Junta de Andalucía y sector agrario acuerdan un paquete de medidas valorado en 500 millones

La Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía acordó en la noche del lunes con las organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA) y Cooperativas Agro-Alimentarias un paquete de medidas valorado en 500 millones de euros, con el objetivo de paliar la sequía y “el impacto negativo que ha supuesto la Política Agraria Común (PAC) en el campo andaluz”, asegura en una nota de prensa la consejera del ramo, Carmen Crespo.

Con este paso, la Junta lanza un mensaje de unidad unos días después de que las 43 medidas propuestas por Luis Planas, ministro de Agricultura, para aplacar las protestas del sector causaran división entre las organizaciones. UPA y Unión de Uniones las apoyaron mientras que COAG y Asaja se negaron a firmarlas al considerarlas insuficientes y faltas de concreción.

Entre otras medidas, la Consejería de Agricultura destaca la puesta en marcha de una línea de ayudas especial de 100 millones de euros destinada a facilitar la adquisición de nueva maquinaria y equipos. “Estas subvenciones estarán a disposición de todos los profesionales del campo andaluz, pero con una atención preferente para el sector olivarero, especialmente afectado por la situación de sequía que afecta a Andalucía desde hace cinco años”, señala la Junta.

Para el sector olivarero en exclusiva se ha pactado duplicar hasta los 40 millones de euros el presupuesto de la línea de ayudas exprés lanzada por la Consejería de Agricultura.

El paquete de medidas contempla también una nueva línea de créditos con carencia de dos años y tipos de interés dos puntos por debajo de la oferta del mercado al estar bonificados. El objetivo es que los agricultores y ganaderos “puedan refinanciar deuda y mejoren su capacidad para hacer frente a los gastos corrientes”. La dotación de esta línea se establecerá según la necesidad de los profesionales que la soliciten.

También se amplían las ayudas agroambientales en 132 millones de euros con el objetivo de paliar “los recortes de la PAC que sufren los agricultores”.

Además, el Gobierno andaluz activará una nueva convocatoria de incorporación de jóvenes a la actividad agraria que contará “con la mayor dotación económica de la historia de Andalucía”, al alcanzar los 130 millones de euros. Estas subvenciones se dirigirán, explica la Consejería, a “impulsar la participación de las mujeres y a fomentar el rejuvenecimiento del campo en general y del sector ganadero en particular”.

La Junta trabajará, también, junto al sector en la elaboración de un plan estratégico para la ganadería extensiva “que facilite su reflote y su sostenibilidad futura”.

A estas iniciativas del paquete de medidas acordado se suma el convenio que la Consejería va a firmar con la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) para aumentar la inversión pública en modernizar el regadío. En concreto, el Gobierno andaluz tiene previsto destinar 36 millones de euros a este fin.

Algunas de estas actuaciones se pondrán en marcha de forma inmediata y otras, incluidas en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía, contarán con 2025 como horizonte de ejecución.

UPA pide más medidas a la Junta

Tras la reunión de la Mesa de Interlocución Agraria, UPA, que ha considerado que el acuerdo alcanzado va “en la buena dirección”, ha pedido también el “pago inmediato de los expedientes de ayudas PAC pendientes de la campaña 2023 y anteriores; la flexibilización para la campaña 2024 y la ejecución del Plan de Desarrollo Rural 2014-2020, que acaba el 31 de diciembre de 2025”. Según UPA “existen muchas partidas no ejecutadas que, si no se pagan antes de la fecha prevista, pueden perderse”

También solicita una una línea de ayudas directas para agricultores de leñosos afectados por la crisis climática y los altos costes de producción; restaurar la línea de ayudas a la producción integrada del olivar; y dotar a los seguros agrarios de presupuesto suficiente entre el Ministerio y la Junta para llegar al apoyo del 70% del coste. También apuesta por una mesa regional de aplicación de la ley de cadena alimentaria y la realización de estudios de costes de producción a nivel regional.