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La Junta inicia la tramitación de la ley de apoyo a los autónomos andaluces

El anteproyecto incluye un amplio conjunto de medidas de respaldo financiero y prevé la creación de un órgano de participación institucional · Manuel Recio resalta el autoempleo como "la mejor salida de la crisis"

La consejera de Presidencia, Mar Moreno, y el consejero de Empleo, Manuel Recio, durante la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno del pasado martes.
Redacción

09 de octubre 2010 - 05:02

El Consejo de Gobierno ha acordado esta semana iniciar la tramitación del anteproyecto de la Ley Andaluza de Promoción del Trabajo Autónomo. El texto, que ahora se somete a información pública, reúne todas las medidas de la Administración autonómica para respaldar a un colectivo que actualmente supera los 471.000 trabajadores por cuenta propia en Andalucía. Su aprobación convertirá a Andalucía en la primera comunidad autónoma que eleva a rango de ley las políticas en esta materia.

Elaborado por la Consejería de Empleo de acuerdo con las directrices del VII Acuerdo de Concertación Social, el anteproyecto establece en su primer capítulo el compromiso de la Junta de Andalucía de elaborar un plan estratégico consensuado con los agentes socioeconómicos más representativos. Este documento tendrá carácter cuatrienal y recogerá tanto un diagnóstico del sector como un sistema para evaluar la calidad de los servicios que la Administración autonómica presta a los autónomos.

Respecto a las políticas activas de empleo dirigidas a los autónomos, recogidas en el segundo capítulo, el anteproyecto incluye incentivos directos para el inicio y el mantenimiento de los proyectos; bonificaciones y exenciones fiscales; disposiciones para facilitar la conciliación con la vida familiar, y una amplia batería de medidas de asesoramiento, asistencia técnica, promoción del trabajo en red, formación y reciclaje profesional.

Las líneas de respaldo financiero directo seguirán el modelo de la actual Orden de Incentivos al sector, vigente desde el pasado mes de mayo y que fija ayudas de entre 4.000 y 11.000 euros, con atención preferente a proyectos en áreas territoriales desfavorecidas, vinculados a la economía sostenible (medio ambiente y energías renovables, atención a la dependencia, nuevas tecnologías y rehabilitación de vivienda, entre otros) o promovidos por colectivos con necesidades especiales (como los de jóvenes menores de 30 años, parados de larga duración con más de 45 años, personas con discapacidad física o mental, inmigrantes y mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género).

En cuanto al resto de las medidas de fomento al trabajo por cuenta propia, el anteproyecto incorpora como principal novedad la creación del denominado Distintivo Andaluz al Trabajo Autónomo de Excelencia, que reconocerá los proyectos más destacados desarrollados en el ámbito del autoempleo en la región.

Para mejorar la prevención de riesgos laborales, el tercer capítulo del texto normativo prevé el desarrollo de campañas de información, formación y asesoramiento técnico, así como la apertura de una línea de subvenciones para facilitar inversiones en vigilancia, seguridad en el trabajo y salud laboral de los establecimientos de trabajadores autónomos.

Andalucía es, después de Cataluña, la segunda comunidad autónoma con más afiliados al régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social (471.288). El trabajo por cuenta propia representa el 17% del Producto Interior Bruto regional y, junto con las pequeñas y medianas empresas, absorbe el 80% del empleo.

Durante la última década, el número de autónomos se ha incrementado en un 20% en Andalucía, frente al 7,13% del conjunto nacional. En términos absolutos, la aportación de 79.800 nuevos afiliados en los últimos diez años superan el crecimiento registrado en comunidades como Madrid y Valencia juntas.

El apoyo al autoempleo se ha traducido este año en Andalucía en unas ayudas directas de más de 38 millones de euros, que se ampliarán en los próximos meses con otro conjunto de ayudas por valor de 8,5 millones. En los últimos seis años, las inversiones públicas dirigidas al sector han superado los 265 millones de euros, incluyendo tanto los incentivos directos como el resto de las medidas de respaldo.

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