El Gobierno prevé recaudar 300 millones con las nuevas tasas judiciales

Madrid/El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un anteproyecto de ley por el que acomete una "completa" revisión del sistema de tasas judiciales en segunda instancia. El Gobierno prevé que las ganancias obtenidas aumentarán de 172 a 300 millones de euros, que permitirán sufragar el coste de la Justicia Gratuita, evitar abusos y reducir la litigiosidad. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido que esta iniciativa garantiza la tutela judicial efectiva y la "equidad". Tiene como objetivo, ha dicho, ajustar las tasas que pagan los litigantes a los costes originados en el servicio.

Santamaría ha remarcado que estas tasas judiciales no afectan al ámbito jurisdiccional de lo Penal y ponen el acento en evitar el "exceso y el abuso" de los recursos. El ciudadano que no acepte una primera sentencia, deberá contribuir al coste de "los servicios públicos que el sistema genera" en sus recursos. El Ejecutivo remitirá el texto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Consejo de Estado, según ha informado la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El actual sistema de tasas judiciales se encuentra vigente desde el año 2002 y está regulado por la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. El ciudadano ya se hace cargo de las costas del proceso en primera instancia en el orden Civil y en el Contencioso-Administrativo. El nuevo sistema aplicará las tasas en los juzgados de lo Social pero sólo en segunda instancia. El Ejecutivo defiende que "en ningún caso" constituirán una traba al derecho de la tutela judicial efectiva puesto que quedarán exentos de pago todos los litigantes carentes de recursos económicos, a quienes se les reconocerá la asistencia gratuita.

Por su parte, las personas tanto físicas como jurídicas con suficientes medios económicos que no se conformen con la respuesta de los tribunales que hayan obtenido en un primer momento deberán correr con las costas del proceso en la segunda instancia. El objetivo de esta iniciativa es evitar la "litigiosidad artificiosa" que satura los juzgados y echar atrás a aquellos ciudadanos que acuden a los juzgados con la única finalidad de dilatar en el tiempo la resolución de los conflictos. El dinero obtenido financiará la asistencia jurídica gratuita en el marco de una política de modernización y mejora de la Administración de Justicia.

A este respecto, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ya advirtió en su primera comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de que existe un "exceso de litigiosidad" y un "abuso" en el acceso a los órganos judiciales, sobre todo en la segunda instancia. Por ello, ha impulsado esta medida así como otras vías alternativas a la resolución de los conflictos, como la mediación.

Las tasas abonadas no irán a parar a las arcas del Estado sino que sufragarán el coste de la Justicia Gratuita. Unos 172 millones de euros fueron recaudados en 2010, una cuantía que ascendería a cerca de 300 millones con el nuevo sistema, según calcula el Ministerio. En concreto, el aumento de las tasas judiciales incide en mayor medida en la apelación -sube 500 euros- y en la casación -600 euros- de lo Civil y lo Contencioso-Administrativo; y en la suplicación -500 euros- y en la casación -750 euros- del orden Social. La actualización deriva del coste que implica la actividad procesal, el IPC acumulado en la década en la que se lleva aplicando la tasa y el órgano jurisdiccional al que se acude.

En la ley de reforma de determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses también se introducen dos mejoras en la gestión. Así, los procuradores y los abogados podrán facilitar el pago y se establecerá la posibilidad de revisar la liquidación de la tasa durante la tramitación del procedimiento judicial. La medida podría beneficiar a las personas que hacen uso de los medios telemáticos al presentar escritos que dan lugar a la tasa. Finalmente, la reforma introduce una nueva tasa por el alta y la modificación de fichas toxicológicas en el registro de productos químicos comercializados.