El Gobierno inicia el diálogo sobre la reforma laboral con la norma ya en vigor

Los sindicatos convocaron la huelga general contra la reforma laboral del Gobierno de Zapatero un día antes de que fuera aprobada. El Ejecutivo, que acababa de recortar los sueldos a los funcionarios y congelado las pensiones, la había dado a conocer poco a poco y tanto UGT como CCOO accedieron antes de su visto bueno a su contenido. La reacción fue casi instantánea: paro general, a pesar de que el Gobierno siempre se mostró dispuesto a realizar cambios en la tramitación de la ley, siempre y cuando no fueran sustanciales. Las centrales, ante este ofrecimiento, exigieron una y otra vez la retirada. Y el órdago del 29-S tuvo una respuesta desigual entre la población y no tuvo la fuerza necesaria para provocar modificaciones.

Los sindicatos saben que en aquella ocasión acabaron debilitados. Ahora, con una reforma a la que, si cabe, dedican más descalificativos que a la de Zapatero, se muestran mucho más prudentes. Más allá de los contenidos de la norma, el Gobierno del PP, a diferencia del anterior, ni ha consultado con ellos ni les ha informado previamente, y es ahora cuando se dispone a iniciar un diálogo, con los sindicatos y también con la patronal. Pero, igual que el Ejecutivo del PSOE, espera que la negociación sirva para "mejorar" un texto que es "equilibrado", según expresó la ministra de Trabajo, Fátima Báñez. No habrá, por tanto, giro radical en el Gobierno, y más sabiendo que tiene mayoría absoluta. Por parte de los sindicatos, la postura inicial no es tan extrema como hace dos años. Esperan suavizar al menos los aspectos más polémicos de la norma, como la generalización del despido de 20 días o el año de prueba del nuevo contrato para pymes y autónomos. Y lograr que en los mecanismos de flexibilidad de la empresa para evitar el despido (reducción de jornadas o salarios) tengan mayor poder de negociación los representantes de los trabajadores.

¿Y la huelga? Como ya han dicho Toxo y Méndez, dependerá de esta negociación, de la tramitación de la ley -que, igual que la anterior reforma, entrará en el Congreso como proyecto de ley, lo que da más tiempo para introducir cambios- y, sobre todo, del apoyo social. No quieren estrellarse como el 29-S, y prefieren medir antes con protestas en la calle (el 19 y el 29 de febrero) la respuesta del ciudadano. A ello se le añade otra dificultad, como se ha encargado de resaltar el líder de Comisiones Obreras. Ahora las circunstancias marcan que hay un Gobierno que acaba de salir de las urnas con un amplísimo respaldo y 5,3 millones de parados, una cifra dramática que lleva a pensar a muchos que el país no está para huelgas. En septiembre de 2010, cuando también se extendió este clima de opinión, había 4,5 millones de desempleados. Con clima de huelga o no, los sindicatos sí preparan ya argumentos jurídicos para llevar a los tribunales la reforma.

Por parte de la patronal, hay satisfacción sin llegar al entusiasmo. El presidente de la CEOE, Juan Rosell, valora que se clarifiquen el despido procedente, de 20 días por año trabajado, ya que avanza hacia el objetivo empresarial de que el improcedente (ahora de 33 días por año) quede como una "anomalía". Para la CEOE la fórmula elegida por el Gobierno es "intermedia" y deja espacio a los agentes sociales para negociar.