Análisis
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El Instituto Nacional de la Seguridad Social había aprobado únicamente 3.966 solicitudes para percibir el ingreso mínimo vital (IMV), el 0,57% del total, a fecha 7 de agosto, según recoge la respuesta del Gobierno en el Portal de Transparencia a una consulta planteada por la Asociación Víctimas del Paro.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, señalaba esta misma semana en su cuenta de Twitter que se han recibido más de 700.000 peticiones de prestación.
El presidente de la asociación, Joaquín García, afirma que el porcentaje de solicitudes aprobadas para el IMV "es ridículo" y opina que esta lentitud "incita a pensar que se están parando los trámites por motivos presupuestarios, por falta de dinero en caja y quizá también por problemas de personal".
El dato aportado por el Ministerio de Inclusión supone que se han aprobado hasta la fecha 75 solicitudes por día, a 1,5 solicitudes por provincia. García pone en duda que la causa de tan escaso número sea la falta de personal administrativo.
El ministro Escrivá comentó el pasado lunes en su cuenta de Twitter que "el problema de sacar conclusiones tan pronto es que las que se presentaron muy rápidamente, que son las más avanzadas en la tramitación, parecen tener un porcentaje alto de errores de documentación, que han de subsanarse".
El presidente de la Asociación Víctimas del Paro lamenta que la Seguridad Social no les haya informado del número de solicitudes denegadas.
Las solicitudes para esta renta destinada a personas desempleadas sin ingresos comenzaron a recibirse por parte del Ministerio a partir del pasado 15 de junio.
La Seguridad Social adjunta, a petición de la citada asociación un calendario para 2020 del cobro de las solicitudes aprobadas sin ser de oficio, que será efectivo el primer día laborable de cada mes, desde el pasado 3 de agosto hasta el 3 de enero de 2021.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha denunciado este miércoles que la gestión del ingreso mínimo vital (IMV) es "caótica" y que "no lo cobra nadie todavía", por lo que el sindicato va a poner en marcha una plataforma de gestión de reclamaciones que podría llevar a movilizaciones. Los datos que maneja el sindicato apuntan a que, de las 714.000 solicitudes presentadas, solo se han resuelto 32.629 -4.148 de forma positiva y 28.481 han sido rechazadas-, además de las 75.000 reconocidas de oficio a los perceptores de la prestación familiar. No tiene constancia de que nadie lo haya cobrado aún. "Podríamos decir que no está funcionado", lamenta Álvarez en una entrevista con Efe, al tiempo que califica de "inhumano" que haya personas sin ingresos desde marzo, un problema "insoportable" que relaciona con la saturación de la Administración.
El número de prestaciones aprobadas de oficio para recibir el IMV asciende a 74.100, según los datos que aporta en su respuesta la Seguridad Social. Entre estas se encuentran, por ejemplo, las de las personas que cobraban una prestación por hijos a cargo, que automáticamente pasan a recibir el IMV. De ellos, uno de cada tres, 25.836, son andaluces. En la región, casi 700.000 personas son beneficiarios potenciales de esta prestación, ya que esa es la cantidad de personas que está por debajo del umbral de la pobreza.
El Gobierno aprobó el IMV a finales de mayo como un conjunto de medidas articuladas en torno a una nueva prestación de la Seguridad Social, para garantiza unos ingresos mínimos mensuales a hogares en situación de especial vulnerabilidad.
La estimación es que la prestación pueda llegar a unos 850.000 hogares (el IMV se destina a unidades de convivencia), en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas.
Casi la mitad de esos hogares tienen menores a cargo y entre 70.000 y 100.000 son hogares monoparentales, informa la Seguridad Social en su página web.
Esos 850.000 hogares, prosigue, se encuentran entre el 17% más pobre de la población, con una renta disponible media que no llega a los 310 euros mensuales.
La renta mensual varía entre los 462 y los 1.015 euros al mes en función del número de personas que convivan como beneficiarios y de sus características.
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