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KPMG no dictaminó que la matriz de Abengoa entrase en causa de disolución

Planta termosolar de Abengoa en Sanlúcar la Mayor, en la provincia de Sevilla. / Juan Carlos Vázquez

Sevilla/La empresa de servicios profesionales KPMG nunca dictaminó ni recomendó que Abengoa S. A., la matriz de la multinacional andaluza fundada en 1941 en Sevilla, debía entrar en causa de disolución por desequilibrio patrimonial, según confirmó este periódico en fuentes empresariales conocedoras del contenido de los informes de valoración, dos en lo que va de año.

El pasado 19 de mayo, la dirección de Abengoa, hoy destituida en la sociedad matriz pero que continua al frente del grupo desde la matriz a la que ha desviado todo el negocio, los activos y, por tanto, el empleo, Abenewco 1, anunció a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ponía de nuevo al borde del abismo al grupo fundado por por los ingenieros Javier Benjumea Puigcerver y José Manuel Abaurre Fernández-Pasalagua, junto con tres amigos y otros familiares. En aquella comunicación al regulador de los mercados, en la que también anunciaba la negociación del rescate que sigue bloqueado, el consejo de administración entonces presidido por Gonzalo Urquijo, sostuvo que la matriz estaba en desequilibrio patrimonial de -388 millones de euros, por lo que incurría en causa de disolución. Una decisión que tomó ese consejo sin que las valoraciones de KPMG lo recomendasen específicamente.

La dirección de Urquijo hizo esa petición de la valoración cuando el auditor del grupo, Pwc España, se negó a firmar la auditoría de 2019, por un motivo que no ha trascendido.

La dirección deUrquijo encargó la valoración al negarse Pwc a firmar la auditoría de 2019

El encargo del informe de valoración fue anunciado meses antes, cuando la compañía se demoró en presentar el resultado del ejercicio 2019, cuyas cuentas todavía no se han formulado ante la CNMV, que debía hacerse en plazo el 28 de febrero. En una información relevante enviada el 3 de marzo al regulador bursátil, los gestores de Abengoa aseguraron que la empresa no había podido remitir “el Informe Financiero Semestral correspondiente al segundo semestre de 2019 dentro del plazo legal establecido para ello debido a que su aprobación por el consejo de administración requiere de un informe de experto independiente para la valoración de la participación de la Sociedad [matriz] en [la filial] Abengoa Abenewco 2, S.A. que no ha podido ser obtenido a tiempo”. (Abengoa S. A es la dueña del 100% de Abenewco 2, que a su vez es la dueña del Abenewco 2 bis, y ésta del 100% de Abenewco 1, dado que el Banco Santander no ha convertido el instrumento financiero que le permitiría poseer el 22% de la filial operativa).

A Abengoa, que hasta el 16 de noviembre pasado no reveló que ese experto independiente era KPMG España –y lo hizo forzado por los accionistas minoritarios agrupados en Abengoashares–, sin embargo, no le valió el primer informe de valoración que hizo la empresa de servicios profesionales que preside Hilario Albarracín.

En marzo, KPMG hizo una primera valoración de Abenewco 2 que se acercaba a los 400 millones de euros, según las fuentes del sector que confirmaron a este periódico esta información.

También forzó el nuevo informe que provocó en mayo que el grupo esté al borde de la quiebra

La dirección de Urquijo instó a una segunda valoración, con el objetivo que pudiera servir para justificar un deterioro de activos provocados por la pandemia, cuando los problemas reales de Abengoa son muy anteriores.

Esa segunda valoración, según las mismas fuentes, ya fue por dos millones de euros, la misma información que dio Urquijo en la última junta general de accionistas, forzada por Abengoashares, en la que también fue destituido como presidente de Abengoa S.A. Pero en esa valoración, ni tampoco en la anterior, los técnicos de KPMG dictaminaron o recomendaron que se declarase la empresa matriz en causa de disolución. Pese a ello, así lo hizo el 19 de marzo el consejo que presidía Urquijo en esa fecha y que justifica la nueva reestructuración que liquidaría la matriz, dejando sin nada no sólo a los accionistas sino también a un grupo de acreedores a los que se les adeudan 153 millones, entre ellos empresas andaluzas.

Este diario contrastó esta información ayer con KPMG España, que se negó a desmentirla, aunque precisó que tampoco la confirmaría porque, como en ocasiones anteriores en la que se les preguntó por la valoración, debía declinar comentarla por existir una cláusula de confidencialidad.

La confirmación de que hubo dos valoraciones y que KPMG nunca dictaminó que había causa de disolución se produce a una semana de la nueva junta general extraordinaria en la que los minoritarios de Abengoashares esperan tomar el control del grupo.

En Valencia siguen cuestionando el supuesto traslado

La opción de trasladar a la Comunidad Valenciana la sede social del grupo Abengoa, negociada por Gonzalo Urquijo con el presidente valenciano Ximo Puig, con el objetivo de meter presión a la Junta Andalucía para que aceptase entrar en la operación de rescate para impedir esa mudanza está siendo cada vez más cuestionada en Valencia. El diario local Las Provincias aseguró ayer que este traslado no está ni mucho menos cerrado y cuenta con una larga lista de problemas y condiciones de tipo económico, político y empresarial que la alejan de la ciudad de Valencia. El rotativo valenciano informa que la posible mudanza “tenía un eminente componente político por el choque de la Junta de Andalucía encabezada por el popular Juanma Moreno y la multinacional”. Además, enfatiza que el Gobierno central, como avanzó este diario, se niega a participar sin la Junta andaluza, y que existen discrepancias en el Ejecutivo valenciano sobre la operación.

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