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El Gobierno plantea una fuerte subida de las cotizaciones para pagar las pensiones

PSOE y Unidas Podemos alcanzan un acuerdo que eleva las cargas de empresas y trabajadores, sobre los de salarios altos

El cómputo podrá ser de 25 años, como ahora, o de 29 quitando dos

La reforma destopa las pensiones más altas pero eleva aún más las cotizaciones de las bases máximas

La CEOE critica la “voracidad recaudatoria” del Ejecutivo y CCOO y UGT apoyan la reforma

El anuncio se produce después del aval de la CE, necesario para liberar fondos europeos

Escrivá pacta con Bruselas y con Unidas Podemos la reforma del sistema de pensiones

Claves de la reforma de las pensiones: dos periodos de cómputo, aumento de las cotizaciones y recargo a los sueldos altos

Una mujer pensionista mira un escaparate / Luis Tejido / Efe
Efe

10 de marzo 2023 - 20:32

Madrid/El Gobierno de coalición (PSOE y Unidas Podemos) ha cerrado un acuerdo sobre el último bloque de la reforma de pensiones, que incluye varias medidas para mejorar los ingresos, como una subida general de las cotizaciones y una cuota especial de solidaridad de los sueldos más altos, a la vez que permite mantener el periodo de cómputo actual en 25 años.

La reforma, consensuada con la Comisión Europea –aunque Bruselas no ha dado su apoyo público explícito– se presentó este viernes a los agentes sociales, que reaccionaron de forma opuesta: mientras los sindicatos UGT y CCOO valoraron las medidas, la patronal CEOE las rechazó de plano al suponer un incremento de los costes laborales que, dicen, “pone en peligro” la creación de empleo.

Esta propuesta, que el Gobierno volverá a abordar con los agentes sociales el próximo lunes, se centra en un aumento de los ingresos para garantizar la sostenibilidad de unas pensiones vinculadas a la inflación.

Entre las medidas para mejorar ingresos, el Ministerio de Inclusión detalla que se incluye una cuota de solidaridad para salarios altos –que empezará en el 1% de la parte del salario que excede del tope de cotización en 2025 e irá aumentando hasta llegar al 6% en 2045-.

Asimismo, duplica la cotización adicional vinculada al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), hasta dejarlo en 1,2 puntos porcentuales en 2029 y extenderlo de forma automática hasta 2050. En lo que se refiere al reparto del MEI, un punto lo asumirán las empresas, mientras que las dos décimas restantes recaerán sobre el trabajador, de manera que se mantendría la misma proporción que ahora (en 2023 el incremento es de 0,6 puntos, 0,5 asumidos por la empresa y 0,1 por el empleado).

Asimismo, la reforma contempla una subida de las cotizaciones de las bases máximas, que se hará entre 2024 y 2050 sumándole a la cuantía anual del IPC una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales.

Todas estas medidas suponen mayores costes en cotizaciones para las empresas que. La CEOE “la voracidad recaudatoria del Gobierno” y señala que los trabajadores “verán absorbidos parte de los incrementos en su retribución”. “Se garantiza la sostenibilidad del sistema a través de un reforzamiento de los recursos, evitando cualquier tipo de recorte”, defienden desde el Ministerio que lidera José Luis Escrivá.

Junto a estas medidas del lado de los ingresos, la reforma aborda el periodo de cómputo, los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión inicial, y que tanto Podemos como sindicatos habían rechazado ampliar.

Finalmente se establece un “régimen dual” para los próximos 20 años que permitirá a los pensionistas elegir entre mantener para el periodo de cálculo los últimos 25 años, como en la actualidad, o contar 29 años pudiendo descartar dos de ellos.

Según detallan fuentes del Ministerio de Inclusión, la nueva opción de ampliar y descartar se desplegará progresivamente durante 12 años, a partir de 2026, y a partir de 2044 sólo quedará esta opción de 29 años menos dos.

También se recogen algunas mejoras en la cobertura de periodos sin cotizar, las denominadas lagunas, que afectan especialmente a las mujeres; y una mejora del 10 % adicional del complemento de brecha de género de las pensiones durante 2024 y 2025.

Junto a esto, se fija una subida progresiva de las pensiones máximas –con la cuantía anual del IPC más un incremento adicional de 0,0115 porcentuales acumulativos cada año hasta 2050– y mejoras en las pensiones mínimas y las no contributivas.

La reforma, que se aprobará vía decreto ley, forma parte de los hitos comprometidos para desbloquear un nuevo desembolso de los fondos europeos y se suma al paquete de medidas pactadas en julio de 2021 y que, entre otros cambios, volvió a vincular la revalorización de las pensiones con la inflación. Las medidas deberían de haber estado cerradas a finales de 2022, pero las dificultades de la negociación han dilatado los plazos de una norma que ahora deberá pasar por el Congreso.

Algunos de los grupos políticos que apoyaron la investidura (ERC, Bildu y Compromís) han respaldado el acuerdo, y el PNV supedita su decisión al “análisis de la letra pequeña”. Desde el PP, el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, ha criticado que la reforma introduce “un impuesto más” al trabajo cuando España “es poco” competitiva y tiene las cotizaciones “más altas” de la OCDE.

Una inyección extra en el sistema de al menos 15.000 millones

Las medidas para la segunda parte de la reforma del sistema de pensiones recaudarán entre un 1,2% y un 1,3% del PIB anual, una vez se desplieguen completamente el destope de las bases máximas de cotización, la cuota de solidaridad y el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI). Según fuentes de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno y Unidas Podemos, este incremento de los ingresos del sistema de la Seguridad Social por las nuevas medidas, sumado a los efectos de la primera parte de la reforma, servirá para compensar el aumento del gasto cuando se jubile la generación del baby boom. De acuerdo con las mismas fuentes, tomando como base el PIB actual, la nueva reforma de las pensiones supondría una “inyección de 15.000 millones de euros”. El ala del Ejecutivo liderado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha insistido en que esta reforma, centrada en los ingresos del sistema, consigue una mayor redistribución de la renta.

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