Miles de funcionarios se echan a la calle en contra del recorte salarial

Miles de personas, mayoritariamente funcionarios, empleados públicos y jubilados, se manifestaron este jueves en las capitales de todo el país para protestar contra un recorte salarial para este año que oscilará entre el 0,56 y el 7%, así como contra la congelación de las pensiones en 2011.

Al mismo tiempo que el Gobierno aprobaba el decreto ley que incluye estas medidas, miles de personas exigían en las calles la dimisión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, explicó que el recorte se aplicará al salario base y a la antigüedad de manera progresiva según el nivel de ingresos, pero también a los complementos específicos y de destino en un porcentaje fijo del 5%, salvo en el caso del grupo que menos cobra para el que será del 1%.

Del recorte total que se llevará a cabo en 2010, el 30% se restará de la paga extra de diciembre, en tanto que el 70% restante se repartirá entre las siete nóminas que se cobrarán entre junio y diciembre, sin que se vea afectada la paga extraordinaria de junio.

En Madrid, centenares de personas se concentraron desde las 18:00 horas frente al ministerio de Economía y Hacienda para exigir una rectificación al Gobierno y quejarse del poco valor que el Ejecutivo da al trabajo de los funcionarios.

Entre pancartas de "No a los recortes salariales ni sociales" o que "La crisis la paguen los culpables" los manifestantes tachaban de "injusticia" y de "antisocial" el paquete de medidas de ajuste del Gobierno.

En Barcelona, más de un millar de funcionarios han lanzado huevos contra la sede de la Subdelegación del Gobierno, al tiempo que hacían un llamamiento a la movilización general del sector público fijada para el 8 de junio por el "ataque a los derechos sociales".

También, en Castilla y León cerca de 5.000 personas, según fuentes policiales, se concentraron frente a todas las subdelegaciones del Gobierno para decir que los perjudicados por el recorte son "los funcionarios que cuidan a los enfermos en los hospitales, a los más mayores, y los que educan a los niños en los colegios", entre otros colectivos.

Asimismo, en Sevilla se concentraron miles de personas bajo el lema "Por la calidad de los servicios públicos", mientras que en otras capitales de provincia como en Santander cientos de funcionarios cortaron la principal arteria urbana de la ciudad.

Por la mañana, los principales dirigentes de los sindicatos de la Función Pública, CCOO, UGT y CSI-CSIF, insistieron en que recurrirán el decreto-ley porque es "discriminatorio", no tiene garantías de "ecuanimidad" y vulnera el derecho a la negociación colectiva, además del derecho individual consolidado a un determinado salario.

Criticaron la "burla" del Gobierno al convocar horas antes del Consejo de Ministros la Mesa General de la Función Pública para no informar de nada.

No obstante, tras ese encuentro la secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí, alegó que la medida no vulnera el Acuerdo de la Función Pública 2010-2012 y sólo suspende la aplicación de los artículos que se refieren a la revisión salarial, sin que se vean afectadas las aportaciones a los planes de pensiones.

Además afirmó que "el apoyo normativo" con el que cuenta el Gobierno es el artículo 38.10 del Estatuto Básico del Empleado Público que permite al Ejecutivo suspender excepcionalmente el cumplimiento de acuerdos por causas graves de interés general derivadas de una alteración de las circunstancias económicas.