El Gobierno responde a Moreno con un impuesto a las grandes fortunas
Medida económica
La ministra Montero pide "un mayor esfuerzo" a quienes tienen beneficios extraordinarios
Madrid/El Gobierno ha contestado al presidente de la Junta, Juanma Moreno. Desde que éste anunciase el lunes pasado en el Foro Joly que suprimía el Impuesto de Patrimonio en Andalucía, varios ministros se han posicionado en contra e, incluso, el de Seguridad Social, José Luis Escrivá, defendió una recentralización fiscal en España para armonizar las figuras impositivas. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, negó a su compañero, aunque criticó los "regalos" que Juanma Moreno hacía a los más ricos. Este jueves, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha elevado la polémica, al recuperar una iniciativa de sus aliados en el Gobierno, Unidas Podemos: un impuesto para las grandes fortunas.
Montero no ha dado más detalles, sólo que se aplicaría a partir del 1 de enero de 2023 y que será transitorio. Con el mismo argumento que los nuevos impuestos a las eléctricas y a la banca, la ministra ha sostenido que son grupos que deben realizar un mayor esfuerzo durante la crisis provocada por la guerra de Ucrania. Sin embargo, la aprobación contiene demasiadas dudas. El Impuesto de Patrimonio, que grava las posesiones de más de 700.000 euros con bastantes excepciones en su cómputo, es un impuesto estatal, que no está anulado, sino que está cedido a las comunidades autónomas. Madrid lo tiene bonificado al 100%, y eso es lo que acaba de hacer el Gobierno andaluz.
Si el nuevo impuesto no modificase al actual de Patrimonio, las grandes fortunas pagarían dos veces en casi todas las comunidades. Una de las opciones para salvar este problema es que se arbitrase un mínimo estatal, lo que implicaría una suerte de recentralización.
María Jesús Montero ha avanzado esta novedad en los pasillos del Congreso: "El Gobierno está trabajando en la posibilidad de crear un nuevo impuesto temporal para las grandes fortunas". En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Montero ha defendido la necesidad de "pedir un mayor esfuerzo" a quienes tienen beneficios extraordinarios, como las empresas energéticas, y a las "mayores rentas".
Montero ha eludido dar detalles sobre el eventual futuro impuesto, porque "hay que dejar que los técnicos trabajen", pero ha apuntado que sería temporal -igual que los gravámenes a las energéticas y la banca, que estarán vigentes dos años-.
La ministra también ha mostrado su intención de que el impuesto esté en vigor a comienzos del próximo año, aunque "habrá que ver la tramitación", y tampoco ha desvelado si se incluirá en los Presupuestos de 2023.
Esto también abre una duda. Lo normal sería que el Gobierno introdujese este nuevo impuesto en el proyecto de Presupuestos Generales, pero eso le podría acarrear problemas con otros aliados, como el PNV o algunos de los independentistas catalanes que venían del partido de Puigdemont y que han poyado al Ejecutivo en algunos asuntos. Sí le apoyan Unidas Podemos, porque la idea original era de la formación, y Más País. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido tiempo y conocer el impuesto antes de pronunciarse. En contra sí se han manifestado tanto Vox como Ciudadanos.
La reforma tributaria que Juanma Moreno anunció el lunes pasado incluía la suspensión de Patrimonio, la deflactación de los tres primeros tramos del IRPF y la eliminación del canon del agua.
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