Hacienda investigará a los 86 directivos de Caja Madrid que utilizaron las tarjetas opacas

Madrid/La Agencia Tributaria investigará a los 86 directivos de Caja Madrid que hicieron uso de las tarjetas en b para conocer la operativa que llevaban a cabo y hacer un seguimiento de los ingresos que obtuvieron presuntamente de forma irregular, según confirmaron fuentes de la investigación. De esta forma, la Agencia Tributaria además de extender su investigación a otras grandes empresas para averiguar si el uso de estas tarjetas se ha generalizado, también va a llevar a cabo un procedimiento inspector sobre el uso que estos 86 directivos realizaron de las tarjetas, así como la procedencia de las partidas que manejaban.

Se trata, por tanto, de investigar no sólo las responsabilidades tributarias de Caja Madrid como entidad financiera, sino también de las personas físicas que se aprovecharon de estos ingresos presuntamente ocultos al fisco. Entre ellas, figuran inspectores de Hacienda (el propio Miguel Blesa), un ex presidente de la Agencia Tributaria (Estanislao Rodríguez Ponga) o incluso un ex ministro de Economía y Hacienda (Rodrigo Rato), a los que se presupone un buen conocimiento de la legislación tributaria.

Hacienda ya adelantó el viernes que lanzará un plan de inspección, centrado en las empresas del Ibex 35, para conocer si estas grandes compañías utilizan tarjetas de crédito en b, tras el escándalo surgido entre los directivos de Caja Madrid, que gastaron más de 15 millones de euros entre 2003 y 2012 a través de estas tarjetas ocultas al fisco. El departamento de Cristóbal Montoro trata de averiguar si estas empresas realizan gastos a través de economía sumergida y de partidas no declaradas a Hacienda, algo que no tiene nada que ver, según Hacienda, con las tarjetas de representación que pueden manejar directivos de estas grandes empresas, pero cuyos gastos están justificados y declarados como rentas en especie o como gastos de representación.

"Se trata de averiguar si lo que presuntamente ha sucedido en Caja Madrid se ha generalizado en las grandes empresas, especialmente las del Ibex 35", dijeron fuentes de Hacienda, que añadieron que este plan de inspección no se ceñirá únicamente a las empresas del Ibex 35, sino que se ampliará al resto de grandes compañías. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investigar a 86 consejeros y directivos de Caja Madrid que cargaron en sus tarjetas de empresa gastos privados, como estancias en hoteles, compras en el sector de la alimentación, almuerzos en restaurantes o retiraron efectivo, por valor de 15,2 millones de euros en el periodo comprendido entre 2003 y 2012.

El PSOE denuncia en Hacienda las tarjetas B

El PSOE ha pedido a la Agencia Tributaria que investigue a todos los consejeros de Caja Madrid que gastaron 15,25 millones en trece años con las "tarjetas de la vergüenza" de la entidad y a Bankia por posibles delitos fiscales. Además, el secretario de Organización del PSOE, César Luena, ha recalcado que "todas las normas del partido" van a recaer sobre los 16 consejeros y directivos socialistas que utilizaron estas tarjetas que, "como mínimo, y en función de lo que cada uno justifique", les supondrá "la suspensión de militancia y, en su caso, la expulsión".

Unas normas que, además, el PSOE piensa endurecer el próximo sábado en la Conferencia sobre Regeneración Democrática que celebrará en Madrid. "No nos vamos a conformar con que paguen ante la sociedad por el escarnio, sino que deberán devolver el dinero y, en función de los casos, como mínimo suspenderemos de militancia y, en su caso, expulsaremos a quienes hayan utilizado y no puedan justificar el uso vergonzante de estas tarjetas negras", ha insistido Luena. En este sentido, ha recordado que esta semana el partido iniciará los trámites de recepción de documentación y las audiencias en las que se escuchará a esas personas.

Sin embargo, ha explicado que, "aunque hayan devuelto el dinero, el mero hecho de haberse acogido a una tarjeta B al margen de la legalidad, no es una conducta propia de un militante del PSOE". tras ello, Luena ha querido destacar que ahora es el turno del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de actuar, porque es "una obligación que este caso no quede en el olvido". De ahí que los socialistas hayan interpuesto esta denuncia, para que la Agencia Tributaria investigue a todos los usuarios de las tarjetas y a los órganos rectores de Bankia "porque puede haber delitos fiscales" y "alguna responsabilidad tienen".

Preguntado por si el Gobierno ha iniciado algún tipo de negociación con su partido para prohibir las tarjetas de crédito en los altos cargos de la administración, Luena ha respondido que desconoce si el asunto se ha tratado en alguna reunión del grupo parlamentario, pero ha precisado que "aquí hay poco que negociar". "Ni un minuto más de esas tarjetas", ha concluido. En la denuncia, que acompaña de diversos artículos de medios de comunicación que se hicieron eco de la noticia, el secretario de Organización del PSOE expone que "tales hechos pueden ser constitutivos de infracción tributaria y/o ser trascendentes para la aplicación de los tributos".

Así, reclama a Hacienda que compruebe si tanto los perceptores como la propia entidad cumplieron con sus obligaciones fiscales y que evalúe además la posibilidad de hacer lo propio con otras entidades financieras y otras grandes empresas para determinar "eventuales irregularidades similares" a las denunciadas. Según un informe de auditoría interna realizado por Bankia y que ahora consta en el sumario del caso que instruye el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, la cúpula de Caja Madrid gastó 15,25 millones de euros entre 1999 y 2012 con tarjetas de crédito opacas, emitidas al margen del circuito general y cuyos cargos se gestionaban de forma separada al resto de las tarjetas de empresa.

La utilización de todas estas tarjetas, según los datos de los informes elaborados por Bankia, no aparece conectada con los gastos de representación o relacionados con actividades profesionales de sus titulares, como por ejemplo cargos elevados por compras de alimentación, grandes superficies, ropa o retiradas de efectivo. Además, tampoco consta en los informes elaborados por la auditoría interna de Bankia que los tenedores de estas tarjetas hayan declarado los gastos como sumas percibidas en sus declaraciones correspondientes de IRPF o Impuesto de Sociedades.