Pep Manich Grau | Director de experiencia de cliente de Iryo
“Iryo nació con la premisa de poner al cliente en el centro y por eso le escucha”
Economía
Madrid/El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social planteó a los agentes sociales una extensión del periodo de cómputo para calcular la pensión, que supondría elevarlo de los 25 años actuales a 30, pero descartando los dos peores años cotizados, lo que significaría que la pensión se calcularía con los mejores 28 dentro de un periodo total de 30 años.
Según fuentes del Ministerio que dirige José Luis Escrivá, el cambio “se realizaría de manera progresiva” e iría acompañado de una mejora del tratamiento de las lagunas de cotización para las mujeres y también para hombres cuya carrera de cotización se haya visto minorada tras tener un hijo, en línea con el funcionamiento del complemento de brecha de género.
Se trata, señalaron, de una “propuesta inicial” del Gobierno, pendiente ahora de la negociación con patronal y sindicatos, que se retomó con el objetivo de cerrar estas medidas comprometidas con Bruselas antes de final de año.
El Ejecutivo también ha propuesto un tratamiento especial para las lagunas de cotización del colectivo de autónomos.
Junto al periodo de cálculo para la pensión –que ya se extendió de 15 años a 25 años en la reforma de 2011–, el Gobierno propuso a sindicatos y empresarios la posibilidad de vincular la evolución de la base máxima al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC, además de un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050. Eso irá acompañado de un incremento de la pensión máxima, según las mismas fuentes.
El Ministerio incidió en que se trata de planteamientos que suponen “un punto de partida”, abierto a nuevas aportaciones de la mesa de diálogo social, que se reunirá en los próximos días.
Desde CCOO rechazaron la necesidad de una ampliación del periodo de cálculo, un punto que no está en las recomendaciones del Pacto de Toledo (aunque admite que fueron incluidas por el Gobierno en su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia), cuando se acaba “de culminar el desarrollo de la extensión anterior” y sin la “certeza de que cuente con un apoyo suficiente para su tramitación parlamentaria, lo que constituye una condición necesaria para cualquier nuevo debate al respecto”.
No obstante, el sindicato calificó como “positivo” que el Ministerio haya atendido su reivindicación de garantizar la revalorización de las bases máximas y de todas las pensiones. De esta forma, se incorporará a la Ley General de Seguridad Social con carácter normativo que las bases máximas de cotización y todas las pensiones, incluidas mínimas y máximas, se revalorizarán cada año, al menos, con el IPC real promedio de los 12 meses precedentes.
Eso evitará, a juicio de CCOO, que las bases máximas de cotización dependan de la “actuación discrecional” de cada Gobierno en los Presupuestos Generales.
Pese a ello, el sindicato exigió medidas “más intensas” para el incremento de ingresos contributivos. Entre las reclamaciones de CCOO también se encuentra la necesidad de incrementar la intensidad de las medidas relacionadas con la mejora de ingresos. Y, en cuanto a la jubilación parcial, cree que debe revisarse para todos los colectivos profesionales.
Aunque esta mesa se centraba en la segunda parte de la reforma, en la reunión se recordó la necesidad de concretar los desarrollos normativos pendientes de la primera fase, como la cotización de becarios o el registro de parejas de hecho para acceder a la pensión de viudedad.
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