Fernando Faces
Perspectivas económicas: España 2025
El País Vasco no aplicará la amnistía fiscal
Las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa rechazan la medida y el PP no tiene mayoría en Álava
La amnistía fiscal aprobada por el Gobierno Central no se aplicará en el País Vasco tras el rechazo de las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa y ante la imposibilidad de que el PP la apruebe en Álava dada su minoría en las Juntas Generales.
El proyecto de ley de presupuestos para 2012 prevé una amnistía fiscal parcial a cambio de un gravamen del 10% para las personas físicas y del 8% para las jurídicas, con lo que el Gobierno espera recaudar unos 2.500 millones de euros.
En el País Vasco, la política fiscal compete a las diputaciones forales, todas ellas en manos de partidos distintos y con gobiernos en minoría: PNV en Vizcaya, Bildu en Guipúzcoa -ambos rechazan la propuesta- y PP -que aún no ha realizado un pronunciamiento oficial- en Álava.
En este territorio, los populares necesitarían del apoyo del PNV, Bildu o del PSE y Ezker Batua juntos para sacar adelante la medida. Sin embargo, el rechazo mostrado por estas formaciones imposibilita que pueda aprobarse la medida.
En Vizcaya, el diputado general, José Luis Bilbao, anunció ayer que no aplicará las medidas de amnistía fiscal porque las considera "éticamente inaceptables", "políticamente indefendibles" y "socialmente injustas".
Por su parte, la diputada de Hacienda de Guipúzcoa, Helena Franco, rechazó la medida porque, en su opinión, una "lucha sincera y eficaz contra el fraude pasa por que todos los ciudadanos sepan que la Hacienda tiene el mismo trato absolutamente con todas las personas".
El portavoz del PSE, José Antonio Pastor, dudó de que esa amnistía logre aflorar dinero para las arcas públicas vascas y tenga "efectos reales en la economía" y consideró que "desde el punto de vista ético y moral, es muy difícil de mantener".
En Álava, Ezker Batua registró dos iniciativas en las Juntas Generales en las que pregunta al diputado general, Javier de Andrés, si ve "justo" que los "fondos opacos" puedan ser "blanqueados con un coste irrisorio para los defraudadores a la Hacienda, mientras a quienes tributan conforme a la ley se les suben los impuestos".
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