defendiendo las prejubilaciones

Madrid/La patronal y los sindicatos están de acuerdo en pasar a los lunes las fiestas del 15 de agosto, del 1 de noviembre y del 6 de diciembre con el fin de evitar los macropuentes y aumentar la productividad de las empresas, e inciden en que se deben respetar las confesiones religiosas en el calendario. Así queda recogido en el documento de más de 65 páginas que CEOE, UGT y CCOO han enviado al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por el que han acordado también prorrogar el Acuerdo Nacional de Formación firmado en 2010 y luchar contra el absentismo en las empresas.

El documento también incluye una reflexión de las organizaciones sociales y sindicales sobre el acceso a la jubilación anticipada y las prejubilaciones, dos figuras con funciones y consecuencias diferentes, "perfectamente regladas" y que no suponen incremento alguno de los costes para la Seguridad Social. Los agentes sociales hacen una férrea defensa de las jubilaciones anticipadas porque se trata de un "derecho individual que no supone mayor gasto para el Estado o el sistema de pensiones" y mejora las tasas de actividad y empleo de personas entre 50 y 55 años y de los jóvenes. En cuanto a la figura de las prejubilaciones, o tránsito pactado entre la extinción de la relación laboral y el acceso a la jubilación, los agentes sociales señalan en el documento que es una figura "alegal", pero que cuando llega por acuerdo de empresa y trabajadores resuelve de forma no traumática procesos de ajuste de empleo.

Sobre el acuerdo en materia de racionalización del calendario de festivos, empresarios y sindicatos excluyen trasladar a los lunes las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, el 1 de mayo como Fiesta del Trabajo y el 12 de octubre, como Fiesta Nacional de España. También defienden la jornada anual como elemento de distribución de la jornada laboral.

Asimismo, las organizaciones sindicales y empresariales acuerdan mantener la actual prórroga del cuarto Acuerdo Nacional de Formación durante doce meses más y pactan formalizar el quinto acuerdo en un plazo máximo de seis meses. Consideran necesario mantener durante 2012 tanto la convocatoria de oferta a los trabajadores como el actual sistema de bonificaciones.

Por otra parte, trasladan al Ejecutivo su consenso para que elabore una regulación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo para que se les garantice como entes colaboradores en la gestión de la Seguridad Social, se mantenga su naturaleza jurídica asegurando su carácter privado como asociaciones de empresarios y se respete su autonomía gestora. Una de las peticiones es articular debidamente su régimen económico distinguiendo las prestaciones de la gestión interna, promoviendo mediante medidas estructurales de ajuste presupuestario y la creación de comisiones previas de auditoría. Para mejorar su gobernanza, los agentes sociales apuntan una modificación en la representatividad de las Mutuas y en el acceso a miembros de Junta Directiva.

Con el objetivo de eliminar el absentismo injustificado, patronal y sindicatos piden que se elabore trimestralmente un ratio de evaluación tanto en el sector público como en el privado, de forma que se puedan adoptar medidas correctoras en caso necesario. Las organizaciones que firman este documento solicitan al Gobierno que en los meses siguientes a la firma del Acuerdo se realice una primera evaluación, con vistas a los próximos presupuestos generales del Estado en relación con la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos y la eventual adecuación y ajuste de las cotizaciones por contingencias profesionales.

El texto señala que no ha sido posible alcanzar acuerdos sobre contratación, intermediación y flexibilidad interna, altas y bajas por contingencias comunes y sobre el fondo de capitalización de los trabajadores.