Fernando Faces
Perspectivas económicas: España 2025
El Gobierno va a elevar "antes de final de año" el umbral de acceso a las medidas de alivio hipotecario para que las familias con rentas de hasta 38.000 euros anuales puedan acogerse a ellas, una decisión que ni el Banco de España ni las propias entidades ven necesaria.
Actualmente, estas medidas están reservadas para los hogares con rentas de hasta 29.400 euros y hasta octubre los bancos habían recibido 55.000 solicitudes de clientes. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha evitado detallar cuántas han sido aprobadas, cuántas rechazadas y cuántas están en estudio.
Según los datos del Banco de España, apenas el 10% de las solicitudes habían sido aprobadas a mitad de año.
De acuerdo con Calviño, se trata de ofrecer a un mayor número de familias con hipotecas variables, unas 100.000 más, la posibilidad de congelar su cuota durante un año, alargar la vida del préstamo hasta 7 años u ofrecer carencias a los hogares con rentas de hasta 25.200 euros.
Además, en 2024 la amortización de hipotecas variables seguirá siendo gratis, al igual que la conversión de préstamos variables a tipo fijo y, como novedad, también a tipo mixto, una fórmula que ha ganado popularidad en los últimos meses.
Tras una reunión mantenida en el Ministerio de Economía con las patronales bancarias y asociaciones de consumidores, la vicepresidenta primera ha insistido en que se trata de crear una red de seguridad, aunque la mejor noticia sería que las familias no necesitaran medidas de alivio.
"Todos estamos de acuerdo en que no percibimos un riesgo, pero al mismo tiempo esos niveles de renta media son los que se están viendo más afectados", ha añadido.
Para las patronales bancarias allanar el acceso a las medidas hipotecarias no tendrá un impacto significativo en el sector, que dice estar "perfectamente preparado", pero reclama que ya no haya "nuevas modificaciones".
Por otro lado, el encuentro ha servido para analizar la mejora de la atención de la banca a los clientes mayores y discapacitados, el Gobierno ha decidido promover "antes de final de año" un cambio legal para prohibir que los bancos puedan cobrar comisiones por la retirada de efectivo en ventanilla.
Aunque Calviño ha reconocido que la mayoría de entidades ya no cobra a los mayores por la retirada de efectivo en ventanilla, desde el Ejecutivo creen que conviene tener una protección legal para garantizar que ninguna entidad cobre a ningún mayor o discapacitado.
Sobre los depósitos, la vicepresidenta ha vuelto a trasladar a la banca la necesidad de mejorar la remuneración de este tipo de productos, aunque ha reconocido que en los últimos meses ha mejorado.
Aun así, desde la asociación Asufin han lamentado la "excepción ibérica" de que las entidades no paguen igual que en el resto de Europa por los depósitos.
En la reunión también se ha hablado de la inclusión rural y el hecho de que la banca haya desplegado fórmulas para que cerca de 200 municipios de más de 500 habitantes, lo que supone unos 200.000 habitantes, tengan servicios financieros físicos.
Y, por último, la vicepresidenta ha informado del relanzamiento del proyecto de ley de Creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que confía en que tenga una tramitación "muy rápida" para que pueda estar funcionando en 2024.
Respecto a la posible revisión del impuesto extraordinario a la banca, Calviño ha restado importancia al asunto al asegurar que era algo ya contemplado en el acuerdo de gobierno y en la propia ley.
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