Conflicto Taxis-VTC: la Junta propone ahora limitar los Uber y Cabify en las zonas de "alta demanda"

Sevilla/La Junta de Andalucía tiene casi lista su propuesta para regular la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC) y atender las reclamaciones del sector del taxi en la comunidad. Así, en los próximos días presentará a los agentes implicados las medidas "orientadas a alcanzar la convivencia pacífica y ordenada entre taxis y VTC".

Entre las más destacadas se encuentran la de limitar la actividad de los VTC en ciertos lugares de "alta demanda", por lo que los conductores autónomos que trabajan para plataformas digitales como Uber o Cabify "no podrán estar estacionados con la aplicación abierta y sin servicio precontratado en el interior de dichas zonas".

Además, el Gobierno andaluz, a propuesta de la Consejería de Fomento, planteará "la limitación de la geolocalización de los vehículos previa a la contratación".

Modernizar el taxi

Igualmente, la Consejería de Fomento informó esta mañana al Consejo de Gobierno de las medidas acordadas con el sector del taxi para su modernización.

Entre las medidas, se incluían el precio cerrado y el llamado taxi compartido. Ambas propuestas serán incluidas "en un proyecto de decreto, ya elaborado, por el que se va a modificar el Decreto 35/2012, de 21 de febrero, en el que se incluyen dichas medidas para modernizar y flexibilizar el sector del taxi".

En la actualidad, el proyecto de decreto "está en el trámite de consulta previa".

Meses de negociaciones

En este sentido, la Junta recordó que el pasado 14 de febrero de 2019, se celebró una reunión entre las diferentes asociaciones del taxi y Fomento, en la que se adquirió "el compromiso de diseñar posibles soluciones a la problemática existente".

Posteriormente, el 2 de abril de 2019, la Dirección General de Movilidad entregó al sector un borrador de propuestas con un estudio "pormenorizado" de la situación y diez medidas para solucionar el conflicto entre los taxis y los VTC.

Entre las medidas figuraban "la precontratación a precio cerrado y con precio por plaza; la elaboración de convenios de colaboración con los ayuntamientos para la formación, inspección y control; el aumento de las labores de inspección; la creación de una web de control andaluza, y de áreas de prestación conjunta a petición de aquellos municipios que lo soliciten".

El estudio elaborado por la Junta también incluía "la implantación de programas de transporte a la demanda en el medio rural; exigir al Estado la regulación de la capacitación de los conductores de vehículos VTC y, también, exigir a los vehículos VTC determinadas condiciones técnicas (vehículos eco y destinar un 5% de la flota a personas con movilidad reducida) y la creación de una red de estaciones VTC para la flota de vehículos de las empresas con licencias VTC".

Todas las medidas lograron el visto bueno, excepto las dos últimas, que fueron rechazadas por ambas partes. Por este motivo, la Junta propondrá en los próximos días la limitación de los VTC en las "zonas de alta demanda" y "la geolocalización de los vehículos previa a la contratación", ya que considera que ambas medidas "permiten mejorar la movilidad interior de los viajeros y garantizar el efectivo control de las condiciones de prestación de los servicios, de acuerdo con el marco legal vigente".

Inspecciones

La Junta también ha comunicado que se han incrementado las inspecciones sobre el terreno, que han pasado de 72 días al año en 2018 a 138 días de inspección en 2019. El refuerzo se ha dado principalmente en Málaga y Sevilla.

Adicionalmente, en 2019 se han iniciado las inspecciones en sedes de empresas VTC. La finalidad es inspeccionar 120 empresas titulares de autorizaciones VTC en el presente ejercicio.

"Tras las inspecciones llevadas a cabo se elaboró una plantilla de acta de inspección que se trasladó a las delegaciones provinciales, Policía Local y Guardia Civil. Además, se está colaborando con los ayuntamientos afectados para el acceso de la Policía Local a la web de control del Estado", explicaron desde la Junta tras el Consejo de Gobierno.

El resultado de las actuaciones llevadas a cabo ha supuesto pasar de 107 denuncias en todo el año 2018 a 576 denuncias entre enero y octubre de 2019.